BILBAO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El TSJPV celebrará el próximo 9 de mayo el juicio contra el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, para el que la Fiscalía solicita seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación especial para empleo o cargo público por supuesta pertenencia a ETA, al intentar reconstruir la mesa nacional de la ilegalizada Batasuna, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
El ministerio público considera, en su escrito de acusación, que el procesado, que fue detenido junto al resto de miembros de la dirección de Batasuna en octubre de 2007 en la macrooperación desarrollada en la localidad guipuzcoana de Segura, formó parte de "la clandestina mesa nacional que, de manera coordinada con ETA, intentaba conseguir la independencia de Euskal Herria mediante la utilización de la violencia".
Además, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, que ejercen la acusación popular, piden diez años de prisión, mientras el abogado del encausado, Iñigo Iruin, reclama la absolución, al defender que Arraiz no desarrolló "conducta alguna al servicio de las actividades y finalidades de la organización ETA ni actuó bajo su control", y que tampoco participó "en la estructura de una Batasuna clandestina reorganizada" ni en la renovación "de su dirección nacional".
El tribunal que juzgará al portavoz de Sortu estará integrado por el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, y los también magistrados de la Sala Civil y Penal Nekane Bolado y Roberto Sáiz.
Una vez señalado el inicio de la vista oral para el 9 de mayo, Iruin podría solicitar a las acusaciones que se aplicara a Hasier Arraiz el acuerdo alcanzado el pasado mes de enero entre las partes para los 35 dirigentes de la izquierda abertzale que fueron detenidos en Segura y acusados de reconstruir la cúpula de Batasuna. El acuerdo supuso que se les rebajara las penas de cárcel para evitar su entrada en prisión.
Los encausados en la Audiencia Nacional, para los que la Fiscalía solicitaba condenas de entre siete y diez años de prisión para cada uno, aceptaron penas que oscilan entre el año y medio y los dos años de cárcel tras reconocer que habían sido "instrumentalizados" por ETA.
El acuerdo alcanzado entre el ministerio público y las defensas, y que aceptaron la AVT y Dignidad y Justicia, suponía también que los procesados admitieran todos los hechos que se les imputaban, renunciaran a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia y señalaran que quieren que ese compromiso contribuya a la reparación de las víctimas del terrorismo por el sufrimiento causado.
El presidente de Sortu no fue juzgado en la Audiencia Nacional, junto a los otros 35 integrantes de Batasuna, EHAK-PCTV y ANV, al ser parlamentario de EH Bildu. En su calidad de aforado, Arraiz debe ser enjuiciado por la Sala Civil y Penal del TSJPV.
