Fiscal Superior vasco dice que no hay en Euskadi controladores instigadores de la huelga, aunque podría haber partícipes

 

Fiscal Superior vasco dice que no hay en Euskadi controladores instigadores de la huelga, aunque podría haber partícipes

Actualizado 10/12/2010 11:10:11 CET

Los que sólo participaron en el paro podrían enfrentarse a tres años de cárcel si se aplica la Ley Penal de Navegación Aérea

BILBAO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma Vasca, Juan Calparsoro, ha afirmado que no hay en Euskadi controladores instigadores de la huelga, aunque podría haber partícipes. En este sentido, ha especificado que los que sólo participaron en el paro podrían enfrentarse a tres años de cárcel si se aplica la Ley Penal de Navegación Aérea, frente a los que la lideraron, que podrían ser condenados con hasta ocho años de prisión.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Calparsoro ha manifestado que este jueves en la Junta de Fiscales de Zaragoza, presidida por el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, se debatió la actuación que cada Fiscalía había adoptado sobre esta cuestión y se explicó la situación vivida en los aeropuertos, sobre todo en el de Madrid.

En este sentido, la instrucción fue que cada Fiscalía continuara con las diligencias abiertas. En concreto, en Euskadi, en cada una de las tres Fiscalía vascas, de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, se han incoado actuaciones.

Además, se impulsará y agotará la investigación para determinar si algunos de los controladores de los aeropuertos pudieron participar o liderar "este abandono colectivo" con el cierre el espacio aéreo que conllevó. Por ello, se tomará declaración en las Fiscalías y se impulsarán procedimientos judiciales.

Incluso se podría llegar a pedir cárcel para los que lideraron la huelga. "Si se aplica la Ley Penal de Navegación Aérea, que es la que se está aplicando de momento; se está calificando por esta Ley; las penas serían de cárcel. Si se aplica el Código Penal común tendría otras penas", ha señalado.

Tras reconocer que la Ley de 1964 tiene prevista para estos hechos de entre tres a ocho años de prisión, ha dicho que, en principio, en la Comunidad Autónoma Vasca, no parece que haya ningún dirigente que promoviera la huelga.

"Parece que lo que hemos visto es que el plante o el abandono no fue algo espontáneo, fue algo coordinado y los responsables, los líderes del sindicato de controladores están en los lugares donde tienen los puestos de más volumen, que son, sobre todo Madrid, Barcelona, Valencia o las Islas", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que los controladores de Euskadi, "si es que alguno o algunos, no se sabe todavía, han podido participar en el presunto delito, tendrían la consideración de mero partícipe, no de instigador".

INSTIGADORES

Según ha asegurado, se puede saber quiénes han sido los instigadores "de varias maneras: una es que lo declaren los otros controladores o que se averigüe a través de conocimiento de documentos, o incluso, si fuera el caso, de conversaciones telefónicas, registros de llamadas, comunicaciones, etc".

En cuanto a los que abandonaron su puesto de trabajo, sin que participaran en el movimiento que ha instigado la huelga, siendo sólo partícipe, ha dicho que, si se aplica la Ley Penal de Navegación Aérea, las penas pueden llegar hasta tres años de prisión.

No obstante, ha precisado que, si se aplica el Código Penal, serían penas de multa, y ha puntualizado que, si se recurriera el Código de Justicia Militar, "que es la otra posibilidad, dado que están, en este momento, militarizados por el Decreto de Alarma, tendrían unas penas similar a las de la Ley de Navegación Aérea del 64".

"CIVILES MILITARIZADOS"

Juan Calpasoro ha especificado que la Justicia está investigando a "unos civiles que están militarizados". "En este momento, según el decreto del Estado de Alarma, que dictó el Consejo de Ministros el día 4, los controladores de los 47 aeropuertos de España, tiene la condición de militares a los efectos de la Ley Penal y Disciplinaria Militar. En este momento, tienen esta consideración", ha apuntado.

El máximo representante del Ministerio Fiscal en Euskadi ha señalado que "algunos autores han valorado" que esto puede ser "discutible", pero eso "no quita que se esté investigando por las Fiscalías de los diferentes territorios ante la posibilidad de que se les enjuicie por los tribunales comunes".

"Lo que está recogido en el Decreto de Alarma tiene una condición de militares, mientras dure el Estado de Alarma, que también cabría la posibilidad de que fueran juzgados por los tribunales militares", ha manifestado.

"PENAS SEVERAS"

Juan Calparsoro ha destacado que se pueden "aplicar penas tan severas" a los controladores porque "este hecho está tipificado en la ley Penal de Navegación Aérea como delito de sedición, que es un delito contra el Orden Público".

"Y se entiende que el tráfico aéreo es un servicio esencial de la comunidad. El abandono del servicio con interrupción de la navegación aérea, de manera colectiva y concertada, se valora, en esta Ley de 1964, que está en vigor porque no ha sido derogada, que es una sedición", ha añadido.

En cuanto al Código Penal de 1995, que también se podría aplicar, no está recogido como delito de sedición, sino que se tipificaría como un delito contra la Administración Pública. Se trataría de los empleados públicos que abandonan el servicio.

ACTUACIÓN DEL GOBIERNO

A su juicio, el Gobierno se ha encontrado con una situación en la que se cierra el espacio aéreo español, se anulan los vuelos, en el caso de Bilbao y San Sebastián todos, "y reacciona". "Llama al Fiscal General. Utiliza la vía excepcional, pero prevista en nuestro Estatuto Orgánico de que comparezca el Fiscal general en el Consejo de Ministros, y aprueba y dicta el Estado de Alarma", ha recordado.

En esta línea, apunta que, a raíz de ello, los controladores se incorporan a sus puestos, "y a partir de ese momento, ninguno abandona ese servicio". "Es verdad que la reacción ha sido eficaz, la Fiscalía de Madrid ya el mismo viernes, antes de que el Consejo de Ministros se reuniera, ya inició diligencias y empezó a investigar. Y yo creo que la reacción del Gobierno ha sido eficaz en este aspecto. Otra cosa son los antecedentes, cómo se ha llegado a esto. Eso ya se podrá valorar, pero la reacción ha sido rápida", ha concluido.

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