MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, denunció que se tiene que apoyar únicamente en la Guardia Civil porque la Policía no atiende habitualmente a las peticiones de su Departamento en relación a la listas que periódicamente pretende presentar a las urnas el entorno de ETA. Según criticó, la Policía responde "sólo" a las peticiones del juez instructor de la Audiencia Nacional encargado de la investigación del entramado político de la banda, Baltasar Garzón.
Conde-Pumpido hizo estas afirmaciones --sobre las que dijo que ya ha hablado con el Ministerio del Interior-- tras ser preguntado en los desayunos de Europa Press sobre las investigaciones que podrían estar en marcha para averiguar si el entorno de ETA planea presentarse a las elecciones europeas.
"Hemos abierto una diligencia de investigación en la Fiscalía del Tribunal inmediatamente después de que se hayan convocado las elecciones y hemos solicitado a la Guardia Civil, digo la Guardia Civil porque es la que nos ha permitido realmente impugnar ANV y al PCTV, hemos pedido a la Guardia Civil, no a la Policía... explicaba Conde-Pumpido cuando, en ese momento, fue preguntado acerca de esa distinción entre cuerpos.
"Hago esta distinción porque cuando presentamos la ilegalización de ANV y el PCTV y cuando hemos presentado la impugnación de Askatasuna y D3M tuvimos que fundarnos en los informes de la Guardia Civil porque la Policía no atiende las indicaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sólo las del juez instructor", dijo.
COMPETENCIA DE LA FISCALÍA
Según añadió, "la competencia para la impugnación corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo por lo tanto es la que tiene que recibir directamente los informes que reclama de Guardia Civil y Policía". "En ocasiones no los hemos recibido", denunció.
Preguntado acerca de si ha hablado sobre este asunto con el Ministerio del Interior se limitó a decir que "sí", al tiempo que solicitó no seguir contestando a preguntas sobres este tema. "Prefiero no seguir con este tema", zanjó.
Ya una vez acabado el acto, Conde-Pumpido atendió a los medios de comunicación ante los que añadió que su Departamento se ha dirigido a la Guardia Civil "porque de manera muy puntual y muy concreta en ocasiones anteriores ante la impugnación de la Sala del 61 no se recibieron los informes policiales que se habían pedido". "En este caso se fue a lo seguro que es el trabajo que ha realizado siempre la Guardia Civil", añadió el fiscal general.
Conde-Pumpido prefirió hablar de "colisión" o "problema puntual entre la función que corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo y el proceso paralelo penal que se sigue en el Juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional". Según reiteró, "la policía debe informar a cada uno de los órganos y la Policía entiende que es suficiente con informar a uno de ellos". "Me refiero al titular del procedimiento penal que en ese caso se estaba llevando", dijo en referencia al juez Baltasar Garzón.
En ese sentido, manifestó su deseo de que sus palabras no generen un "conflicto" con el Ministerio del Interior. "El ministro del Interior (Alfredo Pérez Rubalcaba) conoce mi postura y ha tratado siempre de busca la solución más adecuada, no tengo para él más que expresiones de gratitud".
REFORMAR LA LEY DE RÉGIMEN LOCAL
En relación con la pregunta inicial, Conde-Pumpido aseguró no arrepentirse de la decisión tomada en su día por la Fiscalía, que apostó por una impugnación parcial de la listas que ANV presentó a las elecciones municipales de 2007 y recordó que, "en enero de 2009 se presentó una demanda de ilegalización del partido que fue atendida por el Tribunal Supremo y luego confirmada por el Tribunal Constitucional".
"ANV ha sido ilegalizada de manera completa de acuerdo con los tiempos de la Justicia que no son iguales que los de la política, es decir, cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo estimó que tenía una base suficiente", añadió. "La Fiscalía buscó la fórmula de impugnar las candidaturas, que --según dijo-- es lo mismo que se ha hecho con Askatasuna".
No obstante, el fiscal general aceptó que existe "alguna laguna" en el proceso y defendió reformar la Ley de Régimen local "para establecer que es causa de disolución de ayuntamiento el hecho que este dirigido por un partido ilegalizado".
