Diputación de Badajoz denuncia ante la Fiscalía a los bomberos en ayuno por considerarlo "huelga en fraude de ley"

Actualizado 04/08/2006 17:47:40 CET

MÉRIDA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios jurídicos de la Diputación de Badajoz interpusieron hoy una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial contra los bomberos que mantienen o han mantenido el ayuno voluntario, por entender que se trata de una "huelga en fraude de ley".

Fuentes de la diputación pacense indicaron a Europa Press que los servicios jurídicos de la institución provincial han presentado la denuncia para que la fiscalía se pronuncie al respecto, dado que consideran que los ayunos voluntarios son "constitutivos de delito".

Al respecto, las citadas fuentes se refieren a la "vinculación" entre el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI), al que pertenecen los bomberos en ayuno, y el Plan Infoex de lucha contra los fuegos forestales, en el sentido de que los profesionales del órgano provincial también están encuadrados en este operativo durante la época de máximo riesgo, que es el verano.

Además, aluden a lo que "está suponiendo para los ciudadanos esta actitud", en referencia al elevado número de bajas entre los efectivos que prestan este servicio público.

La diputación apostilla que esta denuncia es colectiva, es decir, se refiere a todo el conjunto de los que siguen el ayuno voluntario. Por tanto, "no exime de acciones judiciales posteriores a título individual" contra personas concretas, para determinar si las bajas obtenidas "son fraudulentas" o el "carácter de voluntariedad" de las mismas, dado que se trata de un estado de salud provocado por los propios que han optado por el ayuno.

CÓDIGO PENAL

Cabe añadir sobre la denuncia presentada y las que puedan ejercitarse a título individual que desde la diputación se invoca el artículo 409 del Código Penal, cuyo texto es el siguiente:

"A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses".

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