Afirma que la constatación "de una alarma social no justifica" que se decreten estas medidas
BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, comparte que no se hayan adoptado medidas cautelares contra Jordi Pujol Ferrusola, tras declarar este lunes en la Audiencia Nacional por el cobro de supuestas comisiones ilegales, ya que el momento procesal de la causa es "muy embrionario", y ha rechazado que se pueda comparar con el caso del extesorero del PP Luis Bárcenas, porque la situación es "radicalmente distinta".
Tras la celebración del Consejo Fiscal en Bilbao, Torres-Dulce ha asegurado que, "al hilo de la situación procesal del asunto, muy embrionario todavía", de la documentación de la que se dispone y de la actividad de los imputados, no hay elementos "bastantes para entender que cabía adoptar medidas cautelares".
A su juicio, no se dan "los elementos" establecidos por el Tribunal Constitucional "con mucha claridad" para decretar estas medidas, como son "infracciones de naturaleza grave" en las que el presunto autor "vaya a sustraerse a la acción de la justicia o que pudiera manipular elementos probatorios esenciales".
"Ninguno de estos elementos me transmite la Fiscalía Anticorrupción que se haya producido. Dado cuenta de que estamos en una situación procesalmente muy embrionaria del asunto, ellos han entendido, y yo estoy de acuerdo, en que no es el momento", ha reiterado. Asimismo, ha afirmado que el hecho de que las medidas cautelares no se adoptaran este lunes no significa que en el futuro no se pueda hacer.
Eduardo Torres-Dulce no teme que esta cuestión pueda trasladar "una mala imagen de la Justicia" a la ciudadanía, si se logra "comunicar que, en este momento, la adopción de medidas cautelares no se compadece con el estado de la causa procesal, con el posible grado de avance de la causa procesal y porque no se tienen a la vista ninguno de los elementos que el Tribunal Constitucional ha establecido como tales".
"ALARMA SOCIAL"
El Fiscal General del Estado ha subrayado que, pese a que se está utilizando "la alarma social, éste es un concepto caduco desde el punto de vista de la Jurisprudencia Constitucional, en el sentido de que entiende que el mero hecho de una constatación de una alarma social no justifica la adopción de medidas cautelares".
"Se trata de que la Fiscalía comprenda que no hemos adoptado las medidas porque no tenemos los elementos que la jurisprudencia del Constitucional exige. El bien más preciado de las personas es la libertad y su restricción tiene que ser siempre meditadamente dispuesta de acuerdo con aquellos criterios constitucionales que así lo marca", ha apuntado.
En su opinión, "las modernas sociedades deben tender a que el concepto de presunción de inocencia, de acumulación de pruebas, primen fundamentalmente sobre conceptos de escándalo social o alarma social que todos podemos compartir en cuanto a la noticia y la notoriedad de ciertos hechos", ha apuntado.
No obstante, ha precisado que estos supuestos hechos delictivos "hay que probarlos en el proceso, hay que tener la documentación precisa y hay que operar al respecto". "Y, en este caso, estamos en unos tiempos procesales incipientes, inmaduros para adoptar ese criterio", ha añadido.
DIFERENCIAS CON LA SITUACIÓN DE BÁRCENAS
El máximo representante del ministerio público ha rechazado las comparaciones que se han realizado entre las medidas adoptadas en el caso de Jordi Pujol Ferrusola y en el del extesorero del PP Luis Bárcenas, al considerar que "la situación es radicalmente distinta".
"Allí había un proceso muy avanzado, se habían constatado elementos que perturbaban gravemente el desarrollo del proceso respecto a las pruebas y los delitos eran de naturaleza claramente definidas y precisas", ha destacado.
