La Diputación de Bizkaia se personará en el juicio contra el funcionario de Hacienda acusado de vender datos

Elena Unzueta, portavoz de la Diputación de Bizkaia
EUROPA PRESS
Publicado 21/02/2017 12:49:04CET

BILBAO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Bizkaia se personará como acusación particular en el 'caso Pituisa', que sigue la Audiencia de Barcelona contra once personas, entre ellas, un funcionario del Departamento de Hacienda por vender datos de contribuyentes a una trama dedicada a la obtención, intermediación, comercialización y distribución a gran escala de datos reservados de carácter personal, laboral y tributario de personas físicas y jurídicas.

Según ha anunciado la portavoz foral, Elena Unzueta, tras el análisis del caso por parte de los servicios jurídicos de la Diputación de Bizkaia, la personación en el juicio como acusación particular ha sido aprobada este martes por el Consejo de Gobierno foral por "si los intereses legítimos de la Diputación pudieran haber sido vulnerados".

La institución vizcaína se puso en contacto con la Audiencia de Barcelona cuando conoció este caso para solicitar información. La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona ha pedido 61 años de prisión para este funcionario vizcaíno, que está acusado de once delitos de revelación de secretos y contra la intimidad y un delito continuado de cohecho.

Una vez constatada la apertura de juicio oral, la Diputación de Bizkaia anunció el pasado día 7 que se abría expediente disciplinario a este funcionario, que fue suspendido en sus funciones provisionalmente.

ONCE ACUSADOS

En el proceso que sigue la Audiencia de Barcelona, en el que están acusadas once personas, se investiga una red de funcionarios de Hacienda y agentes de la Guardia Civil que supuestamente se dedicaba a la venta de datos de carácter personal, laboral y tributario de cientos de personas físicas y jurídicas.

Entre los imputados, se encuentran, además del funcionario de la Hacienda vizcaína, un detective bilbaíno, para el que se solicitan 35 años de cárcel, y un guardia civil destinado en Álava, al que le reclaman 20 años de prisión.

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