La vicepresidenta del TC advierte de los "desafíos" que suponen instituciones "desajustadas" y la "voracidad" de la crisis
BILBAO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) Alejandro Saiz Arnaiz ha señalado que España cuenta con una tasa "baja" de demandas ante este tribunal, pero ha advertido de que es "uno de los incumplidores" en materia de mecanismos para la ejecución de las resoluciones. En este sentido, ha apostado por prever "cauces específicos" en la legislación.
Saiz Arnaiz ha participado este martes, junto a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Adela Asúa, en una jornada sobre 'Los derechos humanos en serio' que se ha celebrado en Bilbao en el marco del 25º aniversario del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del Ararteko, presidida por sus máximos responsables, Juan Luis Ibarra e Iñigo Lamarca, respectivamente. También han asistido la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, la viceconsejera de Justicia del Gobierno vasco, Ana Aguirre, y el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, entre otros.
El juez ha explicado que el TEDH contabilizó el año pasado a entrada de 60.000 demandas, con un registro cada día de 1.500 escritos en su secretaría. Con una media de 1.000 sentencias al año dictadas, el tribunal cuenta con 100.000 demandas pendientes de resolver, de las que el 67% corresponden a cinco países (Rusia, Italia, Serbia, Turquía y Ucrania).
En relación a España, ha señalado que se produce "una baja cifra de demandas" y "escaso número de condenas". Según ha indicado, en los 35 años de sometimiento al Convenio europeo y hasta el 31 de diciembre de 2013, se han producido 125 sentencias sobre España y el 64% de ellas son de condena, la mitad de ellas relacionadas con el artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos europeo.
España se encuentra dentro de los estados con menor tasa de demanda, de manera que, entre 2010 y 2013, se dan entre 0,15 y 0,17 demandas por cada 10.000 habitantes, por debajo de Francia, Italia o Alemania. "Una buena parte de la explicación a estas cifras es una jurisprudencia (del TEDH) asumida por el Tribunal Constitucional, que se vuelca en cascada hacia los de la jurisdicción ordinaria, y que el recurso de amparo durante mucho tiempo se comportó como un auténtico fusible", ha explicado.
A pesar de que el TC "tiende a seguir buscando inspiración" en el tribunal europeo, Saiz ha señalado que, "en los últimos tiempos, se perciben señales inquietantes" en el sentido de que hay "una voluntad de marcar un perfil propio, alejándose de algunos de algunos de los precedentes del TDHE".
Una postura que, en su opinión, "debe ser consciente porque hay discrepantes", entre sus miembros, que "claramente ponen de relieve esa lectura que se hace del precedente de Estrasburgo por la mayoría es inaceptable".
"Parece que hay una voluntad por reafirmar una condición soberana en materia de derechos fundamentales", ha apuntado el juez del TEDH, que ha considerado, por otro lado, que el sistema de ejecución de las resoluciones del Tribunal Europeo en España "es manifiestamente mejorable" porque "de hecho no tenemos", lo que le convierte en "uno de los grandes incumplidores" en materia de mecanismos nacionales que "teóricamente no vienen impuestos por el propio convenio europeo de Derechos Humanos en su literalidad para dar ejecución a las sentencias de condena".
En su opinión, "lo mejor para dar cumplimiento a las sentencias es que el legislador haga lo que seguramente tenía que haber hecho hace mucho tiempo, que prevea en nuestras leyes procesales cauces específicos".
"MORIR DE ÉXITO"
Tanto Saiz como Asúa han alertado del "riesgo de morir de éxito" que padecen organismos como los dos tribunales a los que pertenecen. En función de los datos aportados por su vicepresidenta, el Constitucional recibió el pasado año 7.300 recursos de amparo. De ellos, los admitidos "no llegan al 8%" y los casos resueltos mediante sentencia en 2013 se cifran en 87.
Asúa ha señalado que la cifra de recursos se ha ido reduciendo paulatinamente desde la reforma de 2007 tras la "crisis de éxito" sufrida por el tribunal y con el objetivo de "descongestionarlo".
En su opinión, este objetivo de "descongestionamiento" se ha cumplido, de manera que ya no hay "dilaciones" generalmente, pero ha abierto una "reflexión" sobre la reforma en aspectos como los incidentes de nulidad, que se ha convertido en "un obstáculo añadido" que deben superar los letrados, y el establecimiento de "criterios bastante rígidos".
Finalmente, ha advertido de que, cuando no se disponen de medios para "hacer valer" los derechos, se plantea "una segunda vulneración" y, en este sentido, ha resaltado "los desafíos" que se plantean actualmente en ocasiones porque las instituciones están "si no caducas, quizá desajustadas con la realidad" y, en otras, por la "voracidad" de las crisis de distinto signo.
