BILBAO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, Ricardo Blázquez, Juan María Uriarte y Miguel Asurmendi, informaron de que han presentado un recurso judicial ante la decisión del Gobierno vasco de que las clases de Religión en Bachillerato no deban ser sustituidas por otra actividad académica vinculante en el caso de los alumnos que no la cursen.
Además, advirtieron de que el decreto del Gobierno vasco "contraviene el texto y el espíritu de un Pacto Internacional al que el Gobierno de Vitoria debe atenerse: los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado".
En un comunicado de prensa conjunto, los tres prelados recuerdan que en el Boletín Oficial del País Vasco del 27 de febrero se publicó el decreto del Gobierno vasco que establece un nuevo estatuto para las clases de Religión en el Bachillerato.
Los obispos indican que se ven "obligados" a iniciar este contencioso judicial ante la posibilidad de que los alumnos que no cursen Religión queden exentos de la obligación de recibir otra actividad académica vinculante.
"Nos vemos obligados, muy a nuestro pesar, a interponer un recurso jurídico y a emitir también públicamente nuestra neta y firme postura ante una disposición que, a nuestro entender, ni se atiene a la legalidad ni valora suficientemente el bien social que aporta la enseñanza de la Religión en la Escuela", añadieron.
"DIÁLOGO FRANCO"
Los tres prelados recordaron que durante "muchos meses", en "sintonía" con la Federación de Centros Eclesiales 'Kristau Eskola', han sostenido con el Gobierno vasco "un diálogo franco" acerca de algunas cláusulas del mencionado decreto que, "al afectar notablemente a las clases de Religión", les "atañen directamente".
En este sentido, subrayaron el "mero anuncio" por parte del Departamento de Educación ha provocado, en este curso académico, "un descenso drástico" de la matrícula de Religión en el Bachillerato, así como "desmotivación del alumnado y alarma en profesores y en familias".
Los obispos indicaron que en la educación de los adolescentes "cualquier clase desprovista de alternativa vinculante pierde rango académico y talla numérica", especialmente si "como ha sucedido con mucha frecuencia, los centros han desplazado estas clases a horas marginales dentro del horario escolar".
"A pesar de nuestros esfuerzos en el diálogo con diferentes instancias del Gobierno, no hemos logrado llegar a una fórmula concertada. El Decreto ha salido tal cual estaba diseñado por el Departamento de Educación en este punto delicado", agregaron.
La postura de los prelados está basada, indicaron, en en dictámenes jurídicos "sólidos y acreditados", puesto que el decreto del Gobierno vasco "contraviene el texto y el espíritu de un Pacto Internacional al que el Gobierno de Vitoria debe atenerse: los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado".
En estos acuerdos con el Vaticano, en su segundo artículo, se estipula que "el hecho de recibir o no la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar", por lo que está "claro" que la carga académica "mayor" para los que eligen la clase de Religión, frente a los que no la eligen constituye, "en el ambiente y mentalidad escolares, una discriminación real".
Asimismo, señalaron que el texto legal del Gobierno vasco "ignora" dos sentencias del Tribunal Supremo que establecen que la ausencia de actividades alternativas supone "una penalización de la Religión y un motivo disuasorio en contra" de su elección (Sentencia del 1 de abril de 1998).
"PRIORIDAD"
Para los obispos, la transmisión de valores a las jóvenes generaciones es una necesaria "prioridad" de la escuela y su cumplimiento "se ha vuelto especialmente difícil en nuestro tiempo".
Sobre esta cuestión, recordaron que el Consejo de Europa "hace notar que los valores mantenidos por este organismo se derivan de los valores de la Religión cristiana (ver la Recomendación 1720 del año 2005, art.12).
"En efecto, la Religión cristiana es un manantial saludable de valores y una fuente de motivos de peso para vivir y convivir. Todo lo que contribuye a devaluar la Religión a los ojos de los alumnos y la sociedad debilita tales valores y motivos. Es evidente que la falta de alternativa devalúa la Religión ante ellos", insistieron.
Según los prelados, también debe recordarse que el Parlamento Europeo aconseja a los Estados miembros que "procuren potenciar" la enseñanza de la Religión Cristiana, a la que consideran "una de las claves principales para comprender nuestro mundo europeo", puesto que una "sociedad del conocimiento" no puede olvidar "algo tan fundamental".
En sintonía con estas orientaciones, agregaron, diversos países europeos han arbitrado, también para los cursos equivalentes al Bachillerato, "una oferta escolar más amplia que la nuestra" y los obispos "no acaban de explicarse por qué en nuestra Comunidad Autónoma se sigue una dirección contrapuesta".
"Estas convicciones nos conducen a mantener, junto con profesores y padres, nuestro empeño por lograr, por vías coherentes con el Evangelio y abiertas a todos los ciudadanos en una sociedad democrática, que la clase de Religión recobre cuanto antes el estatuto legalmente normal que hoy no se le reconoce", concluyeron.
