Gobierno local de Barakaldo impulsa una ordenanza para regular el acceso a las viviendas municipales de alquiler social

Actualizado 28/01/2015 16:40:54 CET

Con la nueva normativa, se modernizaría la gestión pasando de un régimen de cesión de uso a un alquiler de protección pública

BARAKALDO (BIZKAIA), 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local del PSE de Barakaldo (Bizkaia) ha impulsado una ordenanza para regular el acceso a las viviendas municipales de alquiler social, con el objetivo de proteger a las personas "más vulnerables en situación de exclusión residencial", según ha informado el alcalde, Alfonso García.

El texto ha sido entregado este miércoles a los grupos políticos para que hagan sus aportaciones en la Comisión Informativa convocada para este viernes y poder llevar este asunto a Pleno pasados los plazos y trámites administrativos.

Según ha explicado el alcalde, la ordenanza "viene justificada por el nuevo marco normativo que se ha ido configurando a lo largo de los últimos años, además de las necesidades sociales que registra la ciudad".

Así, se pretende pasar de un régimen de cesión de uso en precario, en donde algunas personas no pagan renta al Ayuntamiento, a la figura de alquiler de protección pública, que facilitará un compromiso de corresponsabilidad por parte de arrendador (Ayuntamiento) y el vecino arrendatario.

La elaboración del contenido de esta ordenanza se basa en la actual normativa del Servicio Vasco de Vivienda, de aplicación en el ámbito autonómico, así como en la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que incluye medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas.

NOVEDADES

La ordenanza que propone el Gobierno municipal registra tres cambios significativos con respecto al régimen de cesión de uso que se aplica en la actualidad: la renta a abonar, la duración del arrendamiento y los requisitos exigidos para beneficiarse de un alquiler social en una vivienda municipal.

La renta máxima a abonar se determinaría en función de los ingresos netos de la unidad convivencial, así como del precio máximo de venta de la vivienda, que sería el que fije el Gobierno vasco para las viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas sociales de promoción pública edificadas en plena propiedad.

Estos porcentajes tendrían una limitación de un 30% de los ingresos cuando estos no superen los 15.000 euros anuales. Las rentas se irían adecuando a las variaciones que se realicen, a lo largo de los años que dure el contrato, en los ingresos del arrendatario.

La duración del arrendamiento sería libremente pactada por las partes, de conformidad con la Ley de Arrendamientos Urbanos con un plazo mínimo de 3 años. De la misma manera, la prórroga del contrato sería de un año, si no se notifica antes del vencimiento la voluntad de no renovarlo.

En cuanto a los requisitos exigidos a los arrendatarios, estos se han redactado teniendo en cuenta la normativa vigente que mantiene el Ayuntamiento. Por lo tanto, serían beneficiarias del alquiler de protección pública aquellas personas que dispongan de unos ingresos inferiores o iguales a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Asimismo, a la hora de asignar una vivienda, se tendrían en cuenta factores que respondan a la realidad familiar, económica y social del solicitante, pero siempre primando la necesidad objetiva de vivienda.

La transición de un sistema a otro, de la cesión de uso en precario al alquiler de protección pública, se realizaría posibilitando a los actuales precaristas la formalización de un contrato de arrendamiento, siempre que reúnan los requisitos recogidos. Los solicitantes que ya se encuentren en listas deberían, de la misma manera, renovar su demanda por una de alquiler de protección pública.

TRANSPARENCIA

Con estos cambios en la regulación de las viviendas municipales de alquiler social se pretende generar "una mayor adecuación a las necesidades cambiantes de las personas que se encuentran en una situación de exclusión residencial y dar respuesta a las situaciones de necesidad de familias baracaldesas, como es el tema vivienda sin ser una competencia municipal", ha explicado el alcalde.

La ordenanza posibilitaría, además, "una mayor transparencia en la adjudicación de las viviendas, así como una actualización constante en el número de solicitudes".

En la actualidad, el Ayuntamiento dispone de 123 viviendas y los inquilinos son personas o familias con escasos recursos económicos en precario o con una renta reducida. La mayoría de estos pisos son gestionados directamente por el departamento de Acción Social, aunque también existen otros dependientes del área de Patrimonio. Por otro lado, la sociedad urbanística municipal Eretza dispone de una veintena de viviendas en alquiler.