En el debate del texto en la Cámara, la oposición critica falta de medios y que las sanciones por abandono ya existen y no se aplican
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PPdeG se ha quedado solo este martes en el pleno del Parlamento gallego en la defensa de una futura ley --con enmiendas a la totalidad de PSdeG, AGE y BNG, apoyadas por el Grupo Mixto, pero rechazadas por los populares-- con la que se busca sustituir la actual concentración parcelaria por el "nuevo" concepto de "reestructuración parcelaria", la cual aspira a simplificar la tramitación de estos procesos, así como reducir sus costes y plazos.
La conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, ha expuesto las líneas de esta futura Lei de Mellora da Estrutura Territorial Agraria de Galicia --que este martes ha comenzado su debate en la Cámara--, con la que se busca "meter una nueva marcha" a la concentración parcelaria, que ve un proceso "agotado" y "anquilosado", que "se alarga demasiado en el tiempo", es "muy costoso" y "no se basa en criterios de sostenibilidad". Por ello, apuesta por "un salto cualitativo" hacia una reestructuración para "favorecer" el desarrollo económico de las explotaciones.
Según lo expuesto por Quintana, esta ley facilitará al Gobierno autonómico analizar la situación de fincas y de perímetros que se encuentren en una situación de abandono en la Comunidad, mientras que propone de oficio a sus propietarios que pongan a producir el predio, que arrienden la tierra o que cedan su uso al Banco de Terras. De este modo, no dar ninguno de estos pasos supondrá una sanción.
Así, si los propietarios de las fincas en esta situación no acceden a ninguna de las tres vías que propone la Xunta --la explotación, el arrendamiento a terceros o la cesión del uso al Banco de Terras--, Quintana ha explicado que se contempla un régimen sancionador, ya plasmado en la ley de movilidad de tierras --que abarca multas de entre 300 y 3.000 euros--.
La ley cuenta con 98 artículos --distribuidos en 10 títulos-- que tienen como fin la mejora de la estructura territorial de las explotaciones agrarias de Galicia, en el que se establecen medidas para: agrupar y redimensionar predios, ordenar territorios agrarios, mitigar los perjuicios de la ejecución de grandes obras y mitigar los efectos del cambio climático. Todo ello, desde principios como la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
Entre sus novedades principales, está la inclusión de suelos de núcleo rural en el perímetro de acción de la reestructuración parcelaria sin afectar a una puesta en marcha de procesos de ordenación urbanística.
Asimismo, la conselleira se ha referido "a los beneficios fiscales" que este texto establece, y ha llamado la atención sobre las herencias, con una deducción "del 99%" en las transmisiones a una explotación con un agricultor al frente como para el Banco de Terras. Además, para las compraventas habrá deducciones del 99% para fincas rústicas sueltas, además de explotaciones.
Con todo ello, Quintana subraya que se tiene como fin no solo "reducir el minifundismo", sino "convertir el rural en un destino" con un texto que, junto con la ley de movilidad de tierras y la de montes, forma un cuerpo jurídico "coherente" para "ordenar adecuadamente" sin perjudicar los derechos de los propietarios.
"SE ESPERA ALGO MÁS" TRAS SEIS AÑOS
En su toma de la palabra, el diputado socialista Pablo García ha apuntado que en Galicia hay 1,6 millones de titulares que tienen una finca rústica --con 1,7 hectáreas de media por propietario, divididas en casi 8 parcelas--, pero esta ley "no va a servir para nada".
Tras lamentar que entre 1985 y 2005 se produjo "la pérdida" de 145.000 hectáreas de superficie agraria, mientras aumentó la plantación de eucaliptos y pinos, García ha llamado a "luchar contra el abandono" del rural, pero acusa a los populares en la Xunta de no hacer nada por evitarlo con "una nueva ley" de la que "se esperaba algo más" tras "seis años de espera".
En este sentido, no "se garantizan en absoluto" recursos presupuestarios para agilizar las concentraciones, con medidas coercitivas que "no son nada nuevo", pues las multas por no trabajar las tierras, alquilarlas o destinarlas al Banco de Tierras están en la ley "desde 2007". "No podemos ser cómplices de una nueva frustración", sentencia.
Precisamente, en el dictamen elaborado por el dictamen Consello Económico e Social (CES) sobre el anteproyecto de esta ley, se apuntaba a la Xunta la necesidad de poner a su disposición "como condición indispensable, medios económicos y humanos suficientes".
"ABSOLUTAMENTE INEFICAZ"
Así, la diputada del Bloque Tereixa Paz considera esta ley "absolutamente inútil" para frenar "el principal problema" del rural que identifica con "la pérdida de activos" y la crisis demográfica. Al respecto, señala que es uno de los proyectos de ley "más deseados" por la Cámara gallega, dado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "lleva desde 2009" hablando de su "inminente" presentación.
Por este motivo, muestra su "decepción" por esta ley, que "llega rematadamente tarde", a tan sólo dos meses de que acabe el sistema de cuotas lácteas sin que se haya ampliado la base territorial de las explotaciones agrarias para aumentar su competitividad.
Así, ha denunciado que se han vivido 60 años de uso de un instrumento como la concentración "absolutamente ineficaz", con "una media de 18 años" para ejecuciones, y sólo 300.000 hectáreas concentradas. Y ahora, la Xunta anuncia una reestructuración de la que "no se desprende" que se vaya a dotar ni medios humanos ni materiales. A esto se une, un régimen sancionador "prácticamente calcado" al de 2008 de la ley del Banco de Terras, que "no lo aplican".
Asimismo, critica que "solamente se dedicaron a poner a invernar" el Banco de Terras, y "desde su aprobación en 2010, ni una sola Sofor fueron capaces de constituir", ha espetado Paz.
"UNA CORTINA DE HUMO"
Por su parte, el diputado Antón Sánchez considera "una cortina de humo" del Gobierno gallego esta ley para solucionar el problema de superficie agraria, ya que no aumentan los recursos económicos y humanos para las concentraciones.
De este modo, cree que la Xunta busca el "efectismo" de aplicar una nueva ley, después de que se hayan conocido los "dramáticos" datos de las explotaciones agrarias "con pérdida continua" de superficie y envejecimiento de la población. "Cuando terminen ustedes de hacer las concentraciones parcelarias, ¡a ver de qué sirven esas concentraciones!", ha avisado sobre la pérdida demográfica.
Antón Sánchez ha comenzado su intervención haciendo mención al "besamanos por el Grupo Parlamentario" de Román Rodríguez como nuevo conselleiro de Educación, tras lo que ha cuestionado el régimen sancionador, ya que "todo lo que hay en la ley" ya existía antes, aunque no se ejecutaban esas multas, según critica.
Finalmente, por el Grupo Mixto ha hablado Consuelo Martínez, que critica "el pequeño respaldo económico" de la Xunta para agilizar las concentraciones, en el marco de "un abandono rural" y de envejecimiento.
DEFENSA DEL PPDEG
Por su parte, la diputada popular Isabel García Pacín ha defendido "la mejora de la capacidad productiva" que supone a su parecer esta ley, con "una mejora de la viabilidad" del agro, tanto técnica como económica.
De tal forma, cree que favorece la gestión en común, la reordenación y redimensionamiento de las explotaciones, mientras se disminuyen costes de ejecución al aprovechar "al máximo" los caminos existentes. Todo ello, en beneficio no solo para el medio rural, "sino para toda la ciudadanía". Tras rechazarse este martes las enmiendas a la totalidad de la oposición, el proyecto de ley continua con su tramitación.
