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MÉRIDA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Extremadura ha aprobado un decreto por el que se regula la composición y el funcionamiento del Consejo Extremeño de Consumidores, principal órgano consultivo, asesor y de participación en materia de consumo que está integrado por representantes de las organizaciones de consumidores y usuarios de ámbito regional.
De acuerdo con el decreto, el Consejo Extremeño de los Consumidores estará compuesto por un presidente, dos vocales en representación de cada una de las asociaciones de consumidores de ámbito autonómico, legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de Consumidores de Extremadura (uno de los cuales actuará como vicepresidente) y un secretario.
El presidente será nombrado por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo de Extremeño de Consumidores, con el voto favorable de dos tercios de los vocales del mismo, entre personalidades de reconocido prestigio en la defensa de los consumidores y usuarios.
Con la nueva composición se pretende que el Consejo de Consumidores y Usuarios ofrezca a las organizaciones de consumidores una estructura institucional y medios suficientes para "unir esfuerzos y adoptar posiciones comunes en la defensa de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios", según ha informado el Gobierno de Extremadura en nota de prensa.
Entre las funciones del Consejo se encuentran el instar a las distintas administraciones públicas y organizaciones privadas para que promuevan y organicen actividades en defensa de los derechos básicos de los consumidores, y proponer a las administraciones públicas cuantas cuestiones se consideren de interés para los consumidores y usuarios, informando de ello al Instituto de Consumo de Extremadura.
También se encargará de solicitar la necesaria información y fomentar la cooperación recíproca en esta materia con la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Administración General del Estado y las corporaciones locales de la región, así como de fomentar el diálogo entre las asociaciones de consumidores y otros agentes económicos y sociales, en temas relacionados con la defensa de los consumidores, además de promocionar la conciliación y el arbitraje.