Solicitan "diligencias de investigación criminal" contra miembros del consejo de 2014 a 2017, auditores, CNMV y contra terceros involucrados
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)
Accionistas gallegos del Popular de la zona de Ferrol y A Coruña han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional contra los miembros del consejo de administración del banco Popular y otros.
En concreto, según la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, solicitan que la Fiscalía incoe "las oportunas diligencias de investigación criminal" contra los miembros del consejo de administración del Popular desde 2014 a 2017, contra los auditores PWC, Erns & Young y Deloitte (aunque Deloitte ha explicado que nunca fue auditor de esta entidad) contra la CNMV y contra "aquellos terceros involucrados o que resulten responsables de los hechos", tras la compra de la entidad por 1 euro simbólico por parte de Santander.
Pide dar traslado de las actuaciones, de hecho, al Santander "como entidad compradora y por tener interés directo con posible afectación del resultado de estas actuaciones".
Sin "ánimo exhaustivo", estos accionistas reclaman el expediente "íntegro" incoado por el FROB en el procedimiento de resolución del Popular, "con especial incidencia del informe del experto independiente que valoró negativamente la entidad bancaria en una horquilla de 2.000 y 8.000 millones de euros".
También las actas del consejo de administración del banco desde 2014 a la actualidad, de la junta de accionistas del mismo periodo, la comunicación al Banco Central Europeo informando del estado de insolvencia, expedientes de supervisión trimestrales y anuales de la CNMV, otros informes realizados por esta entidad respecto a las inversiones bajistas sobre el banco desde 2016 hasta el 7 de junio de 2017, informe de tesorería "con especial incidencia de las retiradas de dinero efectuadas por los clientes del banco entre junio de 2016 y junio de 2017" e informes de auditoría anuales y complementarios también de 2014 a la actualidad.
RELATO DE LOS HECHOS
En la denuncia contra consejeros, estos accionistas, bonistas y optantes del Banco Popular relatan lo ocurrido en los últimos tiempos con la entidad.
Así, por ejemplo, se refieren a la ampliación de capital por 2.500 millones de euros de 2016 a la que "lanzaron" los miembros ejecutivos del consejo de administración "al mercado en general" y "a sus clientes fidelizados en particular".
"Actuando con pleno y consciente conocimiento de la situación", advierte, tras apuntar al "desequilibrio financiero provocado por la existencia en el balance de activos con riesgo extremo, insuficientemente provisionados, derivados en algún caso por la presencia de créditos dudosos".
Dicho "engaño", critican, fue "antecedente, por cuanto ha precedido a la suscripción de la ampliación de capital y ha determinado el consecutivo perjuicio patrimonial, causante, como generador de la pérdida de la totalidad de su inversión con la amortización y reducción a cero de la totalidad del capital de la entidad".
Así, denuncian un "engaño contenido en la falsa, limitada y en todo caso manifiesta y conscientemente deficiente información ofrecida", y aseguran que este fue el que "produjo un error esencial en el sujeto pasivo, pequeño inversor, desconocedor de la que constituía la realidad".
Para los demandantes, "resulta evidente el ánimo de lucro" de los ejecutivos de la entidad bancaria, y ven una "estrategia orquestada que culminó en el desenlace por todos conocido".
EUROPA PRESS
Solicitan "diligencias de investigación criminal" contra miembros del consejo de 2014 a 2017, auditores, CNMV y contra terceros involucrados
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
Accionistas gallegos del Popular de la zona de Ferrol y A Coruña han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional contra los miembros del consejo de administración del banco Popular y otros.
En concreto, según la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, solicitan que la Fiscalía incoe "las oportunas diligencias de investigación criminal" contra los miembros del consejo de administración del Popular desde 2014 a 2017, contra las auditoras PWC, Erns & Young y Deloitte (aunque Deloitte ha explicado que nunca auditó a la entidad), contra la CNMV y contra "aquellos terceros involucrados o que resulten responsables de los hechos", tras la compra de la entidad por 1 euro simbólico por parte de Santander.
Pide dar traslado de las actuaciones, de hecho, al Santander "como entidad compradora y por tener interés directo con posible afectación del resultado de estas actuaciones".
Sin "ánimo exhaustivo", estos accionistas reclaman el expediente "íntegro" incoado por el FROB en el procedimiento de resolución del Popular, "con especial incidencia del informe del experto independiente que valoró negativamente la entidad bancaria en una horquilla de 2.000 y 8.000 millones de euros".
También las actas del consejo de administración del banco desde 2014 a la actualidad, de la junta de accionistas del mismo periodo, la comunicación al Banco Central Europeo informando del estado de insolvencia, expedientes de supervisión trimestrales y anuales de la CNMV, otros informes realizados por esta entidad respecto a las inversiones bajistas sobre el banco desde 2016 hasta el 7 de junio de 2017, informe de tesorería "con especial incidencia de las retiradas de dinero efectuadas por los clientes del banco entre junio de 2016 y junio de 2017" e informes de auditoría anuales y complementarios también de 2014 a la actualidad.
RELATO DE LOS HECHOS
En la denuncia contra consejeros, estos accionistas, bonistas y optantes del Banco Popular relatan lo ocurrido en los últimos tiempos con la entidad.
Así, por ejemplo, se refieren a la ampliación de capital por 2.500 millones de euros de 2016 a la que "lanzaron" los miembros ejecutivos del consejo de administración "al mercado en general" y "a sus clientes fidelizados en particular".
"Actuando con pleno y consciente conocimiento de la situación", advierte, tras apuntar al "desequilibrio financiero provocado por la existencia en el balance de activos con riesgo extremo, insuficientemente provisionados, derivados en algún caso por la presencia de créditos dudosos".
Dicho "engaño", critican, fue "antecedente, por cuanto ha precedido a la suscripción de la ampliación de capital y ha determinado el consecutivo perjuicio patrimonial, causante, como generador de la pérdida de la totalidad de su inversión con la amortización y reducción a cero de la totalidad del capital de la entidad".
Así, denuncian un "engaño contenido en la falsa, limitada y en todo caso manifiesta y conscientemente deficiente información ofrecida", y aseguran que este fue el que "produjo un error esencial en el sujeto pasivo, pequeño inversor, desconocedor de la que constituía la realidad".
Para los demandantes, "resulta evidente el ánimo de lucro" de los ejecutivos de la entidad bancaria, y ven una "estrategia orquestada que culminó en el desenlace por todos conocido".
