El acuerdo aclara la interpretación de 11 preceptos "preservando la proyección internacional" de las acciones desarrolladas por Euskadi
BILBAO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, han firmado un acuerdo que evita el recurso al Tribunal Constitucional por la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
El acuerdo aclara la interpretación de 11 preceptos "preservando y fortaleciendo" la proyección internacional de las acciones desarrolladas por Euskadi en el exterior en el ámbito de sus competencias. Según ha informado el Gobierno vasco, el acuerdo llega tras seis meses de negociación en el seno de la "Comisión Bilateral Estado-País Vasco" y se publicará en los boletines oficiales del Estado y del País Vasco el próximo lunes 26 de enero.
En concreto, el texto firmado aclara la interpretación de once preceptos (art. 1, art. 3, art. 5.2, art. 11, art. 12, art. 13, art. 34, art. 35, art. 38, Disposición Adicional Primera y apartado 2 de la Disposición Final Segunda) de manera que Euskadi "podrá diseñar y preservar un ámbito material propio de actuación en materia exterior".
Según el acuerdo, se establecerá un sistema de información y colaboración bilateral que no interferirá en la "autonomía política" que "expresamente se reconoce a Euskadi para la gestión de sus propios intereses". En concreto, según ha explicado el Gobierno vasco, las acciones que el Gobierno Vasco desarrolle en este ámbito, "no se verán sometidas a autorización del Estado".
ESTRATEGIA DE ACCIÓN EXTERIOR
Igualmente, el acuerdo reconoce que, cuando la "Estrategia de Acción Exterior" que aprueba el Estado incluya acciones que afecten a las Comunidades Autónomas, Euskadi "será la competente para planificarlas y desarrollarlas en el exterior, mientras que el Estado se limitará a "regularlas y coordinarlas".
El Gobierno vasco, como ya ha manifestado en diversas ocasiones, mantiene una actitud crítica con la Ley de Acción Exterior por "su afán controlador y pretensión de limitar las actuaciones con proyección exterior de las CCAA".
En todo caso, ha señalado que las negociaciones mantenidas con el Estado en el seno de la Comisión Bilateral, han estado presididas por el objetivo de "minimizar la afección de la ley sobre la acción exterior vasca y blindar la misma".
El Gobierno vasco valora el acuerdo alcanzado porque "refuerza las competencias vascas en materia exterior" en sintonía con la doctrina, ya iniciada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 165/1994, en relación con la oficina del Gobierno vasco en Bruselas.
Además, cree que es un "acuerdo importante" porque "aclara la confusión generada por la ley" que "parecía atribuir al Estado la capacidad de limitar las actuaciones con proyección exterior de las Comunidades Autónomas, una confusión que llevaba a una aplicación desorbitada e invasiva de la competencia estatal en materia de relaciones internacionales".
ACUERDOS EN LA BILATERAL
En esta legislatura, los gobiernos vasco y español han alcanzado siete acuerdos totales que han evitado la interposición de sendos recursos ante el Tribunal Constitucional. Además, se han alcanzado otros tres acuerdos parciales para la interpretación de algunos artículos de tres leyes más, aunque no han evitado el recurso ante el TC por el resto de "las invasiones competenciales".
Los acuerdos totales que han evitado la interposición de recursos ante el TC han sido la Ley vasca de no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas Transexuales, Ley vasca contra el Dopaje, Ley de Cajas de Ahorro de Euskadi, Ley española 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, Ley española 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, Ley española 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado y Ley española 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Los acuerdos parciantes han sido el Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo, el Real Decreto-ley 16/2012 de Medidas urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar mala calidad y seguridad de su prestaciones y Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
