MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La organización agraria APAG Extremadura Asaja ha considerado que el documento de trazabilidad implantado por la Junta de Extremadura será "práctico y positivo" para los productores de uva y aceituna de la región, aunque cree que la norma es "un poco laxa" en el control de los puestos de compra "en la exigencias documentales".
De esta forma ha valorado el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, en rueda de prensa en Mérida, el decreto sobre la trazabilidad de las uvas y las aceitunas sin transformar, aprobado el pasado 21 de octubre, y que a su juicio "recoge el 90 por ciento de las alegaciones y peticiones" que esta organización trasladó a la Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura.
En su intervención, Metidieri ha señalado que la organización ha realizado un "exhaustivo estudio" de la norma que prevé controlar los robos en el campo extremeño y garantizar la seguridad alimentaria, y de la que ha destacado la "sencillez y claridad" de este documento que va a ser "práctico y positivo" para los agricultores dedicados a la uva y aceituna, donde se concentra, sobre todo, el problema de robos en explotaciones agrarias de la comunidad autónoma.
Según ha señalado, este documento da "luz verde a importantes requisitos", aunque ha considerado la norma es "un poco laxa" en el control de los puestos de compra en las exigencias documentales, según informa APAG Extremadura Asaja en nota de prensa.
En este sentido, ha matizado que el anteproyecto "era mucho más exigente a la hora de solicitar más requisitos para poder crear u ostentar la titularidad de uno de estos puestos", ha señalado Metidieri, quien también ha apuntado que esta norma "solo" va a ser aplicable a la uva y aceituna, cuando en un principio iba a abarcar cualquier producto agrario.
Asimismo, ha puesto el acento en que el Decreto publicado "fija una carga mínima de uva y aceituna para tener que cumplir los requisitos que establece en su articulado", como son 25 kilos, de tal forma que si una persona transporta más de esa cantidad de aceitunas y uvas sin transformar desde la explotación agrícola hasta el primer establecimiento, "deberá cumplir al dictado esta normativa si quiere evitar las sanciones económicas estipuladas en la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria".
Sobre este punto, ha hecho referencia a las sanciones para quienes no cumplan las obligaciones de esta nueva norma, ya sea operadores y/o transportistas, que ascenderán de los 20.000 a los 600.000 euros, y ha resaltado la importancia que supone el establecimiento de fechas de finalización de las campañas, que será el 15 de octubre para la uva, y el 1 de marzo para la aceituna.
Por último, el presidente de APAG Extremadura Asaja ha recalcado la "coordinación y colaboración" solicitada desde el nuevo Decreto para que todos los agentes implicados, tanto ayuntamientos como organizaciones y cooperativas agrarias, guarderías rurales y la propia Delegación de Gobierno en Extremadura, para luchar contra los robos.
