El Consejo Nacional de Bosques se disolvió en 2007 y "la política forestal quedó subordinada", según lamentan representantes del sector
MADRID/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
El futuro Consejo Nacional Forestal está un paso más cerca de constituirse tras diez años de espera por parte de los sectores implicados, como empresas y propietarios, después de que el proyecto de Real Decreto que aprueba su creación haya pasado la fase de consulta pública, abierta desde el 17 de julio hasta el pasado 7 de agosto, y estará compuesto por 50 miembros, 47 de ellos vocales en representación de los diferentes agentes implicados.
Este nuevo ente será un órgano consultivo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) en materia de montes y política forestal. Su creación era un mandato de la Ley de Montes de 2015, mientras que, a principios de 2017, el Senado había instado al Gobierno a constituirlo "a la mayor brevedad", a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, de la mano de la senadora por Castellón, Salomé Pradas.
A este nuevo organismo, le precede el Consejo Nacional de Bosques, disuelto en el año 2007 para pasar a formar parte del órgano consultivo de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que asumió sus funciones; no obstante, en esta etapa "la política forestal quedó subordinada" y el ente estuvo "muerto", tal y como ha señalado en declaraciones a Europa Press el portavoz de la plataforma Juntos por el Bosque, Eduardo Rojas.
"Esperamos que no se vuelva a pasar la legislatura sin que se constituya porque hay temas importantes encima de la mesa", ha señalado Rojas, como los desafíos ante el cambio climático y la despoblación del mundo rural.
Rojas ha dicho que "debería convocarse para este otoño", al tiempo que ha destacado que la creación de este organismo por Real Decreto obedece al "atascado debate" que existe entre las comunidades autónomas y el Estado para desarrollar el Reglamento que establece la Ley de Montes de 2015. "Por eso pedimos su creación por la vía de urgencia, porque no se puede esperar más".
COMPOSICIÓN: HASTA 47 VOCALES
El nuevo órgano contará con la presidencia de la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, las vicepresidencias del secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, y de la directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, María Esperanza de Orellana.
Cinco de los vocales serán en representación de la Administración General del Estado con categoría, al menos, de director general, y corresponderán a los ministerios de Hacienda y Función Pública; de Economía, Industria y Competitividad; de Energía, Turismo y Agenda Digital; de Defensa y de Interior, según detalla el borrador.
Otros 19 vocales, en representación de cada comunidad autónoma, Ceuta y Melilla; 4 más de la administración local; 3 representantes de las organizaciones empresariales del sector; 3 más procederán de los propietarios forestales; y 3 de los colegios profesionales.
Las entidades de certificación contarán con 2 vocales, al igual que las ONG ecologistas y las universidades. El resto de organizaciones y entidades dispondrán de una persona que les represente: asociación de cazadores y pescadores; organizaciones sindicales del sector; asociaciones de consumidores; Sociedad Española de Ciencias Forestales; y organizaciones interprofesionales forestales.
FUNCIONES DEL NUEVO ÓRGANO CONSULTIVO
Como estable el documento, las funciones del Consejo Nacional Forestal consistirán en "dictaminar las normas y planes que se sometan a su consideración"; "impulsar" la realización de informes y estudios sobre el sector forestal y "hacer el seguimiento" de los planes y programas de ámbito estatal de los montes, en los que se valore la incidencia social, económica y ambiental de las políticas públicas.
Además, también deberá "proponer" a las administraciones públicas las medidas que se estimen "necesarias para mejorar la gestión sostenible del monte" y la "competitividad del sector"; elaborar un informe anual sobre el sector forestal español, que recoja la situación, evolución y perspectivas del mismo.
Asimismo, deberá asesorar técnica y científicamente en materia forestal a las delegaciones españolas en los organismos internacionales.
Por último, tendrá que "impulsar el diálogo, participación y colaboración" de todas las administraciones, instituciones y agentes sociales y económicos implicados en el sector forestal y en el uso sostenible de los montes españoles, "propiciando el intercambio de información", entre todos los integrantes del Consejo, de los temas que sean objeto de debate en el sector forestal.
Además, el borrador pendiente de aprobación también incorpora la creación de la Comisión Nacional Forestal, que estará compuesta por tres comités especializados: el comité forestal, que se encargará del estudio de las cuestiones de la política forestal; el comité de mejora y conservación de recursos genéticos; y el comité de lucha contra incendios forestales, que tratará la coordinación de los medios de auxilio, de comunicación y aéreos en las operaciones.
Las funciones de la comisión serán las de impulsar la cooperación entre las diferentes administraciones para la elaboración de normas, planes y programas, así como la actualización de inventarios y estadísticas del mapa forestal.
27 MILLONES DE HECTÁREAS DE BOSQUES Y TERRENO FORESTAL
Los bosques y terrenos forestales ocupan en España 27 millones de hectáreas, lo que suponen el 54 por ciento de la superficie del país, según datos de la plataforma Juntos Por el bosque, que lleva tiempo reivindicando la creación de este órgano consultivo.
Según la plataforma, existen alrededor de 2 millones de ciudadanos con propiedades forestales, mientras que asegura que los beneficios económicos de los bosques españoles representan el 1,7 por ciento del Productor Interior Bruto (PIB).
La plataforma Juntos por el bosque presentó el pasado invierno a los diferentes grupos parlamentarios cinco puntos de actuación "primordiales": constituir el Consejo Nacional Forestal; asegurar una "dotación idónea" para el sector forestal en los Presupuestos Generales de 2017; la puesta en marcha efectiva del Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal; una propuesta de medidas en IRPF, IBI, Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para la "dinamización de la gestión forestal sostenible".
La quinta y última propuesta era la de definir y consensuar con el sector y agentes interesados una agenda de trabajo de legislatura en asuntos forestales que incluya un programa de promoción de productos forestales y la recuperación del Plan de Restauración Hidrológico Forestal.
La plataforma Juntos por el bosque está formada por 29 entidades de la industria maderera, de los propietarios forestales y las empresas del sector, por los colegios profesionales, organizaciones de certificación y centros de investigación.
