MÉRIDA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral, ha defendido la presunción de inocencia de los funcionarios de su departamento que impartieron cursos de formación a los trabajadores de las nuevas ITV en concesión administrativa, al menos mientras no concluya el trámite de información reservada abierto para comprobar su actuación.
Del Moral ha vuelto a defender la limpieza y transparencia del proceso de adjudicación de las ocho nuevas estaciones de ITV de la región a la empresa Itevebasa en régimen de concesión administrativa, en una comparecencia a petición propia ante el Pleno del Parlamento de Extremadura.
Tras su intervención, en la que ha defendido la actuación de su departamento, así como las mejoras que supone la ampliación de la red para los ciudadanos, algunos de los cuales, según ha dicho, se ahorran más de 200 kilómetros de desplazamiento para pasar la inspección, ha escuchado, como él mismo ha reconocido, "gruesas" palabras contra su gestión.
Entre ellas, una petición de dimisión por parte del Grupo Socialista, por su "incompetencia manifiesta" y por los "chanchullos" en torno a su departamento, según las palabras del diputado Francisco Macías.
Por su parte, desde IU han solicitado la apertura de una investigación "seria y contundente" sobre lo ocurrido y, en caso contrario, el diputado Víctor Casco también ha solicitado la dimisión del consejero. Mientras, desde PREx CREx han solicitado las "explicaciones" necesarias para aclarar este "lío", en el que "algo huele a podrido".
El consejero extremeño ha comparecido para responder a las "mentiras y medias verdades" vertidas sobre este tema, a raíz de la publicación de una serie de informaciones relativas al cobro entre 800 y 1.200 euros a los aspirantes a trabajar en las nuevas ITV, gestionadas por una empresa en régimen de concesión administrativa.
Del Moral, como ya había realizado días atrás, ha explicado que estos cursos fueron impartidos por funcionarios de su departamento, y que estaban autorizados para ello conforme a la legislación vigente.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Por todo ello, considera que se está haciendo "un flaco favor a la presunción de inocencia" de estos funcionarios que tenían el "visto bueno" de la consejería, en total 14, y que cobraron lo que legalmente les corresponde, según Del Moral, al menos mientras no se demuestre lo contrario, ha dicho, en las investigaciones derivadas del trámite de información reservada abierta en la consejería.
El mandatario regional ha vuelto asimismo a defender la necesidad de impartir estos cursos en colaboración con la Universidad de Extremadura, dado que en la región, al contar anteriormente con una red de estaciones de ITV públicas, no tiene profesionales con la formación requerida para ello, y que no había academias privadas que la impartiera.
En total, realizaron estos cursos 204 aspirantes, impartidos por 14 trabajadores públicos, a los que se habilitó para dedicar a este fin un máximo de 75 horas en la primera edición de los cursos, y de 125 en la segunda. Por esta tarea percibieron, según del Moral, 30 euros por hora de tutoría o clase práctica y 60 euros por hora de ponencia.
PROCESO LEGAL Y TRANSPARENTE
Del Moral ha vuelto a defender el "modelo mixto" elegido por su departamento para cumplir con el compromiso electoral de completar la red de estaciones de ITV, que al inicio de la legislatura contaba con 12 sedes y va a finalizar con 20.
Asimismo, ha subrayado la "absoluta legalidad y transparencia" del proceso de adjudicación de las nuevas estaciones, repartidas en dos bloques, a la misma empresa, Itevebasa, debido a que ofrecía la oferta más ventajosa de cuantas se presentaron a ambos bloques.
Según datos de su departamento, en las primeras semanas de funcionamiento de las seis estaciones abiertas hasta la fecha (Herrera del Duque, Don Benito, Logrosán, Azuaga, Jerez de los Caballeros y Valencia de Alcántara), han realizado 9.580 inspecciones, de las cuales, el 25 por ciento de los vehículos realizaron la anterior fuera de la región.
