PSE de Gipuzkoa cree que la desanexión de Igeldo es "un acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico"

 

PSE de Gipuzkoa cree que la desanexión de Igeldo es "un acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico"

Publicado 17/12/2013 18:48:25CET

SAN SEBASTIÁN, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSE-EE en las Juntas Generales de Gipuzkoa, a la espera de conocer al detalle el Decreto Foral que mañana será publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa sobre la desanexión de Igeldo, y "atendiendo a la nota publicada por la propia Diputación Foral", ha considerado que "estamos ante un acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico, y por lo tanto nulo".

En un comunicado, la formación socialista ha señalado que la Diputación Foral "no puede revocar un acto administrativo", como es el Decreto Foral 6/2010, "por razones políticas" ya que no es un Reglamento que "pueda ser derogado sin más".

"No es lo mismo un Reglamento que un acto administrativo. La revocación de un acto administrativo no puede ser contraria al ordenamiento jurídico y, en el caso presente, todo indica a que lo es", ha insistido.

En esa línea, ha recordado que el Decreto Foral 6/2010 está recurrido por Itxas Aurre y en breve se dictará sentencia por el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco.

"Garitano no ha respetado el procedimiento judicial y ha decidido la revocación administrativa del mencionado Decreto, mediante una decisión que, a todas luces consideramos contraria al artículo 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común", ha apuntado el PSE.

A su entender, esta decisión, "a la espera de conocerla en profundidad no se sostiene jurídicamente". Por ello, el PSE-EE contactará con los grupos junteros para instar a las Juntas Generales a recurrir el acuerdo de la Diputación, por ser contrario a la foralidad guipuzcoana y a la legislación general administrativa.

Asimismo, el PSE-EE ha solicitado la comparecencia urgente del diputado general, del director general de Régimen Jurídico de la Diputación y de los miembros de la Comisión Jurídica Asesora que intervinieron en el Decreto de 2010 y los actuales miembros de dicho órgano consultivo foral.

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