Aplazado el juicio contra ANV y PCTV al perder seis acusados la "confianza" en su abogada

Actualizado 28/01/2015 15:09:34 CET

El tribunal da tres días a las partes para que pidan si el juicio debe aplazarse de nuevo o celebrarse contra los 29 acusados restantes

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha aplazado el comienzo del juicio contra 35 miembros de Batasuna, Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV/EHAK) después de que seis acusados hayan alegado "pérdida de confianza" para renunciar a su abogada, Haizea Ziluaga, detenida el pasado 12 de enero en la operación contra el frente de cárceles de ETA.

En una providencia dictada este miércoles, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal suspende las sesiones previstas para los días 29 y 30 de enero y 5 y 6 de febrero. tras constatar la renuncia de su abogada que han presentado los acusados Nuria Alzugaray, Egoitz Apaolaza, Aitor Aranzabal, Íñigo Balda, Asier Imaz y Eusebio Lasa.

El tribunal, que también ha recibido comunicación de Ziluaga para dejar de representar a sus clientes, da tres días a la Fiscalía y al resto de partes personadas en el procedimiento para que soliciten el aplazamiento del juicio o que se celebre para el resto de imputados.

NUEVA FECHA

La vista oral, que iba a comenzar este jueves, ya fue aplazado a consecuencia de la detención de las abogadas de 19 de los acusados, en el marco de la operación 'Mate' contra el colectivo de abogados de la organización terrorista.

La Sección Cuarta fijó una nueva fecha para el inicio tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de imputar a las letradas Amaia Izko, Eukene Jauregi y Haizea Ziluaga por delitos de pertenencia o colaboración con organización terrorista, blanqueo de capitales y defraudación del IVA.

La Fiscalía acusa a los 35 procesados de un delito de integración en organización terrorista. El fiscal Vicente González Mota sostiene que se encargaron de contribuir a la estrategia de ETA para lograr que ésta pudiera mantenerse en las instituciones, tras la ilegalización de Batasuna, a través de los diferentes procesos electorales celebrados entre 2005 y 2009.

Entre los acusados que se sentarán en el banquillo se encuentran los exdirigentes de Batasuna Pernando Barrena, Marije Fullaondo y Juan José Petrikorena; la exalcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa) Inocencia Galparsoro; las exdiputadas Nekane Erauskin y Karmele Berasategui; y el presidente de PCTV/EHAK, Juan Carlos Ramos.

En junio de 2014 la Sección Segunda de la Sala de lo Penal retiró del procedimiento a Unai Fano, Ibon Arbulu, Imanol Iparraguirre, José Manuel Jurado, Ana Lizarralde y Teresa Díaz de Heredia, al haber sido juzgados por terrorismo en otros procedimientos, entre ellos, los de EKIN y Uldabiltza Kursaal.

BATASUNA "COMPRÓ" ANV

El escrito del fiscal detalla que, "con el fin de eludir la acción de la Justicia, se pretendió participar ilegalmente en las elecciones mediante candidaturas que actuaran como meros testaferros de Herri Batasuna", tras haber sido anuladas en 2004 y 2005, respectivamente, las candidaturas de Herritarren Zerrenda y Aukera Guztiak.

En cuanto a la "colaboración" entre Batasuna y ANV, el escrito explica que "se compró con la reunión del 24 de enero de 2003 en Barakaldo (Bizkaia)", en un momento en el que Batasuna ya había sido suspendida de actividades, entre Permach e Ibon Arbulu, Antxon Gómez Llorente y Txano Guerrero en representación de ANV.

La citada "colaboración", según el escrito fiscal, se centró en la participación en todas las iniciativas puestas en marcha desde la denominada izquierda abertzale por Batasuna, lo que contempló la firma de manifiestos conjuntos, críticas de resoluciones judicicales que afectasen a Batasuna, homenajes a miembros de ETA o apoyo a manifestaciones y movilizaciones convocadas por colectivos de presos de ETA.

Los miembros de ANV también participaron, según el escrito, en actos orgánicos de Batasuna, pidieron el voto a favor de agrupaciones electorales promovidas desde el partido ilegalizado e implantaron un sistema de tesorería común o caja única entre ANV-PCTV-Batasuna.

Además, destaca que existió una "sumisión" de ANV en su actuación política a "las directrices" marcadas por Batasuna. Según señala, sobre estos parámetros, se desarrolló una estrategia en función de "tres formas de lucha", la política-institucional, la lucha de masas, y la lucha armada.

En el ámbito de la primera, según la Fiscalía, y además de las mociones sucesivamente presentadas por PCTV en el Parlamento Vasco, el peso fundamental recayó en los grupos municipales de ANV y, especialmente, en las localidades en las que controlaban el Ayuntamiento, a través de la convocatoria de consultas ciudadanas y de la constitución de una "red de electos contra el tren de alta velocidad".

PCTV, "FAGOCITADO" POR BATASUNA

Respecto a PCTV, el escrito recuerda que esta formación se creó como escisión de Batasuna en 2002 y que, pese a que en el artículo 2 de sus Estatutos se afirma que su actividad se realizará "por los medios políticos lícitos", lo cierto "es que esta formación ha sido fagocitada por Batasuna", lo que permitió la continuidad de las actividades ilícitas de ésta a partir de 2005.

Esta situación se produjo incluso a nivel de contratación de personal proveniente del entorno institucional de ETA como a través del uso de fondos que fue desviado a dicho entramado a través de transferencias efectuadas "on line" mediante el sistema de caja común, insiste el Ministerio Público en su escrito.

Los fondos de las cuentas de PCTV cuyo origen son las aportaciones de afiliados y simpatizantes de la izquierda abertzale (entre ellas resaltan las efectuadas por siete miembros del Parlamento Vasco del grupo PCTV) y las subvenciones públicas a la citada formación por importe entre los años 2002 y 2006 de 1.613.245,59 euros.

Las cuentas se utilizaron, según la Fiscalía, para sacar los fondos fuera de España y del control de las autoridades supervisoras, siendo especialmente relevantes las transferencias por importe de 189.00 euros efectuadas tras ordenar el juez instructor del caso, Baltasar Garzón, el registro del local del entramado en Usurbil (Gipuzkoa).

El ministerio apunta que también constan en diciembre de 2007 traspasos a miembros de Batasuna en Francia y Bélgica por importe de 208.000 euros y las realizadas a miembros de Batasuna y de Jarrai-Haika (juventudes de Batasuna), que se elevaron a 440.000 euros en esas mismas fechas.

Además, indica que, con la finalidad de efectuar los pagos, PCTV contrató como empleados y dio de alta en la Seguridad Social a miembros vinculados a Batasuna o a organizaciones ilegalizadas por su relación con este partido.