La investigadora Estefanía Ocariz dice que 14 años es una edad penal "adecuada" y aumentarla no va a evitar que se cometan delitos
BILBAO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
El perfil de un menor infractor en Euskadi es de un joven de 16 años, que en el 70% de los casos es vasco o nacido en otras comunidades autónomas y que, generalmente, comete delitos de hurtos, robos o lesiones, mientras que es "excepcional" que perpetren asesinatos, homicidios o agresiones sexuales, según la investigadora del Instituto Vasco de Criminología, Estefanía Ocariz.
Ocariz cree que la edad penal establecida en la legalidad española, en los 14 años, es "la adecuada", frente a países como Suiza y Luxemburgo, que la mantienen los primeros en los siete años y los segundos a partir de los 18. En este sentido, ha advertido de que aumentar la edad en el Estado para exigir responsabilidades penales no va a evitar que se produzcan los delitos.
La experta, que participa en la evaluación del Plan de Justicia Juvenil del Gobierno vasco, ha señalado que el perfil del menor infractor en la Comunidad Autónoma Vasca "es de un chico que ronda aproximadamente los 16 años", nacido en Euskadi o en otras comunidades autónomas en alrededor de un 70%, y los delitos que cometen generalmente son de hurtos, lesiones y robos, "a pesar de que la tipología de delitos es muy amplia, ronda los 25 o 26 delitos".
A su juicio, el crimen de Ibon Urrengoetxea, que falleció en la madrugada del pasado 23 de diciembre tras ser atacado para robarle en el centro de Bilbao, y en el que están supuestamente involucrados menores de 13 y 16 años, "es un hecho aislado y puntual, afortunadamente".
"A pesar de que es terriblemente doloroso para la familia, para su entorno más próximo y para todos los que vivimos aquí. Los asesinatos, homicidios y agresiones sexuales (cometidas por menores) son absolutamente puntuales", ha indicado.
MENORES EN RIESGO
A su juicio, hay variables de riesgo para que los menores se conviertan en infractores, como aquellos que "van mal en los estudios o directamente no están estudiando ni haciendo ninguna labor educativa" o que tienen amigos "que tampoco están estudiando", así como los que tienen "dificultades en casa de control parental o, a veces, incluso carecen de total control parental".
También cree que se pueden enmarcar en este riesgo a los menores que "tienen muchísimas horas de ocio sin estructurar, que no van a ningún polideportivo, no hacen ningún tipo de deporte, no tienen ninguna afición", o consumen tóxicos. "Todo eso es una especie de cóctel que da algunas claves de por qué un chaval comete algún tipo de delito", ha apuntado.
Estefanía Ocariz considera que suele haber debates públicos sobre la edad penal cuando se cometen delitos graves o muy graves por parte de un menor. "En Europa hay diferentes edades, en España es entre los 14 y los 18 años (para la edad penal de menores), pero no hay una establecida en toda Europa. La más baja es la de Suiza, donde son imputables a partir de los siete años. En cambio, en Bélgica o Luxemburgo es a partir de los 18 años", ha recordado.
En su opinión, la edad establecida en España para imputarse responsabilidades penales a un menor, entre los 14 y los 18 años, es "la adecuada". "No por reducir la edad penal nos vamos a quitar de un plumazo ese tipo de problemas. Estos delitos se van a cometer seguramente", ha destacado.
RESPUESTAS NO PENALES
Ocariz ha recordado que hay respuestas por parte del Estado, "que no son penales, para los menores de 14 años si cometen un delito". "No significa que no les va a pasar absolutamente nada. Entran en juego los servicios sociales y educativos. Es cierto que no hay una respuesta penal, pero hay respuestas de otro tipo que pueden ser tan importantes o más que una respuesta penal también", ha añadido.
En esta línea, ha dicho que los servicios sociales establecen "las medidas oportunas". "Hay un seguimiento familiar, educativo y social de las familias. Ya no solo afecta a menor, sino a la familia en conjunto, aparte de las responsabilidades civiles, económicas, etc, que asumen sus padres o tutores legales", ha señalado.
En cuanto al caso del menor de 16 años que también estaría involucrado el crimen de Ibon Urrengoetxea, ha señalado que hay una respuesta de la Fiscalía, que es la que se pone en contacto con el menor y la Fiscalía.
"A partir de ahí, se inicia un trámite que tiene que ver con una respuesta penal, que implica la elaboración del informe por parte del equipo psicosocial del Juzgado correspondiente y, después, será el juez quien, tras una audiencia, un juicio, estime qué medida es más adecuada en base a las pruebas", ha subrayado.
Según ha explicado, las medidas que se le pueden aplicar están establecidas en el catálogo de medidas recogida en la Ley 5/2000, como la libertad vigilada o el internamiento en un centro de menores con medidas cautelares.
