MÉRIDA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Colaboración con funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo de Badajoz, han detenido el pasado día 31 de mayo a siete personas por su presunta autoría de un delito contra los derechos de los trabajadores y trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
Esta operación se ha desarrollado en base a los controles que tanto en materia laboral como de extranjería se vienen desarrollando en diferentes negocios y explotaciones agrícolas de esta provincia.
Así, se han llevado a cabo dos controles simultáneos en sendas fincas agrícolas, una ubicada en la Carretera de Olivenza y la otra en las proximidades de la Urbanización Río Caya de Badajoz, al tener conocimiento los agentes actuantes de que en las mismas podrían estar trabajando ilegalmente ciudadanos de nacionalidad rumana.
Concretamente ha sido en el segundo de los controles citados donde se han percatado de que se encontraban trabajando varios menores de edad (entre 8 y 14 años de edad), así como adultos no habilitados para trabajar en España, además de carecer de las medidas de seguridad e higiene adecuadas para desempeñar su trabajo, informa el Ministerio del Interior en nota de prensa.
Estas personas carecían de contrato laboral y no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Igualmente manifestaron que se quedaban a pernoctar en la finca en el interior de sus vehículos o en tiendas de campañas improvisadas, ya que no les habían facilitado ningún tipo de alojamiento, añaden las mismas fuentes.
Realizadas las gestiones oportunas se ha procedido a la plena identificación del empleador que tenía asignada la explotación de esa finca, y que ha resultado ser un ciudadano español de 55 años de edad que ha sido detenido como supuesto autor de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y contra los derechos de los trabajadores.
Igualmente han sido detenidos los padres de los menores citados, que han resultado ser seis ciudadanos de nacionalidad rumana de entre 22 y 43 años de edad, por su presunta autoría de un delito de trata de seres humanos, con fines de explotación laboral, "al permitir que sus hijos trabajaran contraviniendo la legislación laboral española".
