MÉRIDA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CSI-F ha lamentado que el Gobierno central apueste por "modelo de gestión privada" en las prisiones, algo que "deja claro" después de este miércoles hayan las prisiones de Cáceres y Badajoz cuenten con vigilancia privada.
Unos vigilantes que "realizarán turnos de trabajo de 24 y de 12 horas", y que se contratan "mientras existe una oferta de empleo privado de 800 trabajadores anuales", y la oferta de empleo público para Instituciones Penitenciaria "en los últimos años ha sido de 84 empleados para la apertura entre 2009 y 2012 de 14 Centros de Inserción Social (cuya relación de puestos de trabajo de cada centro es de 100 efectivos) y cinco macrocentros".
En nota de prensa, el sindicato CSI-F ha considerado que la oferta de empleo público "es insuficiente para un sector prioritario" y para "la calidad del servicio que presta este colectivo de funcionarios que pone en riesgo sus vidas por la cantidad de agresiones que sufre cada año", señala el sindicato.
Lamenta que hasta ahora, el Ministerio del Interior "no ha trasladado a los agentes sociales el precio del servicio ni el montante total que supone la contratación de este personal", mientras que a aquellos servicios cuya prestación necesite el uso de arma "se le aplicará un sobrecoste y la duración del contrato será de un año, contemplándose la posibilidad de prórroga".
Ante esta situación, CSIF entiende que "prevalecen los intereses económicos a una buena gestión de los recursos humanos" de la Institución Penitenciaria, con un gasto público para empresas privadas que considera "totalmente inaceptable".
