PP acusa a la Diputación de Álava de "incumplir" su propio Código Ético

Javier de Andrés.
EUROPA PRESS
Actualizado 04/09/2015 17:48:09 CET

Denuncia que las "simpatías políticas" han determinado el relevo en la Dirección del Valle Salado

VITORIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Álava, Javier de Andrés, ha acusado a la Diputación Foral de "incumplir" su propio 'Código de Ética y Buen Gobierno', al haber hecho prevalecer las "simpatías políticas" sobre el "interés general" en el relevo de la Dirección de la Fundación Valle Salado de Añana.

De Andrés, en una rueda de prensa en Vitoria, ha lamentado que el Gobierno foral haya sustituido como responsable de este organismo a "un profesional de éxito e independiente" como Roberto López de Eguílaz, por un miembro del PNV como Andoni Erkiaga.

Esta decisión, según el dirigente del PP, "incumple" el Código de Ética y Buen Gobierno' aprobado este pasado jueves por el Ejecutivo foral del PNV y el PSE-EE.

De Andrés considera que la sustitución de López de Eguílaz por Erkiaga vulnera compromisos de este código, como los referidos a la "profesionalización" de las estructuras dependientes de la Diputación o el rechazo a que la gestión pública se guíe por "intereses clientelares".

"Sustituyen a un profesional de éxito e independiente por un político del PNV", ha criticado De Andrés. El dirigente del PP ha acusado al Gobierno foral de hacer "prevalecer" las "simpatías políticas" sobre "el interés general".

"OBLIGADO CUMPLIMIENTO"

De Andrés ha lamentado que tras este "incumplimiento" del Código Ético no ocurrirá "nada", puesto que el catálogo de compromisos aprobado por el Ejecutivo alavés "no es de obligado cumplimiento".

El 'número dos' del PP de Álava ha anunciado que su grupo presentará una proposición de norma foral de 'Ordenación económica y buena administración'.

Según ha afirmado, la existencia de una norma foral referida a estas cuestiones permitiría que las medidas recogidas en un código ético fueran de obligado cumplimiento, de forma que las posibles vulneraciones del mismo podrían llevarse a los tribunales de justicia.

Este proyecto fue preparado por el PP en la pasada legislatura, con el propio De Andrés como diputado general, aunque finalmente no se llegó a aprobar.