El contrato de Canal de Isabel II con Cáceres no se puede rescindir hasta los cinco años y sería de mutuo acuerdo

 

El contrato de Canal de Isabel II con Cáceres no se puede rescindir hasta los cinco años y sería de mutuo acuerdo

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Elena Nevado, alcaldesa de Cáceres
EUROPA PRESS
Publicado 06/07/2017 11:13:13CET

CÁCERES, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha recordado que el contrato del ayuntamiento y la empresa Canal de Isabel II, que gestiona el servicio integral del agua en la ciudad, no se puede rescindir hasta pasados cinco años desde su firma, es decir, hasta marzo de 2020, y siempre de mutuo acuerdo, por lo que ha lanzando un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores y a los cacereños porque el servicio del agua "está garantizado".

Nevado ha incidido en que el contrato con la empresa pública está en vigor e insiste en que "nadie" obligó a la empresa a concursar por la gestión del agua en Cáceres, ya que vino de "manera voluntaria" porque "le interesa el contrato y porque es rentable".

En ese contrato están establecidas las condiciones de la concesión del agua que "impiden que se marchen de manera voluntaria", ha dicho la regidora, y donde se contempla que "tendrían que estar, como mínimo, cinco años para poder plantear alguna posibilidad de salida como la que se está hablando", añadió.

En ese sentido ha recordado que Canal de Isabel II está "analizando" todos los contratos que tienen tanto en Latinoamérica como en España (Cáceres y Lanzarote), porque hay una nueva directiva en vigor y "es obligado que tiren de los cajones" que "vean papel por papel", aseguró la regidora cacereña.

"En Cáceres no van a tener ningún problema y, desde ese punto de vista, quiero transmitir tranquilidad", ha recalcado Nevado en un encuentro con los medios antes de inaugurar en el edificio Embarcadero la cuarta edición del proyecto 'Vives Emplea Cáceres' que organiza el ayuntamiento junto con Acción Contra el Hambre con el objetivo de apoyar a mujeres desempleadas.

A la pregunta de si la empresa puede vender o ceder su contrata a un tercero, Nevado ha indicado que "el contrato es la ley entre las partes" y "ellos no podrían ceder el contrato a un tercero, a priori, y menos sin el consenso del ayuntamiento". "Podríamos llegar a rescindir el contrato de mutuo acuerdo pero tendrían que contar con el ayuntamiento", aclara.

"Es verdad que trabajar con una empresa pública es más transparente pero genera más problemas a la hora de gestionar diariamente porque los proyectos y las inversiones se tienen que licitar y son cuantías muy importantes porque superan los diez millones de euros y por lo tanto hay que publicarlo hasta el Boletín de la Unión Europa", indicó Nevado que, no obstante, considera que "eso es una garantía para la gestión del dinero público" porque "si lo gestionara una empresa privada podría adjudicar al día siguiente".

"NO HAY QUE ALARMARSE"

En todo caso, para la alcaldesa cacereña lo importante es que "el contrato está en vigor". "A corto plazo no nos tenemos ni que ocupar de ello porque en cinco años no podrían hacer absolutamente nada", insiste al tiempo que matiza que la empresa habla de "analizar" los contratos pero "no hay que alarmarse ni ir más allá de esa expresión".

Cabe recordar que el consejero de Presidencia y Justicia y presidente de Canal de Isabel II, Ángel Garrido, ha indicado este miércoles que la empresa valorará la posibilidad de acabar con su actividad en Cáceres y Lanzarote siguiendo la estela de la decisión adoptada para sus empresas en Latinoamérica, que ha decidido cerrar.

Así lo ha afirmado en un desayuno informativo celebrado este pasado miércoles, en el que tuvo lugar la primera Junta General de Accionistas tras destaparse la trama Lezo, que implica supuestas irregularidades cometidas en el seno de la empresa de aguas madrileña.

Desde el Ayuntamiento de Cáceres se recuerda que el contrato con Canal de Isabel II se firmó en marzo de 2015, cuenta con una vigencia de 24 años y se debe cumplir en base a las cláusulas que fija las condiciones del mismo, tanto de aplicación como de rescisión, que siempre debería ser de mutuo acuerdo, por lo que el servicio sigue con "total normalidad".

El contrato incluía un canon inicial de 30 millones de euros con un "exceso de canon" de 9 millones en cuatro años, además de inversiones fijas por valor de 13 millones de euros, a ejecutar en 15 años, y mejoras de inversión por valor cercano a 10 millones de euros a ejecutar en los 5 primeros años.

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