La Junta de Extremadura niega que se hayan paralizado los pagos de las prestaciones de la Ley de Dependencia

Actualizado 04/03/2011 16:30:30 CET

MÉRIDA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) ha desmentido que no se hayan paralizado los pagos de las prestaciones a personas que han solicitado la Ley de Dependencia.

De esta forma ha respondido el Sepad, a través de nota de prensa, a las declaraciones realizadas por la diputada del PP Cristina Herrera, quien ha alertado sobre el "retraso" que sufre tanto la valoración de las personas como el pago de las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia.

Ante estas críticas, el Sepad ha aclarado que el trámite de los pagos de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, tanto de las vinculadas al servicio como de los entornos, "se realiza de forma general a mes vencido, una vez terminado la mensualidad a la que hace referencia".

Así, ha señalado que las órdenes de pago correspondientes al mes de enero, se han emitido a lo largo del mes de febrero, mientras que "de manera excepcional, las órdenes correspondientes al mes de febrero se han tramitado durante las últimas jornadas de dicho mes, en vez de esperar al mes de marzo".

Añade que "únicamente se han tramitado con fecha posterior a las mencionadas, los pagos de los nuevos beneficiarios dados de alta en las últimas fechas".

NO SE HA DEJADO DE ATENDER

Por tanto, el Sepad ha aclarado que "en ningún momento se ha dejado de atender a personas en situación de dependencia a las que les ha sido reconocida su condición", sino que todas las personas con necesidad de ayuda a causa de una condición de salud alterada o una edad avanzada "están siempre atendidas en Extremadura" sea a través de esta ley o del sistema de servicios sociales que está instaurado en Extremadura desde 1987.

Así, el Sepad ha recomendado al PP "una vez más", que "antes denunciar estos retrasos en dependencia se repase la Ley, ya que no es un sistema para otorgar prestaciones económicas", sino que es un procedimiento administrativo que reconoce un derecho al ciudadano a través de alguna de las medidas contempladas en la Cartera de Servicios.

"Esto significa que la atención directa a la situación de necesidad de ayuda se está ofreciendo conforme a criterios sociales objetivos desde antes incluso de la resolución del expediente", concluye.