MADRID, 8 May. (OTR/PRESS) -
El Gobierno aprobó durante su Consejo del Ministros la autorización a la Abogacía General del Estado para que actúe contra todas aquellas candidaturas presentadas a las elecciones europeas del próximo 7 de junio que, en base a la Ley de Partidos, "se prueben ilegales". Por el momento, ya son cuatro las candidaturas que están siendo investigadas por el Ministerio de Interior y el de Justicia, entre las que se encuentra Iniciativa Internacionalista, encabezada por Alfonso Sastre. Según ha explicado el Gobierno, la decisión se ha adoptado como precaución, ya que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han encontrado aún pruebas de vinculación con ETA en las cuatro candidaturas que están investigando.
El Consejo de Ministros dio hoy luz verde a que la Abogacía del Estado actúe contra las candidaturas que consideren ilegales. La medida, que fue anunciada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros, busca, principalmente, impedir que puedan concurrir a las elecciones europeas del próximo 7 de junio, candidaturas que "estén fuera de lo establecido en la Ley de Partidos Políticos". Según explicó, "en nuestra democracia no hay lugar para quienes pretenden llevar sus proyectos al margen de la legalidad o servirse de ellos de manera ilegítima". "Dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada, esa es la garantía que ofrece a todos los ciudadanos el Estado de Derecho y a la que sirve, por supuesto, el Gobierno de España", aseguró.
Es por ello, dijo, que el Gobierno ha acordado "ejercitar a través de la Abogacía del Estado las acciones necesarias para instar, de acuerdo a las sentencias judiciales, la declaración de ilegalidad de partidos políticos, coaliciones y candidaturas que pretendan continuar las actividades de las siguientes formaciones políticas ilegales: Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, el PCTV y ANV".
INVESTIGACIÓN EN CURSO
Asimismo, la vicepresidenta explicó que hasta el momento, Interior y Justicia ya están investigando cuatro posibles candidaturas ilegales, de las 37 que se han presentado y que se publicaron ayer. No obstante, por el momento no tienen pruebas que vincularan a ninguna de estas candidaturas con organizaciones ilegalizadas. En este sentido, el Gobierno ha puntualizado que las medidas que se están adoptando no persiguen otra cosa que tomar precauciones, ya que aún hay margen para poder presentar un recurso en caso de que se contara con suficientes pruebas, hasta la semana próxima.
Entre las candidaturas que se están estudiando, destaca Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos, en la que los investigadores están haciendo especial hincapié. Las sospechas que pesan sobre esa lista se deben, entre otras cosas, a que está encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre Salvador, premio de Honor de los Max concedido por la Sociedad General de Autores de España, y que ya concurrió en una ocasión en una lista ilegalizada de ANV en las elecciones al Parlamento vasco.
Es más, Sastre y su esposa, la ya fallecida Genoveva Forest, fueron detenidos en relación con el atentado de la calle del Correo de Madrid que causó doce víctimas mortales. Él, finalmente, fue puesto el libertad. Pero ella tuvo que cumplir dos años y medio de prisión por complicidad en este atentado. Cuando salió de la cárcel, en 1977, Forest aseguró no saber quién había puesto la bomba en la calle del Correo, pero sí reconoció comulgar con la banda terrorista afirmando que "si hoy viniera un miembro de ETA a mi casa, le escondería: lo hice, lo hago y lo haré".
En cuanto al resto de los integrantes de la lista, destacan, entre otros, Doris María Benegas Haddad, hermana del diputado del PSOE, Txiqui Benegas y Josep Corella Escario, del Comité Nacional de la Chunta Aragonesista. Según las investigaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no se han encontrado pruebas que vinculen la lista con ETA. Se trata de listas compuestas, principalmente, por personas vinculadas a la izquierda radical o marxista.
En cualquier caso, para proceder a un proceso de ilegalización de una candidatura, han de cumplirse dos requisitos: que buena parte de los miembros de estas listas estuvieran vinculados con organizaciones ilegalizadas y que la organización terroristas o las siglas ya ilegalizadas hubieran promovido la candidatura.
