Extremadura cumplió en 2012 con la estabilidad y presentó "deficiencias" en sistema contable, según Tribunal de Cuentas

Publicado 16/01/2015 15:39:04CET

MÉRIDA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha destacado que Extremadura cumplió en 2012 con el objetivo estabilidad presupuestaria establecido adoptando medidas de ahorro y de reducción de su sector público, al tiempo que ha señalado "diversas deficiencias" en relación al sistema contable y presupuestario y a la información facilitada sobre los plazos para el pago a los proveedores, incluyendo varias recomendaciones al respecto.

El pleno de este tribunal ha aprobado el 'Informe de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2012', el cual ha destacado que la Cuenta General de la comunidad fue rendida dentro del plazo legalmente establecido y, con carácter general, las cuentas anuales que la integran se presentaron "de conformidad" con los principios y normas contables aplicables.

El informe ha indicado que Extremadura ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido para el ejercicio 2012, cifrado en un déficit del -1,5 por ciento de su PIB regional, al haberse registrado un déficit del -1,03 por ciento del PIB regional en ese año, con lo que la comunidad quedó exenta en 2013 de la formulación de un plan económico-financiero.

El importe total de obligaciones reconocidas netas de la Administración General de la Comunidad en 2012 fue de 4.579 millones de euros, experimentando una reducción interanual del 9 por ciento tras alcanzar un grado de ejecución del 89 por ciento, según ha informado el Tribunal de Cuentas.

Asimismo se procedió a la contabilización al cierre de 2012 de acreedores pendientes de aplicar a presupuesto por 11,7 millones de euros, que correspondían a deudas en concepto de tributos locales correspondientes a los ejercicios 2008 a 2012, "sin que se hayan acreditado las razones que motivaron la ausencia de su registro presupuestario y contable en los ejercicios precedentes", según ha informado el Tribunal de Cuentas.

De igual forma, el Informe de Fiscalización ha indicado que permanecen sin desarrollar los módulos del sistema de información contable correspondientes a compromisos de ingresos y gastos con financiación de ingresos, sin que se haya concluido el sistema integral de gestión de ingresos, que "vuelve a sufrir dilaciones en su implantación".

Tampoco se había concluido en 2012 el desarrollo de la contabilidad patrimonial que permitiese la "conexión completa y actualizada" de los registros contables y patrimoniales, ni se produjo el desarrollo reglamentario de la gestión del patrimonio público del suelo, según este mismo informe.

A excepción del Servicio Extremeño de Salud, en el ejercicio se han reducido "significativamente" las aportaciones de la Administración extremeña al resto de entidades públicas administrativas. De acuerdo con las recomendaciones realizadas en informes de fiscalización precedentes, se ha hecho uso de la no disponibilidad de los créditos de transferencias a las entidades que tenían remanentes de tesorería suficientes.

DEUDA VIVA DEL SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La deuda viva efectiva total del Sector Administración Pública de Extremadura ascendía, a 31 de diciembre de 2012, a 2.435,6 millones de euros, experimentando un incremento interanual del 20,5 por ciento, sin que se excedieran los límites autorizados para formalizar su deuda.

En relación con ello debe destacarse que "una importante parte" de la deuda comercial se ha transformado en financiera al acogerse al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores promovido por el Estado, habiéndose destinado al mismo 227,9 millones de euros, de los que 164,2 millones de euros correspondían al Servicio Extremeño de Salud, lo que ha permitido que la comunidad saldase "gran parte de su deuda comercial, y el resto casi en su totalidad, a la Administración General".

Asimismo, Extremadura ha incumplido en 2012, al igual que en 2011, la obligación de elaborar un informe trimestral en el que se analice el cumplimiento de los plazos para el pago en las operaciones comerciales y, en consecuencia, "no puede acreditarse que se haya realizado un seguimiento del grado de cumplimiento de los límites establecidos por la Ley 15/2010".

Por lo que se refiere a la gestión del gasto sanitario gestionado por el Servicio Extremeño de Salud, el gasto en farmacia hospitalaria y material sanitario (122,9 millones de euros y 105 millones de euros, respectivamente) "continúa excediendo las dotaciones presupuestarias previstas".

Respecto a la contratación pública, el Informe de Fiscalización concluye que "debe mejorarse" la justificación de la necesidad de los contratos tramitados y, por otra parte, "no consta" que los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares "hayan sido debidamente informados por los órganos de asesoramiento jurídico".

Así, el Tribunal de Cuentas ha informado de que se mantienen las recomendaciones en relación con la implantación de módulos del sistema de información contable, la introducción en la Ley de Hacienda de la imputación presupuestaria de la variación neta de las operaciones de endeudamiento a corto plazo, la adopción de medidas normativas para la formación y rendición de presupuestos independientes por determinadas entidades, la traslación a contabilidad nacional de las previsiones presupuestarias, la implantación de la contabilidad patrimonial y la depuración de deudores.

Finalmente, se formulan nuevas recomendaciones, destacando las dirigidas a armonizar y homogeneizar la normativa extremeña con la del Estado en materias como la determinación del ámbito subjetivo, el régimen de rendición de cuentas de entidades no mayoritarias y la remisión al Tribunal de información sobre los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del control financiero, así como la necesidad de elaboración de un nuevo plan general de contabilidad pública adaptado al Plan marco aprobado por el Estado por Orden 1037/2010, de 10 de abril.

Por último, se insiste en la "necesidad" de dotar de presupuestos y cuentas independientes a los Organismos Autónomos y Entes Públicos que rinden sus cuentas integradas con las de la Administración regional y se alude a la "necesidad" del desarrollo de manuales de procedimientos de selección de personal por parte de las fundaciones y consorcios públicos autonómicos.

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