Las plataformas de los tres territorios han presentado sus aportaciones a la Ley vasca de Vivienda
VITORIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las plataformas Stop Desahucios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han pedido que las viviendas de bancos, inmobiliarias o fondos de inversión como consecuencia de ejecuciones hipotecarias, sean expropiadas para destinarlas al alquiler protegido durante cinco años.
Los representantes de las plataformas Stop Desahucios de Álava, Kaleratzerik Ez de Bizkaia y Stop Desahucios de Gipuzkoa, Jose Arturo Val del Olmo, Imanol Arnaiz y Marcelino García, respectivamente, han comparecido ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Parlamento vasco, para exponer su opinión sobre diversos aspectos de la proposición de ley de vivienda de Euskadi.
Los portavoces han reclamado un cambio de las políticas de vivienda que se "adapte a las situación de emergencia habitacional" en la que se encuentra el País vasco, por lo que cree que la nueva normativa debe marcar el camino de la Política de Vivienda en Euskadi, así como las directrices de los futuros planes directores del Gobierno vasco.
En este sentido, ha defendido que no sirve "cualquier ley", sino que la situación actual reclama un "giro legislativo" hacia el alquiler, como forma de acceso a la vivienda, por ser una formula "más fácilmente reversible por incumplimiento de las condiciones de uso" y porque creen que la relación debería ser con el Gobierno vasco, y no con los bancos, ya que estos últimos "funcionan con unas criterios exclusivamente económicos, que no tienen en cuenta la situación de las familias".
Desde las plataformas, han afirmado que en el País vasco hay más de 80.000 familias demandantes de vivienda protegida, "con una media de ingresos que no les permite acceder a una vivienda en el mercado libre", y muchos de ellos pertenecen a colectivos que "merecen una especial protección" como pueden ser personas con discapacidades, víctimas de violencia de género, mayores de 60 años o menos de 30 años, entre otros.
Asimismo, han citado datos del Eustat que afirman que en el País vasco hay entre 80.000 y 116.000 viviendas desocupadas, según se incluya o no las viviendas de temporada. "El Gobierno vasco reconoce la necesidad de que movilizar estas viviendas y cifra en 40.000 viviendas las que se pueden movilizar", han señalado.
Para las asociaciones, estas viviendas podrían dar solución a los demandantes de alquiler inscritos, pero creen que el "problema" se encuentra en que "mantienen unos programas de incentivo del alquiler que ahora mismo no dan más de sí". "Apoyamos el espíritu y la iniciativa de leyes como la andaluza o la ley catalana y el giro hacia el alquiler de este proyecto de ley vasca", ha insistido.
Según ha explicado, proponen movilizar la vivienda deshabitada, pero no con la sanción sino "centrándose en la voluntad del propietario y aclarar que no haya causas justificadas para mantenerla deshabitada" y pide que considere vivienda vacía la que lleve seis meses desocupada, ya que actualmente a los dos años establecidos hay que añadir el trámite administrativo para declararla como tal, plazos que consideran "inadmisibles" en una situación de emergencia.
En el caso de las viviendas fruto de ejecuciones hipotecarias, y que pertenecen a bancos, inmobiliarias o fondos de inversión, proponen que se apruebe una expropiación de uso por cinco años, en lugar de los tres que propone el proyecto de ley del Gobierno. "Algunos partidos han pedido la supresión de este artículo y les pedimos que rectifiquen", han indicado.
LINEAS ROJAS
Tras reiterar que consideran el alquiler como "único tipo de vivienda protegida de promoción pública", han defendido una serie de "líneas rojas" que creen que deberían recogerse en el proyecto de ley de vivienda.
En concreto, han apoyado el derecho a la vivienda como derecho subjetivo y proponen que se amplíe su cobertura a losa tramos de ingresos más bajos de personas demandantes de vivienda en propiedad, al no poder acceder a la vivienda por falta de crédito bancario.
"Tenemos que romper con un sistema que hoy en día está adjudicando VPO sin sorteos, sin tener en cuenta baremos de necesidad, simplemente si pueden tener acceso al crédito bancario", ha criticado antes de afirmar que el 45 por ciento de los adjudicatarios de VPO se ven obligados a renunciar.
Por ello, proponen que la baremación para acceder a un alquiler de VPO tenga en cuenta los ingresos familiares, el número de miembros de la unidad familiar y otras circunstancias como tener familiar a su cargo, entre otros.
También plantean la posibilidad de expropiación de las VPO en régimen de propiedad, por uso indebido o por no habitarlas en el plazo de un año, ya que creen que estas situaciones "ponen de manifiesto que no hay una necesidad" de este tipo de vivienda. "Como se ha inversito un dinero público en esas viviendas y hay uso indebido, se deben recuperar y adjudicarse a otras personas que tengan más necesidad que estas", ha indicado.
Además, proponen una prohibición expresa de vender las VPO a fondos buitre para evitar que en Euskadi suceda lo que ocurre en Madrid que "provocarán miles de desahucios con la subida de las rentas". "El dinero público no debe de ir nunca a parar a manos privadas con carácter especulativo", ha reiterado.
También piden la creación de una Sociedad pública de vivienda y rehabilitación que coordine el conjunto de intervenciones en materia de vivienda de las distintas administraciones y que Alokabide, deje de ser una sociedad anónima y garantice la participación de los vecinos en la toma de decisiones.
