Subraya que el alcalde no tiene "obligación" de hacerlo, pero recuerda que manifestó su disposición a colaborar
VITORIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha manifestado que el alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto, todavía no le ha contestado a la información que le ha solicitado a raíz de la investigación abierta tras la denuncia formulada por SOS racismo y el Colectivo Ongi Etorri contra las declaraciones del primer edil en las que relacionaba el fraude en las ayudas sociales con la inmigración.
Calparsoro ha realizado estas declaraciones en el Parlamento vasco, donde ha hecho referencia a las diligencias de investigación abiertas por el Ministerio Público a raíz de la denuncia formulada por SOS Racismo y el colectivo Ongi Etorri contra las afirmaciones de Maroto, en las que aseguraba el pasado julio que algunos inmigrantes, como argelinos y marroquíes, "viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar", además de poner de manifiesto que se había fraude en la RGI.
La Fiscalía del País Vasco remitió el pasado mes de septiembre al alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), la denuncia que SOS Racismo presentó a raíz de sus declaraciones sobre los inmigrantes y las ayudas sociales, y le solicitó que le remitiera un "informe sobre las alegaciones que entienda procedentes sobre los términos de la denuncia", puesto que, en este tipo de asuntos, "en la medida en que obedecen a unas declaraciones", es preciso "dar la opción al denunciado de dar su versión para intentar explicarse".
COLABORACIÓN
Según ha explicado este lunes, el alcalde todavía no le ha contestado a la información solicitada, y ha recordado que no tiene "obligación" a hacerlo y no se ha fijado un plazo determinado para responder a su requerimiento de información. "No me ha comunicado que no vaya a hacerlo. Es más, creo que manifestó públicamente que iba a colaborar", ha explicado.
En este sentido, ha explicado que Maroto podría haber cometido un delito reflejado en el artículo 510, número dos del Código Penal de delitos donde se incluyen los cometidos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y en el que se habla de "difusiones de informaciones falsas o que no corresponden a la realidad, dirigidas a generar una situación de discriminación a unos colectivos por su origen nacional".
