PNV de Vitoria señala que algunas prestaciones sociales "no deberían ser gratis" y apuesta cobrar en función de la renta

Actualizado 20/10/2010 17:39:38 CET

VITORIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo municipal del PNV en Vitoria ha propuesto al Equipo de Gobierno una revisión de la normativa por la que otorga ayudas sociales complementarias a las que dan otras instituciones, con el fin de "adecuarla a las necesidades actuales, ya que se está aplicando una ordenanza de hace más de una década"; y ha destacado que "algunas prestaciones no deberían ser gratis, sino que el Ayuntamiento tendría que cobrar unas cantidades en función de la renta".

En un comunicado, la concejal del PNV Nerea Melgosa ha explicado que el Ayuntamiento de Vitoria ofrece desde 1985 ayudas sociales complementarias a las de otras administraciones públicas, y en la actualidad, la concesión de esas prestaciones se basa en una ordenanza de septiembre de 1999.

"Esa normativa ha quedado trasnochada porque se basa en la Ley de Servicios Sociales de 1996, que fue sustituida por otra en 2008. Eso sólo ya es suficiente motivo para que se revise la ordenanza municipal, pero es que además la realidad social ha cambiado mucho en más de diez años y conviene poner orden en el entramado de ayudas que conceden las instituciones públicas a las personas que carecen de recursos económicos suficientes para afrontar sus necesidades básicas", ha afirmado la edil.

Para Melgosa, se debe valorar quiénes son merecedores de ayudas, y luego "no otorgarlas con carácter gratuito, sino que la persona beneficiaria debería abonar parte del precio correspondiente, en función de su renta". "El Ayuntamiento debe bonificar a los colectivos más desfavorecidos, pero no dar los servicios gratis porque sí", ha añadido.

Asimismo, la edil ha denunciado que el Ayuntamiento "está asumiendo ayudas que debería abonar el Gobierno vasco, como es en el caso de los menores extranjeros no acompañados que cumplen 18 años y que hasta los 23 no pueden percibir la denominada Renta de Garantía de Ingresos (RGI), sufragada por el Ejecutivo autónomo".