Además, Del Moral ha reiterado que las otras dos estaciones que está previsto que se pongan en funcionamiento en Extremadura, las de Jaraíz de la Vera y Castuera, lo harán antes de que finalice la legislatura.
"UN TRAJE A MEDIDA"
Por su parte, el diputado del Grupo Socialista Francisco Macías ha pedido la dimisión de Víctor del Moral, a quien ha definido como el peor consejero de Fomento de la historia de Extremadura, y a quien ha hecho responsable de lo que ha señalado como "un pelotazo de 187 millones de euros", en relación a la gestión de las ITV concedidas durante 25 años.
Según ha dicho, el concurso fue "un traje a medida" a una empresa "relacionada con el PP de Orihuela, donde nació la trama Gurtel, con el caso Brugal", ha dicho. Macías se ha referido asimismo a dos funcionarios de la Consejería de Fomento que han percibido más de 50.000 euros por impartir los cursos, uno de ellos, un jefe de servicio, que había firmado la adjudicación a la propia Itevebasa. "Son hechos, cada uno que piense lo que quiera, pero hay cosas muy raras", ha dicho.
Además, ha considerado una "estafa a los parados" que han pagado entre 800 y 1.200 euros por estos cursos, que en su opinión deberían haber sido gratuitos, o en todo caso ser asumidos por la empresa concesionaria. "Se han aprovechado de las largas colas de parados para beneficiar a una empresa", ha remarcado.
SIN ARGUMENTOS JUSTIFICATIVOS
A su vez, el diputado de IU-Verdes, Víctor Casco, ha dicho que el consejero de Fomento se ha presentado "vacío" ante el Pleno, sin "ni un solo argumento serio y justificativo de un escándalo que no se puede negar".
Al respecto, ha lamentado que la Administración no quiera investigar esta cuestión que tiene su origen en el proceso de "privatización" de un servicio que, según ha dicho, "debería ser público". Asimismo, ha señalado que es "bochornoso" que parados tengan que pagar entre 800 y 1.200 euros para formarse para trabajar en una empresa que presta un servicio público en régimen de concesión administrativa.
En su opinión el "problema" está en que hay funcionarios que han cobrado más de 50.000 euros por impartir unos cursos, que ha calificado como "un pelotazo de 130.000 euros", para formar a los futuros trabajadores de una empresa concesionaria a la que "tenían que fiscalizar", lo que supone una "colisión entre intereses públicos y privados".
"ALGO HUELE A PODRIDO"
El portavoz de PREX CREX, Damián Beneyto, sostiene que lo "normal" hubiera sido que la empresa fuera quien asumiera la formación de sus trabajadores, y asimismo ha reclamado al consejero que ofrezca las "explicaciones" necesarias para aclarar el "lío" formado en torno a esta cuestión.
Según ha dicho, en la opinión pública, a raíz de las informaciones publicadas, se ha instalado la idea de que "algo huele a podrido" en torno a los cursos, cuya organización ha calificado como "un auténtico despropósito", al tiempo que ha señalado que "algo no se ha hecho bien, o algo no se ha explicado bien", por lo que ha pedido al consejero que investigue si el proceso se han realizado "en condiciones".
MEJORA DEL SERVICIO SIN PRIVATIZACIÓN
Finalmente, el diputado 'popular' David Herrero ha destacado la apuesta por el Gobierno regional en este ámbito, que ha conseguido duplicar la capacidad del servicio reduciendo las listas de espera de los ciudadanos, y todo ello, pese a las acusaciones de la oposición, sin que se haya privatizado "absolutamente nada".
Asimismo, ha defendido el proceso de adjudicación y, en respuesta al diputado socialista, ha señalado que Itevebasa anunció que se haría con el concurso antes de que finalizara el proceso de adjudicación tras conocer las ofertas de sus competidores, puesto que el criterio de adjudicación no era otro que el económico.
