Rural.- El Supremo confirma la responsabilidad civil de Madrid por un tutelado que provocó un incendio en Cangas

Actualizado: jueves, 29 enero 2015 19:51

Indemnización a la Xunta de 66.600 euros y a la comunidad de montes de Darbo de 29.000 euros

MADRID/PONTEVEDRA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la responsabilidad civil subsidiaria de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA) en el pago de las indemnizaciones a las que fue condenado un adulto bajo su tutela por provocar un incendio forestal en Cangas (Pontevedra).

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se rechaza el recurso de casación presentado por la AMTA contra una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El TSJM declaró a Madrid responsable civil subsidiaria.

Las indemnizaciones reconocidas en la sentencia de instancia eran 66.600 euros a la Xunta de Galicia para sufragar los gastos de la extinción del fuego y de 29.000 euros a la comunidad de montes de Darbo, por los daños.

Los hechos se produjeron entre las 14,30 y las 15,10 horas del 27 de septiembre del 2007, cuando el condenado prendió tres focos de fuego en la zona conocida como Balcón do Rei, sita en Montecarrasco, en la parroquia de Darbo de la localidad de Cangas do Morrazo, provocando un incendio que afectó a 2,5 hectáreas de monte raso con tojo y helecho.

En el momento de cometer los hechos relatados el acusado padecía un trastorno esquizo-afectivo que le provocaba una importante alteración de la capacidad de juicio y una notable dificultad para poder valorar de manera adecuada su conducta.

El condenado había sido declarado plenamente incapaz para regir su persona y bienes y sometido a tutela de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos de la Comunidad de Madrid por sentencia firme.

La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos de la Comunidad de Madrid actuó como defensor judicial del presunto incapaz durante el procedimiento de incapacitación y había aceptado el cargo de tutor el 25 de septiembre de 2007.

La sentencia de instancia señalaba que "no consta actuación alguna de dicho ente público anterior a la comisión de los hechos, dirigida a localizar y ejercer control sobre la persona del tutelado para evitar el riesgo que su estado psíquico suponía respecto a sí mismo y a terceros".

El incendio forestal ocasionó a la Comunidade de Montes en Man Común unos daños y perjuicios por importe de 29.018,02 euros y a la Xunta de Galicia, gastos para proceder a su extinción por importe de 66.627,42 euros.