BILBAO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de la social número 2 de Bilbao ha dado la razón a la viuda de un histórico dirigente sindical de CCOO en Altos Hornos de Vizcaya (AHV) y ha condenado a la empresa a pagar una indemnización de 123.000 euros a la viuda e hijos "por ausencia de medidas de seguridad en las instalaciones", segun ha informado el sindicato en un comunicado.
El sindicato ha señalado que las condiciones de trabajo provocaron a Javier de Castro una enfermedad profesional pleural (mesotelioma) y murió en octubre de 2007.
CC.OO. ha denunciado, que, pese a ser conocido y legislado el riesgo de enfermedad profesional, AHV "no informó a los trabajadores del riesgo, ni realizó mediciones ambientales, ni adoptó medidas de prevención o planes de vigilancia sanitaria".
El sindicato ha señalado que este pasado verano la empresa ya había sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a un recargo de prestaciones del 30 por ciento sobre todas las prestaciones derivadas de la misma por esta misma causa.
La sentencia, que todavía es recurrible, desestima la alegación de la empresa de la excepción de prescripción y caducidad de la acción. Asimismo, según ha explicado CC.OO., califica de "error empresarial" la creencia de que las medidas preventivas "sólo debían imponerse a los obreros que manipulaban directamente el amianto y no al conjunto de trabajadores que respiraban el aire contaminado con fibras de amianto".
El sindicato ha manifestado que el fallo establece claramente que en este caso concurren los tres elementos básicos para que concurra la responsabilidad empresarial como son "daño evidente (fallecimiento), incumplimiento en materia de salud laboral y relación de causalidad entre ambos".
A juicio de la Federación de Industria de CCOO de Euskadi, esta y otras sentencias sobre indemnizaciones y recargo de prestaciones demuestran que "la prevención es necesaria" tanto para los trabajadores como para las empresas, incluido en estos tiempos de crisis.
El sindicato ha alertado de que "el desprecio u olvido" por las empresas de la "obligatoria" prevención del riesgo de enfermedad profesional llevará a las compañías "a pagar costes en indemnización por los daños generados, muy superiores al coste de las medidas preventivas".
