MÉRIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los cuatro grupos de la Asamblea han terminado esta semana el trabajo desarrollado durante los dos últimos años de cara a elaborar un nuevo reglamento de la propia Cámara con la aprobación de algunas de las enmiendas presentadas, y cuyo resultado deberá ser aprobado en el último Pleno del periodo de sesiones previsto para el próximo 25 de julio.
Durante la reunión de la Comisión de Reglamento se abordaron 115 enmiendas, de las cuáles han sido aprobadas 62, de entre las cuales, la que mayor atención ha acaparado ha sido la relativa a la asignación que los diputados percibirán una vez que abandonen su escaño.
Se trata de una propuesta planteada por el Grupo Parlamentario de Podemos, que ha sido aprobada por unanimidad, y que consiste, según la diputada de la formación morada Jara Romero, en que los diputados de la Cámara regional puedan "cobrar" una remuneración "similar a lo que cobraría si estuviera en el paro" cuando terminen su actividad parlamentaria. Es, "simplemente", una retribución "para tener la seguridad" de poder incorporarse al mercado laboral.
Lo cierto es que tras conocerse la aprobación de dicha enmienda en la comisión celebrada el martes, todos los grupos parlamentarios comparecieron ante la prensa al día siguiente para ofrecer sus explicaciones acerca de la medida.
Se trata de una asignación que ya está "prácticamente en todos" los parlamentos autonómicos, y que se aplicará mientras el Congreso elabora la norma que permita a los diputados cotizar a la Seguridad Social para poder cobrar el paro, como ya ocurre, por ejemplo, con los cargos públicos de los ayuntamientos.
Lo que aún falta por detallar será la cuantía que percibirán los exdiputados, y siempre que no tengan otros ingresos, si bien el diputado socialista Jorge Amado indicó en su comparecencia que será "literalmente" la que "corresponda por derecho a paro".
Por su parte, el diputado 'popular' José Ángel Sánchez Juliá también ha asegurado que dicha "prestación" es "exactamente igual" a la que existe en otros parlamentos y "exactamente igual" a la que perciben alcaldes y concejales que están liberados y que, una vez que cesan su actividad, pasan a una situación de desempleo.
Finalmente, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez ha defendido que este aspecto ya está recogido en "otros parlamentos" y ha añadido que "si esto se hace aquí es porque será posible".
El interés por esta novedad que recogerá el reglamento también ha sido valorada por la propia presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, que fue preguntada por los medios de comunicación y que subrayó que no se trata de ninguna indemnización, y que además queda al amparo "de lo que pase después de esa negociación sobre el convenio con la Seguridad Social, con el ministerio, y de la Mesa y la Junta de Portavoces".
'DECLARACIÓN DE EXTREMADURA'
La presidenta de la Cámara extremeña analizó este asunto durante su comparecencia con motivo de la celebración de uno de los puntos de interés de la actividad parlamentaria de esta semana, como es la reunión en Mérida de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (Coprepa) , de carácter extraordinario, y de la que sale como resultado la 'Declaración de Extremadura'.
Un acuerdo en el que se pone de manifiesto que los fondos de cohesión siguen siendo "necesarios" y que el aumento de las desigualdades supone una "amenaza" para el futuro de Europa.
Asimismo, y tal y como avanzó la presidenta de este foro parlamentario, y a su vez presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, los legislativos regionales españoles celebrarán en el mes de noviembre un encuentro en las Cortes de Aragón para fijar una posición común sobre los "desafíos" actuales que se trasladará en la Conferencia de Asambleas Regionales Europeas (Calre) en Azores (Portugal).
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, EN MÉRIDA
Un encuentro de presidentes de parlamentos nacionales que se ha celebrado en Mérida la misma semana en la que la Mesa del Congreso de los Diputados se ha desplazado hasta la capital extremeña para celebrar el 40 aniversario de la Constitución Española, así como los 35 años de Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Dicho acto, en el que se ha puesto de manifiesto que la Carta Magna es un "poderoso instrumento de cohesión generador de riqueza y bienestar", contó con las intervenciones de la presidenta del Congreso, Ana Pastor; de la Asamblea, Blanca Martín; y el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.
Del acto surge una declaración institucional conmemorativa de ambas efemérides en la que se resalta que el modelo autonómico, que reconoce los derechos derivados de la "diversidad" de la nación española, ha representado un instrumento de "gran valor" para el desarrollo y la modernización de que se han extendido por todo el territorio de España en las últimas décadas.
CAMBIOS EN LA LEGIO
En el plano legislativo, esta semana ha concluido el plazo para la presentación de alegaciones para una de las normas que mayor interés está suscitando en la última parte de la legislatura, como es la Propuesta de Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO), que ya tiene fecha de aprobación, el próximo 25 de julio.
Lo hará gracias a la anunciada abstención del Grupo Popular, que además ha renunciado a presentar enmiendas parciales a pesar del "demoledor" dictamen del Consejo de Estado y para no participar en "ningún engaño colectivo" sobre este asunto, según dijo el diputado 'popular' Víctor del Moral.
Por su parte, Podemos sí ha presentado enmiendas, un total de 50, con las que pretende eliminar las medidas "disparatadas" que contiene una ley que considera un "fiasco", después de que un grupo inversor anunciara días atrás su renuncia a su instalación en la comarca de La Siberia por no encontrar las "condiciones" necesarias para la instalación de su proyecto.
Quien también ha presentado propuestas para modificar el texto original de su propia propuesta de ley es el Grupo Socialista, con el objetivo de adaptar el texto al dictamen del Consejo de Estado, fundamentalmente.
Entre los cambios introducidos, el portavoz socialista Valentín García ha señalado que se mantendrán todos los criterios para los proyectos que quieran acogerse a los beneficios que garantiza esta ley, salvo el de la extensión mínima a ocupar, que se reduce de las 1.000 hectáreas iniciales hasta 300.
De esta forma, se mantienen como requisitos para que los proyectos sean considerados grandes instalaciones de ocio una inversión de 1.000 millones de euros, la creación de 2.000 puestos de trabajo, 3.000 plazas de alojamiento.
El propio García ha detallado otras de las leyes anunciadas por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, durante el Debate sobre el Estado de la Región, en este caso la propuesta de Ley de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura, que ya ha sido registrada, y que contempla, entre otras novedades, la creación de un organismo de conciliación con el que se pretende resolver conflictos sobre competencias entre un ayuntamiento y la Junta, o bien entre corporaciones locales, que sirva como instancia previa a la vía judicial.
Por último, cabe destacar que Juan Antonio Morales ha abandonado el Grupo Popular, pasando a ser diputado no adscrito, una vez que ha abandonado el partido y ha renunciado a todos los cargos que ostentaba, entre ellos el de secretario general en la provincia de Badajoz, por sus diferencias con la dirección del partido.
