MÉRIDA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Extremadura ha aprobado una propuesta de impulso, con los votos de los tres grupos de la oposición, PSOE, IU y Prex Crex, y rechazada por el PP, que insta al Gobierno extremeño a no retirar la tarjeta y la asistencia sanitaria a los extremeños que pasan más de 90 días fuera del país.
La iniciativa, presentada por el Grupo Socialista, hace referencia a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2014, que en su Disposición final décima primera, modifica la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
En concreto, la iniciativa reclama que en tanto no sean derogadas por el Gobierno de España las citadas modificaciones, el Gobierno extremeño no proceda a retirar la tarjeta y la asistencia sanitaria a los extremeños que "se ven obligados a pasar fuera de Extremadura más de 90 días buscando una oportunidad de trabajo", así como al reconocimiento de "universalidad del acceso a la atención sanitaria pública y gratuita".
La diputada socialista Consolación Serrano ha sido la encargada de defender esta propuesta de impulso, con la que su grupo pretende "parar el desmantelamiento al que la derecha está sometiendo el sistema sanitario".
"Es un escándalo" esta medida, ha señalado Serrano, que ha enmarcado en el "ataque brutal al sistema sanitario" que está, ha dicho, realizando el Gobierno central, y que en esta ocasión "expulsa a los ciudadanos extremeños del derecho de la protección a la salud".
5.000 JÓVENES EXTREMEÑOS EMIGRADOS
La diputada socialista ha cifrado en más de 5.000 los jóvenes, según los datos del INE, que han abandonado Extremadura, "víctimas" de la tasa de desempleo juvenil, que supera el 60 por ciento. Así, a las "dificultades" de la "aventura" (en referencia a la definición que realizara la ministra de Empleo, Fátima Báñez), se les suma "el riesgo de perder la sanidad pública en su país", ha señalado, "forzados por la situación económica y por las políticas" de Rajoy y Monago.
Su propuesta, por tanto, pretende "decirle a Monago que no retire la atención sanitaria a estos jóvenes", a quienes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, les entregó este "regalo" las pasadas navidades.
Por el contrario, la diputada del Grupo Popular María Paloma López González, ha replicado que el "mayor desmantelamiento" que ha sufrido el sistema sanitario del país ha sido la situación de "falta de sostenibilidad" del mismo en el que, según ha señalado, lo dejó el anterior Gobierno del PSOE.
Asimismo, ha asegurado que Serrano "miente a sabiendas" con respecto a esta Ley, y se ha referido a las "reiteradas ocasiones" en las que la modificación ha sido explicada tanto por el Ministerio de Sanidad como por el consejero extremeño de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón.
Al respecto, López González ha querido "dejar claro que todos los españoles y residentes tienen garantizada la asistencia sanitaria". "La ley no deja sin cobertura sanitaria", ha indicado, al tiempo que ha añadido que esta garantía se extiende "a todos los españoles" que viajan a Europa a través de la nueva tarjeta sanitaria europea.
ASISTENCIA GARANTIZADA, SEGÚN EL PP
Ha subrayado que las personas en paro "tienen asistencia garantizada" durante tres meses, y si permanecen más tiempo fuera, es la legislación del país de residencia quien le dará cobertura, además de que "cuando vuelven a España recuperan, en todos los casos", la cobertura.
En el caso de los que se desplacen fuera de Europa, la situación permanece igual que como se encontraba antes de los cambios introducidos en diciembre por el Gobierno de Rajoy, y que se rige mediante convenios bilaterales entre España y el país en cuestión.
Asimismo, la diputada popular ha justificado las modificaciones con el fin de "evitar el fraude" que cometían aquellos inmigrantes que, a su regreso a su país de origen, su atención sanitaria continuaba siendo sufragada por la sanidad española de forma "ilimitada". Por lo tanto, el Gobierno pretende "acabar con el mal uso o abuso de la tarjeta sanitaria". En este sentido, ha pedido a los diputados socialistas que retiren una propuesta que "va contra los intereses de Extremadura".
EXTREMEÑOS "A LA INTEMPERIE"
Por su parte, el diputado de IU-Verdes, Víctor Casco, ha justificado su apoyo a la propuesta socialista para evitar las "trabas" que el Gobierno pone a aquellos ciudadanos que "se ven forzados" a emigrar.
Ha añadido que "las personas emigran fundamentalmente por necesidad, por falta de trabajo, de medios, o por hambre", y que "fruto de la crisis y de la gestión de los últimos cinco años, los extremeños empiezan a emigrar, como lo hicieron" sus padres y abuelos "en los 60 y los 70".
Por tanto, considera que la restricción de la tarjeta y la asistencia sanitaria a los extremeños que emigran es "una auténtica barbaridad", porque pretende dejar "a la intemperie" a quienes emigran.
SITUACIÓN "DRAMÁTICA"
Por último, la diputada de Prex Crex, Fernanda Ávila, ha tenido palabras de recuerdo para "muchos amigos" que se han visto en la tesitura de abandonar el país con el objetivo de "mejorar la situación dramática" en la que se encuentran, y ha destacado que la mayoría de quienes toman esta decisión son jóvenes.
"El empleo juvenil es una de las asignaturas pendientes de esta región hace mucho tiempo", ha señalado al respecto, al tiempo que ha criticado que el Gobierno, "aprovechando la mayoría absoluta, hace y deshace aunque perjudique a los más débiles".
Así, ha argumentado el apoyo de su grupo a esta propuesta del PSOE con el fin de "dar marcha atrás" a esta medida, y evitar que los emigrantes extremeños que vuelvan sin empleo "no tengan protección sanitaria".
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta socialista, hace referencia a la medida aprobada por el Gobierno de Rajoy, que "establece que personas que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza puedan tener derecho a la asistencia sanitaria: el de residir en España".
Explica en este sentido, que ahora también se exige el requisito de residencia en España a los españoles que hubieran agotado la prestación o el subsidio por desempleo, u otras prestaciones de similar naturaleza, para ser beneficiarios del derecho a asistencia sanitaria.
Esta nueva exigencia, por tanto, "afecta a los españoles que han agotado las prestaciones del sistema de protección por desempleo, a quienes ahora se les exige la residencia en España para mantener su tarjeta sanitaria, en claro detrimento de su derecho de ciudadanía".
En base a las disposiciones normativas aprobadas en diciembre, "los españoles que hubieran agotado las prestaciones del sistema de protección por desempleo y salgan de España por tiempo superior a 90 días, incluso para buscar trabajo o formación, perderían su derecho a asistencia sanitaria en nuestro país".
