BILBAO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía vasca analiza una denuncia anónima presentada contra el parlamentario del PSE-EE Txarli Prieto, en la que el denunciante "sospecha" que la empresa Escoiba, de la que uno de los propietarios era el dirigente socialista, no había realizado unas obras por las que cobró y cuyos fondos provenían del Ministerio de Interior para la seguridad de las sedes, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
La denuncia llegó hace días a la sede del ministerio público en Vitoria y el Fiscal jefe, Josu Izagirre, la remitió a la Fiscalía Superior del País Vasco al ser Prieto parlamentario y, por lo tanto, aforado.
Las fuentes consultadas han afirmado que el relato que se hace en la denuncia se basa en "sospechas" y no aporta datos "concretos" sobre la supuesta comisión de delitos.
El escrito del denunciante anónimo señala que el PSE alavés habría adjudicado más de 70.000 euros para obras que mejoraran la seguridad en las sedes de los socialistas de Ribabellosa, Amurrio, Labastida, Llodio y Agurain, entre los años 2010 y 2011. Entre las empresas a las que se adjudicaron esta obras se encuentra la empresa Escoiba, aunque no es la única.
La denuncia aporta fotocopias de talones de banco con los que se habría abonado a estas empresas las cantidades provenientes de fondos publicos. Para el denunciante anónimo, esto podría "enmascarar sobrecostes" e incluso el cobro de obras no realizadas.
El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, analiza ahora el contenido del escrito, aunque no ha abierto, por el momento, diligencias de investigación.
