Creen que el Juez de Vigilancia Penitenciaria tiene que demostrar "que es el garante" de la legalidad acabando con esta situación
BILBAO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un total de 366 presos de ETA que cumplen penas en centros penitenciarios del Estado español pedirán al Juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, que acabe con su situación de dispersión, empezando por medio centenar que están enfermos, son mayores de 70 años o han cumplido 20 o más años de cárcel. Otros 97 lo harán en el Estado francés también por vía judicial, en una iniciativa sin precedentes en el Colectivo de Presos de la banda, EPPK.
A través de escritos de queja "individualizados" en los que cada recluso expone su trayectoria personal y los derechos que creen que se le han conculcado, los internos pretenden que el Juez de Vigilancia Penitenciaria demuestre "que es el garante" de la legalidad, pese a que la Fiscalía se pueda oponer al fin del alejamiento.
En caso de que se les deniegue la solicitud de "reagrupamiento en cárceles de Euskal Herria" por este órgano judicial, recurrirán a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; posteriormente, al Tribunal Constitucional; y, si fuera necesario, al Tribunal de Estrasburgo, según ha explicado el abogado de presos de ETA Iñaki Goioaga.
En este sentido, ha explicado que su "ambición" es que "los escritos de quejas" prosperen por vía jurídica en el Estado español. Sin embargo, han mostrado su disposición a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si fuera indispensable.
Según los datos que ha facilitado, en la actualidad, son 466 presos de ETA los que están dispersados en 77 cárceles. Seis de ellos, gravemente enfermos, se encuentran en situación de prisión atenuada; tres "dispersados en tres cárceles de Euskal Herria"; 357 en 44 prisiones del Estado español; 97 en 28 centros penitenciarios del Estado francés; uno en Inglaterra, uno en Portugal y uno en Alemania. De esta forma, un total de 190 reclusos están a más de 800 kilómetros de su lugar de origen.
Los presos gravemente enfermos que tramitarán su quejas en esta fase inicial (de 50 reclusos) son Josetxo Arizkuren Ruiz; José Ramón López de Abetxuko Likiniano; Inmaculada Berriozabal Bernas; Gari Arruarte Santa Cruz; Iñaki Etxeberria Martin; o Jose Miguel Etxeandia Meabe.
En cuanto a los internos con 70 o más años, se sumarán Pablo Gorostiaga González; Patxo Murga Luzuriaga; Txente Askasibar Barrutia; Sebastián Etxaniz Alkorta; Isidro Murga Luzuriaga; y Karlos Trenor Dicenta. "QUEJAS INDIVIDUALES"
Goioaga ha defendido que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional tiene la oportunidad de demostrar que es "el garante" del cumplimiento de la legalidad, acabando con la situación de dispersión de los presos de ETA, en base a las "quejas individuales" que están presentado en el órgano judicial por "vulneración de derechos humanos fundamentales y penitenciarios".
Los internos de ETA han decidido emprender la vía judicial para reclamar su traslado a cárceles vascas, después de que las peticiones que realizaron ante Instituciones Penitenciarias hayan sido denegadas.
En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, en la que ha estado acompañado de la abogada Haizea Ziluaga, Iñaki Goioaga ha señalado que esperan no tener que recurrir al Tribunal de Estrasburgo porque "sería triste que el mecanismo del Estado español funcione a través de impulsos internacionales".
"Lo que está en cuestión aquí es si se respeta o no el principio de legalidad y si estamos o no en un Estado de Derecho. En estos momentos, es inaceptable mantener la situación de dispersión y en estas condiciones", ha añadido.
A su juicio, esto "es indefendible, a no ser que se haga bajo criterios de crueldad o de venganza". "Vamos a ganar este recurso por la vía jurídica aquí, y ésa es la ambición que tenemos", ha manifestado.
Iñaki Goioaga ha afirmado que "se supone que en un Estado de Derecho hay una independencia del Poder Judicial". "Veremos también, en concreto, el papel de la Fiscalía en este recorrido", ha añadido, para mostrar su escepticismo ante la postura que pueda adoptar el ministerio público.
En caso de que el informe del Fiscal sea contrario a la pretensión de los reclusos, el letrado cree que tiene que ser el juez de Vigilancia Penitenciaria el que debe demostrar que "existe la división de poderes".
VÍA JUDICIAL
El abogado ha destacado que esta vía judicial tiene como antecedente las peticiones a la Administración Penitenciaria "del reagrupamiento en Euskal Herria en base al Derecho que tienen al cumplimiento de la condena cerca de sus lugares de origen".
Según ha recordado, estas solicitudes han sido denegadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que, en su respuesta, "deja bien a las claras que no existe un tratamiento personalizado e individualizado en el caso de los presos políticos vascos, sino una decisión política en cuanto al cumplimiento efectivo o no de sus penas".
A su juicio, de ello se deduce que "son criterios políticos" los que le llevan a "negar" el acercamiento. Tras la denegación de estas peticiones, un total de 50 presos --algunos lo han hecho ya-- han decidido insistir en esta petición, en esta ocasión, ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria. Se trata de seis reclusos enfermos, otros seis que tienen más de 70 años y otros 38 más que han cumplido 20 años o más de pena.
Iñaki Goioaga ha aclarado que no se está solicitando ningún beneficio penitenciario "ni nada extraordinario", sino que se reclaman "los derechos negados, limitados, intervenidos y condicionados por la medida de dispersión".
"La base fundamental de esa petición al Juez de Vigilancia Penitenciaria es el respeto al principio de legalidad constitucional, penitenciaria, internacional y todos los criterios de los convenios de derechos humanos que ha firmado el Estado español", ha añadido.
De esta forma, los presos presentarán los escritos de forma individual y cada uno planteará "su propia petición en la que explicará su caso, las circunstancias personales y aludirá las razones por las que se vulneran sus derechos".
DERECHOS "CONCULCADOS"
En la "queja" se recoge, de esta forma, que, al mantener su dispersión, se conculcan "el derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva, a la salud, a la familia, al arraigo social y cultural, el acceso a la cultura, a la lengua, a la educación, así como el derecho a la igualdad o a no ser discriminado por motivos políticos o ideológicos o el principio fundamental de que nadie pude ser sometido a un trato cruel e inhumano", entre otros.
A su juicio, con el alejamiento, no se respeta "lo recogido en la Constitución Española o en la propia legislación penitenciaria española", ya que la Ley Orgánica General Penitenciaria "establece la ubicación de los centros penitenciarios en el lugar más cercano al domicilio al efecto de evitar el desarraigo social".
En este sentido, recuerdan que "así lo establecen también los diferentes tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado español y que son de obligado cumplimiento". "En definitiva, el Estado español conculca el principio de legalidad. No hay ningún precepto legal donde se pueda justificar la actual política dispersión", aseveran.
Por ello, creen que ahora "se va a dilucidar el papel de garante de derechos del Juez de Vigilancia Penitenciaria, sabiendo que hay resoluciones internacionales, del Tribunal de Estrasburgo, en este sentido respecto a casos parecidos".
