El juicio por el presunto fraude de la Hacienda foral de Irún arranca el lunes en la Audiencia de Gipuzkoa

Actualizado 14/04/2012 14:46:23 CET

Pese a que la defensa de Bravo busca un acuerdo con la Fiscalía, la Diputación y las Juntas de Gipuzkoa desean continuar con el juicio

SAN SEBASTIÁN, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juicio por el presunto fraude de la Hacienda foral de Irún arrancará el lunes en la sección primera de la Audiencia Provincial guipuzcoana, en San Sebastián, con la declaración de los acusados, José María Bravo, exdirector de oficina irundarra del Fisco guipuzcoano, su mujer, María Rosa Cobos, y su socio Pedro María Atristain, y se prolongará hasta finales de mayo.

Pese a que la defensa de Bravo al parecer ha pactado un acuerdo con la Fiscalía, por el que se declararía culpable y aceptaría nueve años de cárcel, el proceso se llevará a cabo ya que tanto las Juntas Generales de Gipuzkoa como la Diputación Foral guipuzcoana han expresado su intención de continuar como acusaciones particulares en el caso y no llegar a ningún tipo de acuerdo que pueda evitar el juicio.

La Fiscalía de Gipuzkoa pide para Bravo penas que suman 24 años y 3 meses de cárcel por diferentes delitos de malversación, prevaricación, estafa, usurpación, receptación e insolvencia punible.

Asimismo, solicita diez años y un mes para Cobos, por malversación, receptación e insolvencia punible, y un año y medio para Pedro Atristain, por receptación.

La Fiscalía solicita diferentes penas de inhabilitación para Bravo y su mujer, así como multas que superan los dos millones de euros para cada uno de estos dos procesados.

PRISIÓN

La Fiscalía de Gipuzkoa ha pedido para Bravo un total de 24 años y tres meses de prisión, 20 años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 16 años de inhabilitación absoluta por delitos de malversación, prevaricación, estafa, receptación, insolvencia punible y usurpación de funciones públicas.

Además, solicita para el exdirector de la Oficina de la Hacienda foral en Irún, acusado de apropiarse de unos dos millones de euros mediante el cobro de deudas tributarias a contribuyentes morosos que, luego, no eran ingresadas en Hacienda foral, una multa de dos millones de euros, por delitos de malversación, prevaricación, receptación e insolvencia punible presuntamente cometidos entre 1990 y 2004.

La Fiscalía reclama, además, 10 años y un mes de prisión para Cobos, esposa de Bravo, que trabajó en la Diputación guipuzcoana entre 1985 y 1994 y, posteriormente, en el Ayuntamiento de Errenteria y que se considera colaboradora de Bravo, por malversación, receptación e insolvencia punible, además de nueve años de inhabilitación absoluta y una multa de dos millones de euros.

Para el acusado, Pedro María Atristain, socio de José María Bravo en varias empresas, el ministerio público solicita una pena de un año y medio de cárcel por un delito de receptación.

INDEMNIZACIONES

Por otro lado, Bravo y Cobos deberán restituir o indemnizar a la Hacienda foral por vía de responsabilidad civil, con cantidades que suman casi dos millones de euros. Asimismo, el exdirector de la Hacienda de Irún tendrá que indemnizar a la institución foral, por las cantidades no cobradas, a consecuencia de resoluciones de insolvencia o prescripción no ajustadas a derecho, en 244.963,76 euros más intereses.

Además, la Fiscalía demanda que José María Bravo y su esposa indemnicen a la Hacienda de Gipuzkoa con 1,9 millones de euros más los intereses por las cantidades que entregaron al principal acusado una treintena de contribuyentes a los que aseguraban así saldaban sus deudas con el Fisco guipuzcoano.

El juicio por estos hechos comenzará el 16 de abril en la sección primera de la Audiencia de Gipuzkoa con la declaración de los acusados que se prolongará los días 17 y 18.

Los días 23, 24 y 25 de abril y 2, 3, 7, 8, 9, 14 y 15 de mayo declararán los testigos. El día 16 habrá un interrogatorio a los testigos y el 21 otro a los peritos así como la prueba pericial y documental. El 23 y 23 de mayo se conocerán los informes.

El abogado Miguel Alonso Belza representa a las acusaciones particulares ejercidas por la Diputación de Gipuzkoa y las Juntas Generales. Los letrados Jesús Urraza, Pedro Lasagabaster y Mari Cruz López Gascón, representan la defensa de los acusados José María Bravo, Pedro Atristain y Rosa Cobos, respectivamente.