VITORIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado designará "en los próximos días" el fiscal especial que se encargará de coordinar las investigaciones del ministerio público sobre el robo de niños durante el franquismo y los primeros años de la democracia, según ha anunciado este viernes la consejera de Justicia del Gobierno vasco, Idoia Mendia.
Mendia ha informado sobre esta medida durante el pleno de control que celebra el Parlamento vasco, en respuesta a una pregunta de EA sobre el caso de los 'niños robados', por el que la Asociación de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) ha remitido cerca de 260 denuncias a diversas fiscalías provinciales del Estado español.
La consejera de Justicia del Gobierno vasco ha explicado que el fiscal que se encargará de este asunto de forma específica se reunirá con las plataformas de personas afectadas. La designación de esta persona, según ha explicado, será aprobada por la Fiscalía General del Estado "en los próximos días".
Respecto a la situación en Euskadi, ha informado de que en Gipuzkoa existen dos denuncias, una en Irun y otra en San Sebastián, sobre las que ya se han iniciado diligencias. En Bizkaia se han registrado otras cuatro denuncias, mientras que en Álava se ha presentado una y también se han incoado diligencias de investigación.
Mendia ha recordado que su departamento ya se ha reunido con una representación de Anadir, a la que ha ofrecido su colaboración. Para ello, se ha ofrecido a los afectados la posibilidad de recurrir a los psicólogos del Servicio de Asistencia a la Víctima del Gobierno autonómico.
Además, ha señalado que en los registros civiles de Euskadi siguen existiendo unos documentos denominados 'legajos de aborto', en los que se inscriben a todos aquellos nacidos que no han sobrevivido a las primeras 24 horas que marca el Código Civil y que, por tanto, no puede ser considerado 'natos'. Entre estos documentos, que ha confiado en que contribuyan a las investigaciones, se incluyen legajos "que se remontan a tiempos lejanos".
Respecto a la posibilidad de recurrir a pruebas de AND en las investigaciones, ha indicado que "de poder realizar las pruebas a instancias del Ministerio fiscal o del juez instructor", se harían por la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Instituto Vasco de Medicina Legal, o desde este último junto al Instituto Nacional de Toxicología. Según ha explicado, la decisión depende del Ministerio Fiscal.
El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha destacado que se trata de un tema "grave" que deberá afrontarse "con todas las medidas necesarias".
