UGT Extremadura critica el "desmantelamiento" del Sistema de Dependencia extremeño en los PGEx de 2013

Actualizado 30/10/2012 14:34:35 CET
Dependencia, Vejez, Abuelas
Foto: EUROPA PRESS

   MÉRIDA, 30 Oct. (EUROPA PRESS)

   El sindicato UGT ha criticado que la inversión para atención a la dependencia en el Proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2013 son "insuficientes" para "garantizar el mantenimiento del número de usuarios", lo que a su juicio supone el "desmantelamiento" del Sistema de Dependencia extremeño.

   En una nota de prensa, UGT sostiene que la "voluntad" del Gobierno de Extremadura, en atención a los PGEx, es "ir poco a poco desmantelando el Servicio Extremeño de Atención a la Dependencia (Sepad)".

   A su juicio, se lleva a la región a niveles, "tanto de atención como de servicios y prestaciones, anteriores a la entrada en vigor de la Ley en 2007".

"REDUCCIÓN" DE 5 MILLONES

   Según UGT, los presupuesto para el 2013 "reducen" en 5 millones de euros la partida destinada a dependencia, "que deben unirse a la reducción que se produjo ya en el año 2012".

   En total, añade, en los presupuestos de 2012 y 2013 el Sistema de Atención a la Dependencia "ha perdido más de 22 millones de euros en recortes, 17 millones menos en 2012 y 5 millones este año".

   "Si unimos esto a la falta de inversión en infraestructuras y servicios, nos muestra un panorama desolador para la atención a las personas dependientes en Extremadura", según UGT, que también se ha referido a la presencia de medidas legislativas y reglamentarias dirigidas a "reducir y recortar el derecho de atención a la dependencia".

   A este respecto, ha puesto como ejemplo "el retraso en la aplicación de grados y niveles", así como los "cambios en los criterios de valoración".

   Por todo ello, el sindicato asegura que se ha producido "un desarme paulatino de un sistema que en pleno proceso de nacimiento y desarrollo se ve golpeado directamente, y nuevamente, el recorte se ve realizado en lo público".

   Del mismo modo, ha criticado la "demolición de un derecho ciudadano y un sistema público que debería estar garantizado, al igual que otros pilares del estado del bienestar como la educación y la sanidad públicas", ha sentenciado.

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