Gobierno vasco dotará a los juzgados para afrontar las demandas por cláusulas suelo

Jornada de JpD
EUROPA PRESS
Actualizado 23/03/2017 18:32:40 CET

Jueces para la Democracia celebra en Bilbao su III Congreso Anual de Derecho Privado, centrado en la mediación hipotecaria

BILBAO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco facilitará que los juzgados vascos estén dotados "de forma suficiente y digna" para que puedan afrontar el incremento de la ligitiosidad en materia civil que se derive de los procesos de reclamación de las devoluciones de las cláusulas suelo, según ha asegurado la viceconsejera de Justicia, Miren Gallastegui.

Gallastegi ha participado este jueves, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, y el portavoz de JpD en Euskadi, Edmundo Rodríguez, en la inauguración del III Congreso Anual de Derecho Privado que organiza la asociación judicial Jueces para la Democracia, este jueves y viernes en Bilbao, y que este año estará centrado en la Mediación Hipotecaria.

En su intervención, Gallastegi se ha referido al plan de refuerzo impulsado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para dotar de medios materiales y humanos a los juzgados, ante la previsible carga de trabajo derivada de los procesos de consumidores en demanda de sus derechos.

La viceconsejera ha asegurado que el Departamento de Trabajo y Justicia "va a facilitar los medios precisos para que los juzgados provinciales de refuerzo en el orden jurisdiccional civil que afrontan los casos de condiciones generales de contratación que puedan formularse, en particular en cláusulas suelo, estén dotados de forma suficiente y digna".

Según ha indicado, "la idea es que exista un juzgado de esta clase por cada territorio historio, sin perjuicio de que si el volumen de demandas que se presentan lo exige puedan adoptarse medidas complementarias de refuerzo".

Por otro lado, Gallastegi se ha mostrado partidaria de "analizar la situación de las familias y de los consumidores", así como las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Justicia "que consagra la prevalencia del principio de legalidad y de primacía del derecho comunitario y establece la retroactividad en la devolución de las cláusulas suelo".

Asimismo, ha considero "oportuno" afrontar un estudio de medidas que "sirvan a la ciudadanía y a los profesionales del derecho en materia de derecho". En ese sentido, ha asegurado que de estas jornadas "saldrán conclusiones muy interesantes para la mejora y ampliación del catálogo de derechos de la ciudadanía" y para "el alivio de la congestión de nuestra administración de Justicia".

Según ha señalado, la jurisdicción civil "está padeciendo una alta ligitiosidad en temas relativos a la protección al consumidos, y en particular, relacionadas con las entidades bancarias, pero también con entidades aseguradoras y financieras".

Gallastegi ha afirmado que "el drama de mayor magnitud es el de los desahucios por impago de hipotecas y la impotencias que genera la inexistencia de un sistema de dación en pago y de alternativas habitacionales".

En ese sentido, ha destacado que el servicio público y gratuito de mediación hipotecaria del Gobierno vasco, que media ante entidades financieras en casos de impago de vivienda habitual, "con el objetivo de garantizar las mejores condiciones posibles" para la liquidación de la deuda contraída por los afectados", ha funcionado hasta la fecha "con éxito en cientos de casos, pero su labor no alcanza a todos". Según ha indicado, ha gestionado 338 procedimientos y el porcentaje de acuerdo es del 74,6%, "bastante alto, aunque no suficiente".

Gallastegi ha asegurado que el Gobierno vasco va a seguir manteniendo el servicio de mediación hipotecaria actual, "avanzando su posible extensión a la negociación de las condiciones generales de contratación". "Los servicios de mediación intrajudicial se han consolidado en Euskadi y la apuesta del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco por la mediación es nítida", ha dicho.

JURISPRUDENCIA EUROPEA

Por su parte, Juan Luis Ibarra, ha destacado la labor desarrollada por la judicatura española en la contribución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE a la eficiente tutela de los derechos de los consumidores". "Tenemos que sentirnos orgullosos de la labor desarrollada por la judicatura española, y, muy especialmente, con el buen hacer de los magistrados que dedujeron las cuestiones previas que dieron lugar a las sentencias que van a ser objeto de estudio detallado en estas jornadas", ha añadido.

Asimismo, ha considerado que "aun antes en el tiempo debemos sentirnos orgullosos de quienes, a partir del año 2012, al producirse el estallido de la burbuja especulativa financiera y de mercado encontraron las formas de tutelar los derechos de los cientos de miles de personas que se vieron sujetas a procedimientos de desahucio de la vivienda familiar, al no poder abordar el sobre endeudamiento derivado de la súbita perdida de empleos".

Ibarra ha señalado que, en España, "el derecho comunitario de protección de los consumidores en sus relaciones contractuales con la banca se ha consolidado como un derecho vivo y un derecho más alto que nuestra obsoleta legislación hipotecaria". "Se ha hecho un derecho vivo mediante la realización del derecho en los procesos judiciales, en esos pleitos como los que han pasado a la historia de la justicia europea", ha indicado.

El presidente del TSJPV ha añadido que, en estos procesos, los jueces, "mediante el empleo de una argumentación jurídica de calidad", han hecho "prevalecer la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico europeo y de nuestro propio ordenamiento judicial sobre determinadas áreas de un derecho interno, que de tal no tenía sino su carcasa normativa formal, toda vez que su contenido propositivo hacía ya muchos años que había sido desplazado por el derecho prevalente de protección de los consumidores emanado de la UE".

Ibarra ha señalado que "estas practicas de excelencia" avalan la reclamación de que "la noción de eficiencia judicial que se emplea en la UE para medir la contribución de los sistemas de justicia al desarrollo económico se construya desde parámetros que permitan, precisamente, valorar la efectividad de la tutela judicial de los derechos e intereses legítimos que procura un derecho judicial de calidad".

FORMAR A LA JUDICATURA

Por su parte, Edmundo Rodríguez, tras señalar que la jurisdicción civil ha padecido una alta litigiosidad precisamente en temas de protección al consumidor, en particular relacionada con las entidades bancarias, ha dicho que "es tarea de todas las instituciones proseguir en ese camino que busca garantizar lo que el TJUE llama una igualdad real frente a la formal", y, según ha dicho, "un modo de hacerlo es formar a la judicatura".

En ese sentido, ha considerado también necesario "sugerir reformas al legislador que eviten mayor sufrimiento a quienes más han padecido la crisis".

En su opinión, sería necesario reflexionar, y así lo harán en las jornadas, sobre aspectos como "disponer la imposibilidad de ejecución de hipoteca sobre la vivienda familiar para las personas físicas durante el mismo plazo que, en casos de insolvencia, se concede a las empresas, es decir, un año desde que se solicita la segunda oportunidad", y "modificar la regulación del RDL 1/2007, que aprueba el texto refundido de la Ley de Consumidores, y aprobar un verdadero Código de Consumo".

También ha planteado cuestiones como "simplificar el régimen legal de la Segunda Oportunidad para las personas físicas, facilitando la liberación de las deudas de imposible pago", y "regular los préstamos con garantía hipotecaria mediante un modelo simple, que suponga una regulación más breve y sencilla que la actual, apartando cualquier clase de cláusula que los tribunales ya hayan declarado abusiva", así como "incrementar el número de tribunales civiles y mercantiles que atienden las reclamaciones de consumidores, familias y ciudadanos.

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