Bilbao pide "agilizar las gestiones para corregir el incumplimiento" en el reconocimiento de las penas en otros países
BILBAO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
La eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao Barandica ha solicitado a la Comisión Europea que "agilice las gestiones emprendidas desde Bruselas para corregir el incumplimiento por parte de España de la decisión marco que obliga a todos los estados de la Unión a reconocer las penas cumplidas en otros países". Asimismo, le ha instado a aclarar si se dirigirá a los tribunales europeos en caso de que persista "la negativa de España a acatar la legislación".
"Este incumplimiento amenaza la construcción de un espacio único de libertades y justicia en Europa", según recoge la iniciativa presentada por la formación vasca.
El PNV recuerda que la Comisión Europea "ya aclaró que la citada Decisión Marco es de obligado cumplimiento y que Bruselas pensaba intervenir para propiciar que la legislación comunitaria se aplique de modo homogeneo en toda la Unión Europea", en sendas respuestas a preguntas de la eurodiputada jeltzale.
Bilbao remarca que "la tutela europea sobre España en este tema es insoslayable porque las vulneraciones de Derechos básicos como la igualdad o no retroactividad, protegidos por la Carta Europea de Derechos Fundamentales, se producen aplicando legislación comunitaria".
Por ello, pide que se detallen las gestiones realizadas hasta la fecha y "qué resultado han dado". Asimismo, pregunta si la Comisión se dirigirá al Tribunal de Justicia en caso de que persista "la negativa de España a acatar una legislación que su Gobierno aprobó en el seno del Consejo Europeo".
Además, plantea "qué medidas pueden adoptarse para restaurar la confianza entre estados necesaria para construir un espacio común de justicia y libertades que se basa en el reconocimiento mutuo de los sistemas penales y las instituciones judiciales". "Un estado de ánimo --añade-- quebrado por el incumplimiento estatal que ha provocado un profundo malestar en otros estados miembros".
La iniciativa de la parlamentaria vasca señala que "el flagrante incumplimiento de las autoridades españolas de una normativa europea en vigor ha comenzado a producir efectos patentes en las relaciones bilaterales de varios estados miembros con España".
En este sentido, recuerda que Gran Bretaña "acaba de negar la extradición de personas acusadas de delitos de terrorismo", en referencia al caso de Domingo Troitiño.
Además, cita diversas informaciones que "apuntan a que cuestiones vinculadas con este asunto o con medidas de coordinación relativas a cuestiones de interés común en el tratamiento de determinadas expresiones de terrorismo, afortunadamente desaparecidas, se han retirado de las agendas de algunas cumbres bilaterales porque no se comparte el tratamiento penal de excepción, incompatible con la legislación gala, que se propina en España a penados por delitos de terrorismo".
Según indica, "hoy afloran ya en los medios algunas de estas divergencias", en referencia a la "colisión" entre España y Francia registrada por "la decisión francesa de acercar progresivamente a algunos reclusos a los penales galos más próximos a la Comunidad Autónoma Vasca".
Bilbao recuerda que España aprobó en diciembre de 2014 la ley orgánica 7/2014 de transposición de la Decisión Marco 2008/675/JAI, que "excluye expresamente el reconocimiento de efectos de las sentencias extranjeras en determinados casos, con lo que trata de impedir que se tengan en cuenta las sentencias y las penas cumplidas en Francia impuestas a presos de ETA".
De este modo, explica, "se modificaba la jurisprudencia surgida para aplicar la legislación europea citada, que sí les reconocía efectos", por lo que "numerosos jueces consideraron que dicha ley contravenía lo dispuesto en la letra y el espíritu de las normas europeas y propusieron plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia".
En palabras de la eurodiputada, esta propuesta fue "cortada de raíz" por una decisión del Tribunal Supremo, que cuenta con "numerosos votos particulares" que consideran que "la ley española y las sentencias y decisiones adoptadas en torno a este asunto infringen derechos fundamentales básicos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos".
ENDURECER PENAS
A su entender, estas decisiones legislativas y judiciales "revelan que en España se sigue aplicando un derecho penal de excepción sobre algunas personas y que estas políticas no se comparten en Europa".
"Mientras en Europa hablamos de coordinación, colaboración y revisión del anticuado concepto de seguridad nacional, en España el gobierno sigue atascado con endurecer las penas y vulnerar derechos fundamentales. Además se constata una sumisión de buena parte del poder judicial a unas prácticas que no contribuyen a solucionar ningún problema, sino a agravar los que existen", asegura.
