"Es imprescindible una mayor bilateralidad, pero ha de partir del reconocimiento mutuo y respeto de nuestro marco competencial", dice
BILBAO/MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, ha reclamado, ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, "respeto" a las competencias en materia de Educación de Euskadi que "posibilite el desarrollo de nuestro sistema educativo basado en el consenso".
Cristina Uriarte ha intervenido este lunes en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara alta, que ha celebrado un debate monográfico sobre el Pacto Social Político por la Educación,
Educación.
En su discurso ante la Comisión, la consejera vasca ha reiterado las críticas del Gobierno vasco hacia la LOMCE por no respetar las competencias de Euskadi en materia educativa y ha lamentado que no se hayan atendido "las legítimas reivindicaciones" de la Comunidad Autónoma Vasca, lo que ha llevado a "acudir al Tribunal Constitucional en su defensa".
Asimismo, ha subrayado el Gobierno central, "más aún, ha ido actuando en la dirección de intentar ir reduciendo que nuestra competencias a base de nuevos recursos", de manera que ha "atacado" los decretos curriculares, la regulación de las evaluaciones o el sistema de becas y ayudas no universitarias, "pilar fundamental en garantía de los principios de igualdad y equidad en el acceso a la Educación".
En este contexto, ha considerado que "resulta difícil escuchar las voces que hablan de pacto", mientras, en lo que se refiere al País Vasco, "se ha obviado incluso el reconocimiento del marco competencial establecido".
Uriarte ha apuntado que, "desde una visión integral de la educación, compartimos la necesidad de avanzar en la calidad del sistema, en nuestro caso del sistema educativo vasco, promoviendo la equidad, la cohesión social, la educación en valores, el respeto a la pluralidad y libertad de pensamiento y creencias, así como los derechos humanos y la defensa de la diversidad".
La Educación básica, ha añadido, "ha de garantizar el derecho a la educación de todas las personas, por lo que, desde un planteamiento ético en clave de equidad y justicia social, la educación debe proporcionar igualdad de oportunidades sin discriminaciones de ningún tipo y desempeñar un papel compensador de las diferencias económicas, sociales, culturales y personales, con el reto de conseguir que todos los y las estudiantes adquieran las competencias básicas, tanto disciplinares como transversales".
No obstante, ha precisado que este planteamiento "no puede impedir que el mayor número posible de alumnos y alumnas alcance el nivel de excelencia".
La consejera ha destacado que Euskadi cuenta con "un sistema educativo complejo, con buenos indicadores de escolarización, de éxito, y de bajo fracaso escolar, de número de titulados y graduados, de equidad, de atención a la diversidad, de atención a las necesidades educativas especiales, con una Formación Profesional muy valorada en el entorno europeo...".
También ha señalado que el sistema vasco tiene "retos lingüísticos difícilmente comparables" y contiene "las trazas, las características, definidas por diferentes gobiernos, profesorado, familias y el resto de agentes educativos".
Según ha indicado, el sistema educativo vasco se ha ido construyendo "basándonos en el consenso y en el acuerdo y, sobre todo, en el desarrollo de nuestras competencias" otorgadas por el Estatuto de Gernika. "Exigimos sean respetadas", ha defendido.
Uriarte ha explicado, en el Senado, que el Gobierno vasco tiene como objetivo, en esta nueva legislatura, lograr un pacto educativo que permita aprobar una nueva Ley Vasca de Educación, que "va a necesitar amplios consensos con la comunidad educativa y, también, en el seno del Parlamento".
En esta línea, ha insistido en que "la posición del Gobierno vasco ante el Pacto Político y Social por la Educación del Estado no puede ser otra que la de exigir, como venimos haciendo, el respeto a las competencias en materia de Educación de Euskadi, que posibilite el desarrollo correspondiente de nuestro sistema Educativo, un sistema educativo basado en el consenso".
BILATERALIDAD DESDE EL RESPETO
La consejera vasca ha reivindicado que "es imprescindible una mayor bilateralidad" entre el Estado y la comunidad autónoma en el ámbito de la Educación, "pero ha de partir del reconocimiento mutuo y respeto de nuestro marco competencial".
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y los consejeros del ramo de las comunidades autónomas y portavoces grupos parlamentarios han celebrado este lunes un debate monográfico en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, con el objetivo de incorporar su diagnóstico del sistema educativo y sus aportaciones de cara al futuro pacto que se está negociando en la Subcomisión del Congreso de los Diputados.
La última Comisión General del Senado dedicada a la Educación tuvo lugar en octubre de 2013, en la que el entonces titular José Ignacio Wert debatió con todos los consejeros sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que se aprobó un mes y medio después de dicho encuentro. Allí, se comprometió a revisar el calendario de aplicación de la normativa, a petición de los responsables autonómicos, para ponerla en marcha de forma escalonada.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas, creada en la reforma reglamentaria de 1994, es el órgano de la Cámara alta que representa la voluntad de conversión en cámara territorial de acuerdo con el mandato de la Constitución. Integra en un mismo órgano a senadores y representantes del Gobierno del Estado y de las autonomías que pueden intervenir en sus sesiones y solicitar su convocatoria.
El debate educativo continuará a los largo de la semana con la comparecencia el martes 28 de marzo del exministro José Ignacio Wert en la Subcomisión del Congreso.
Asimismo, el jueves 30 de marzo, Méndez de Vigo volverá a reunirse con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación, que se celebra en su departamento, donde abordarán el Plan de Convivencia Escolar y las oposiciones a maestros y profesores, tras la decisión del Gobierno de aprobar un decreto ley para desvincularlas de los Presupuestos Generales, entre otros asuntos.
