La juez abre juicio oral por el 'caso De Miguel'

Actualizado 21/06/2016 13:14:31 CET

VITORIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La magistrada Maria Eneida Arbaizar ha decretado la apertura del juicio oral por el caso de la presunta red de corrupción y cobro de comisiones ilegales encabezada por el ex 'número dos' del PNV en Álava, Alfredo de Miguel, en el que están procesados una veintena de exdirigentes y antiguos miembros de este partido. De Miguel, para el que la Fiscalía pide casi 55 años de cárcel por más de 20 delitos, deberá hacer frente a una fianza de 16,5 millones de euros.

En su auto, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria da por formulada la acusación contra De Miguel y el resto de los imputados en esta causa, entre los que se encuentran otros destacados exdirigentes del PNV como Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, para quienes la Fiscalía pide 32 años de prisión.

En su escrito de acusación, formulado el pasado mes de marzo, la Fiscalía pedía una condena de casi 55 años de cárcel y una fianza de 25 millones de euros para De Miguel, al que considera el "dirigente" de una asociación ilícita dedicada al cobro de comisiones ilegales y otras actividades delictivas.

El fiscal entiende que De Miguel "aprovechó sus responsabilidades políticas" para impulsar esta presunta red de corrupción. El Ministerio Público implica en esta causa a 24 personas, a las que atribuye diversos grados de responsabilidad en este presunto entramado, que habría operado entre 2005 y 2009.

La red --según el fiscal-- fue "ideada" por De Miguel, quien habría creado "un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo" para lograr sus objetivos. El plan, según explica el escrito Ministerio Público, "fue acordado" por Alfredo de Miguel; su esposa Ainhoa Bilbao Lasa, Aitor Telleria; la mujer de éste, Araceli Bajo López, y Luis Felipe Ochandiano y su esposa, Iratxe Gaztelu-Urrutia Sánchez.

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, De Miguel "aprovechándose de las responsabilidades políticas y/o administrativas que ostentase en cada momento por su pertenencia al PNV", utilizó este entramado "para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas".

La red se dedicaba, presuntamente, a "obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el PNV".

REBAJA EN LAS FIANZAS

En su auto, la magistrada decreta la apertura de juicio oral contra las 25 personas señaladas por el fiscal en su escrito de acusación, aunque rebaja la cuantía de las fianzas solicitadas.

En el caso de Alfredo de Miguel, le requiere el pago cautelar de 16,5 millones de euros, mientras que la suma exigida a Telleria es de 879.000 euros y a Ochandiano, de 588.000 euros. Otros acusados menos conocidos también deberán abonar importantes sumas en concepto de fianza.

La magistrada reclama 9,2 millones de euros a Jesus Arruti, mientras que para Francesc Fernández, Joaquín Sabater, Plácido Casas y Ramón Tomás I Riba solicita 6,4 millones de euros en cada caso.

El auto da por "apartada" del procedimiento a la Diputación Foral de Álava. El Gobierno vasco se mantiene como "actor civil" en la causa.

La Fiscalía atribuye a De Miguel alrededor de una veintena de delitos relacionados con la corrupción, así como un delito de asociación ilícita en grado de dirigente. Entre los tipos penales atribuidos al principal acusado en esta causa se encuentran, además, el blanqueo de capitales, cohecho, fraude en la contratación, coacciones, malversación y tráfico de influencias.

CONTRATOS PÚBLICOS

La suma de penas solicitadas por estos tipos penales es de 54 años y diez meses de cárcel. En el caso de Aitor Telleria, el fiscal pide una condena de 32 años de cárcel, mientras que para Koldo Ochandiano solicita 32 años.

En esta causa, iniciada en 2009 a raíz de la denuncia de una empresaria a la que se habría solicitado el pago de comisiones ilegales para acceder a contratos públicos en el Parque Tecnológico de Miñano (Álava), están acusadas 24 personas, entre responsables de la presunta trama, intermediarios y empresarios. La mayor parte de ellas relacionadas con el PNV o que, incluso, como en los mencionados casos, ocuparon puestos de responsabilidad en este partido.

Entre los acusados también figura Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura en el gobierno de Juan José Ibarretxe; el exdirector de Juventud, también en el gabinete de Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles, y el exdirector de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría.

También están acusados Ainhoa Bilbao Lasa, Araceli Bajo López, Iratxe Gaztelu Urrutia, Iñaki Echaburu Barainca, Alfonso Arriola Lacruz, Aintzane De Miguel, Miren Bilbao Larrauri, Sergio Fernández Oleaga, Iñaki San Juan Bilbao, Jesus Jose Arruti Letemendia, Prudencio Hierro López de Arbina, Jesus Arruti Odriozola, Francesc Fernánedz Joval, Estibaliz Arruti Letemendia, Joaquín Sabater Bou, Plácido Casas Baques, Ramón Tomás I Riba, Gorka Errasti Flaño y Maria Justina Angulo Ocio.

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