Critica que se impida a personas empobrecidas y a jóvenes recurrir a la Justicia con "imposición de tasas y costas desproporcionadas"
BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, espera que el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, busque consensos políticos, institucionales y con las autonomías para alcanzar un nuevo Pacto de Estado que "retome el camino de la modernización de la Administración de Justicia dinamitado por las dinámicas ciegas" padecidas con el anterior ministro Alberto Ruiz Gallardón.
Además, ha criticado que se impida a personas empobrecidas y a los jóvenes recurrir a la Justicia por "la imposición de tasas y costas desproporcionadas"
Durante su discurso en la apertura del Año Judicial celebrado en el Palacio de Justicia de Bilbao, Ibarra ha recordado que, en esta décima legislatura, el Ministerio de Justicia "ha intentado un abordaje marcadamente unilateral en la formulación del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)", que ha obtenido "el nada sorprendente resultado de fracaso" que, a su juicio, hoy se constata.
Por ello, espera que el nombramiento del nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, "exprese un cambio de fondo hacia la obtención de los consensos políticos, institucionales y con las autonomías territoriales que permitan alcanzar un nuevo Pacto de Estado".
De esta forma, desea que este "nuevo acuerdo retome el camino de la modernización de la Administración de Justicia dinamitado por las dinámicas ciegas que hemos padecido durante la precedente etapa ministerial"
El máximo representante del TSJPV ha manifestado que "el objetivo de una Administración de Justicia es que opere como un instrumento de tutela efectivo y eficiente se presenta hoy seriamente obstaculizado por los impactos del programa de reformas estructurales, de medidas de reducción presupuestaria y del gasto social, así como de recorte en el ejercicio de los derechos sociales y de las garantías jurisdiccionales".
En esta situación "de dificultades presupuestarias y transformaciones estructurales del modelo social", apunta que la Sala de Gobierno del TSJPV "se siente comprometida a promover guías de actuación adecuadas para transitar por esta coyuntura de incertidumbres y quebrantos". En su opinión, las decisiones de los jueces tienen que dar "respuesta a las zozobras del 'ahora'".
EUROPA DEL DERECHO
Juan Luis Ibarra ha destacado que la Judicatura está comprometida a promover "la pujante realidad de la 'Europa del Derecho'". "La Unión Europea se sustenta y se identifica como un conjunto de normas de derecho comunitario cuya aplicación por un sistema coral de jurisdicciones está desarrollando un importante papel de límite y contrapeso a las actuales dinámicas de reducción del modelo social y de obstáculo al ejercicio de los derechos que definen la ciudadanía europea", asevera.
Asimismo, apunta que "la aplicación judicial del derecho comunitario y de la Carta Europea de Derechos fundamentales y libertades públicas ha contribuido y está contribuyendo a la creación de una estructura y una cultura jurídica europea dotadas de la capacidad de criticar los ordenamientos nacionales y de sustituirlos por la jurisprudencia europea".
En esta línea, destaca que "el resultado es un sistema jurídico europeo fundado en un constitucionalismo multinivel y alimentado por la decidida actuación de un abigarrado coro de órganos jurisdiccionales".
"Esta rica práctica jurídica, recordemos las 313 cuestiones prejudiciales suscitadas por los órganos jurisdiccionales españoles hasta el 31 de diciembre de 2013, se ve reconducida a la unidad desde el crisol dinámico de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", manifiesta.
RECONOCIMIENTO DE NUEVOS DERECHOS
Ibarra cree que "lo más destacado y estimulante es que esta actuación" de la Judicatura "está contribuyendo de forma efectiva al reconocimiento de nuevos derechos que se integran operativamente en el sistema europeo de garantía de los derechos humanos".
En su opinión, esto se ha comprobado en este último año en, al menos, tres importantes ámbitos la práctica judicial. En este contexto, se ha referido "al alumbramiento de nuevas garantías del derecho de defensa mediante la aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en los procesos de desahucio en situación de sobreendeudamiento de buena fe".
Asimismo, ha aludido "a los conflictos sobre restitución en la adquisición de aportaciones financieras subordinadas o preferentes, en los que la interpretación judicial está consolidando la aplicación al inversor no profesional del derecho a una información rigurosa y eficaz sobre riesgos en la inversión establecidas en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los mercados de instrumentos financieros".
Por último, subraya que "la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las garantías de la Carta Europea y los principios del Título IX del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como la Decisión del Consejo 2010/707/UE, están operando en la práctica judicial como eficaz medida de contraste en la tutela efectiva de los derechos sociales de base constitucional y en el control de validez sobre el ejercicio de las nuevas atribuciones conferidas a los empresarios por el Real Decreto-Ley 3/2012".
CRECIENTE DESIGUALDAD
Tras señalar que es "consciente de que esta contribución judicial a la creación de nuevos derechos resulta insuficiente para remediar la brecha de creciente desigualdad social producida desde el naciente nuevo orden económico", asevera que "es rigurosamente cierto que los nuevos derechos del estatuto europeo de ciudadanía se integran en un pacto social del que están siendo inexorablemente excluidas las personas castigadas por la precariedad jurídica y el empobrecimiento económico".
De esta forma, ha denunciado la situación de "ciudadanos, en gran medida jóvenes, a quienes se impide o dificulta la aproximación a la Justicia mediante la imposición de tasas y costas desproporcionadas no compensadas mediante un sustancial incremento de las prestaciones del derecho a la asistencia jurídica gratuita".
REFLEXIÓN "URGENTE"
Por ello, asegura que el "restablecimiento de las condiciones que garanticen la igualdad en la efectividad de la tutela judicial requiere de una reflexión urgente sobre la realidad social y económica de las personas potencialmente litigantes que se esconde detrás de la cifra de constante reducción en los asuntos que llegan a nuestros juzgados y tribunales".
"Con una planta de órganos judiciales congelada desde hace cinco años nuestra organización judicial presenta un marcado déficit de elasticidad que dificulta enormemente una distribución homogénea de la carga de trabajo entre juzgados, jurisdicciones e instancias", añade.
A su juicio, "la solución requiere de la creación de los tribunales de primera instancia y de la redefinición de las competencias del Tribunal Superior de Justicia, atendiendo a criterios de adaptación al Estado de las Autonomías". "Así se definió como urgente, ya en el año 2001, en el Pacto de Estado para la modernización de la Justicia", recuerda.
El máximo representante del TSJPV dice que saben "sobradamente que superar este reto exige extremar la inteligencia cooperativa en la formulación del proyecto, ya que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno de España en tanto que la participación efectiva en el diseño, así como su ejecución y consiguiente financiación corresponden a las doce Comunidades Autónomas", entre ellas la vasca, con competencias transferidas en la materia.
