PNV reprocha al PP que hable de "corrupción", cuando son los 'populares' los que están "llenos de porquería"
VITORIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento vasco ha instado al Gobierno autonómico a trasladar a la Fiscalía el expediente de la Autoridad de la Competencia sobre la concertación de precios entre ocho empresas adjudicatarias del servicio de comedores escolares.
El PP ha denunciado que este presunto 'cártel' es un caso de "corrupción", mientras que el PNV ha dicho que el Partido Popular está "lleno de porquería", y que en lugar de "limpiarla" trata de "manchar al resto".
La resolución ha sido aprobada por el pleno de la Cámara vasca, que ha debatido este jueves acerca de este asunto a propuesta de EH Bildu, PP y UPyD. Finalmente, la coalición soberanista ha acordado una enmienda con el PNV y el PSE-EE, que ha recibido el apoyo de UPyD y el voto en contra de los 'populares'.
La Autoridad Vasca de la Competencia multó el mes pasado con 18 millones de euros a ocho empresas adjudicatarias del servicio de comedores en centros de enseñanza públicos de Euskadi. Esta entidad considera probado que estas compañías acordaron fijar los precios del servicio para repartirse el mercado, vulnerando así las reglas de la competencia.
A través de esta iniciativa, el Parlamento insta al Gobierno a que estudie si en este caso se ha producido un daño patrimonial y a que, en su caso, inicie "cuantas acciones legales sean necesarias para resarcir a las arcas públicas".
Además, la Cámara pide al Ejecutivo que "intensifique" los trabajos con los agentes del sector para adecuar el modelo de gestión de los comedores escolares, de forma que cada centro público puede elegir la forma de gestionar este servicio. La resolución insta al Gobierno vasco a que ponga en conocimiento de la Fiscalía el expediente de la Autoridad de la Competencia sobre este asunto.
El debate entre los grupos ha estado marcado por los duros reproches entre el PP y el PNV. El parlamentario 'popular' Iñaki Oyarzábal, cuyo grupo no ha respaldado la enmienda aprobada por considerarla insuficiente, ha asegurado que este es un caso de "corrupción" y que las irregularidades tienen su "origen" en el propio sistema de contratación diseñado por el Gobierno vasco.
"ACCIÓN U OMISIÓN"
Por ese motivo, ha defendido la necesidad de que el Ejecutivo autonómico esclarezca las responsabilidades que puedan existir "por acción u omisión". Además, ha lamentado que desde los medios públicos de Euskadi "se busca y rebusca" para hablar sobre presuntos casos de corrupción o sobre "las naranjas de Valencia", cuando, a su juicio, no se presta la misma atención a un asunto que, como éste, afecta directamente a los ciudadanos vascos.
El parlamentario del PNV Juan Antonio Arieta-Araunabeña ha reprochado a Oyarzábal que trate de responsabilizar de este asunto al actual Gobierno, cuando el acuerdo entre las empresas sancionadas por la Autoridad de la Competencia se inició en 2003. Por ese motivo, ha acusado al parlamentario 'popular' de actuar "en la mejor tradición fascista" y de forma similar al ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels, por tratar de buscar una conducta irregular "donde no la hay".
"PONER EL VENTILADOR"
Arieta-Araunabeña ha atribuido la actitud de Oyarzábal a la situación en la que se encuentra el Partido Popular por los casos de corrupción. "Ustedes están llenos de porquería", ha destacado, tras lo que ha lamentado que en lugar de dedicarse a "limpiar" de corrupción su propio partido, los 'populares' traten de "poner el ventilador" para "manchar a los demás" .
Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iñaki Lazarobaster ha defendido la necesidad de mejorar el sistema que regula el servicio de comedores escolares. Por ese motivo, ha destacado la importancia de que cada centro "pueda negociar directamente" con las empresas que prestan este servicio, dado que la "cercanía" en la gestión ayudará a mejorar la calidad de las comidas.
El portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, ha afirmado que este caso ha dejado en evidencia que en el ámbito de la contratación pública existen "mercados cautivos" y que hay que hacer frente a esta situación. Además, ha subrayado que lo ocurrido con estas ocho empresas "perjudica" tanto al resto de compañías que han sido "excluidas" de la adjudicación, como a quienes han de pagar un precio que no se ha fijado de acuerdo a las reglas de la competencia.
El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha denunciado que la concertación de precios entre las empresas ha supuesto "más de 200 millones de euros de sobrecoste" y ha criticado que los sucesivos gobiernos "han preferido mirar hacia otro lado" durante años.
