La Abogacía de Santiago cree que la "imposición" de tasas judiciales creará "una Justicia para ricos y otra para pobres"

Evaristo Nogueira,
COLEGIO DE ABOGADOS
Actualizado 05/04/2012 14:04:00 CET

Evaristo Nogueira afirma que las tasas no pueden presentarse "como un recurso necesario para pagar la justicia gratuita"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Santiago ha alertado de que la decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de revisar "al alza" e "imponer" tasas judiciales para sufragar los gastos de la justicia gratuita "limita" los derechos de los ciudadanos y pone en riesgo "la tutela judicial efectiva", provocando "una Justicia para ricos y otra para pobres".

"No es admisible incorporar en nuestro Estado de Derecho una balanza en la que se coloque por un lado el derecho fundamental a la Defensa y por el otro el pago de una tasa", alega Evaristo Nogueira, decano del Colegio de Abogados de Santiago y adjunto a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

A modo de argumento, ha señalado que el derecho a la defensa es "fundamental y constitucional", por lo que las tasas no pueden presentarse como un recurso necesario para pagar a los abogados que prestan el servicio del turno de oficio. "Esto es enfrentar a los ciudadanos con la Abogacía de forma injusta", ha advertido Nogueira.

En un comunicado, los abogados critican además que Ruiz-Gallardón no hubiese tenido en cuenta la opinión del sector antes de cualquier reforma, "tal y como les había prometido en una reunión a todos los decanos de España".

Para la Abogacía, "se introduce un criterio peligroso sobre el coste social de la justicia gratuita, el último recurso para hacer valer los derechos fundamentales de quienes no tienen, en muchos casos, ni trabajo, ni medios económicos, ni esperanza".

INVERSIÓN EN "PAZ SOCIAL"

"El gasto en justicia gratuita es una inversión en paz social y su regulación puede ser mejorada, nos hemos ofrecido al diálogo reiteradamente, pero no debería ser presentado como excesivo. Apenas representa un 6,5 por ciento del gasto en Justicia y debería ser financiado desde los Presupuestos, como está legalmente establecido, y no desde tasas especiales", ha defendido.

En torno a un 30 por ciento de las sentencias de primera instancia son revocadas en apelación. Por ello, los abogados alertan de que ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales en defensa de sus legítimos derechos, tal y como reconoce la Constitución".

"El derecho a la segunda instancia está recogido en todos los tratados internacionales y, con la implantación de las tasas, muchos ciudadanos no podrán acudir a segunda instancia por motivos económicos", ha zanjado Nogueira.

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