AI pide a Xunta y municipios que creen protocolos sobre el uso de la fuerza policial e investiguen casos de tortura

Actualizado 14/11/2007 15:25:48 CET

La organización investiga el caso de supuesta agresión y trato racista de una mujer boliviana en Vigo

VIGO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Amnistía Internacional (AI) en Galicia, Alberto Estévez, pidió hoy en Vigo que la Xunta y los ayuntamientos de la comunidad creen protocolos sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes policiales y que se investigue de forma "independiente, inmediata e imparcial" los posibles casos de tortura o malos tratos.

En una rueda de prensa, Estévez presentó las conclusiones del estudio nacional realizado 'España: sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y malos tratos', que según destacó, "no son fenómenos aislados" en el país, y se dan con similar intensidad en todo el territorio, por parte de "las policías nacional, local y autonómica y la Guardia Civil".

A este respecto, destacó que, estos casos hacen que la reputación de las fuerzas de seguridad "se vea empañada" con este tipo de sucesos, mientras que las autoridades "hacen la vista gorda", dando lugar a una situación de "impunidad efectiva que fomenta los malos tratos". Según añadió, en estas circunstancias, los agentes "quedan por encima de la ley".

Según explicó, el informe presentado hoy destaca 5 factores que contribuyen a crear esta impunidad efectiva de los agentes en los casos de los malos tratos, como son los obstáculos para interponer denuncias, la falta de investigaciones en algunos casos, la existencia de informes médicos incompletos, episodios de intimidación por parte de los policías a los denunciantes, la falta de medidas para imponer las sanciones o incluso cusas judiciales que acaban en absolución por no haberse identificado los agentes responsables.

MEDIDAS.

Ante esta situación, destacó, entre otras medidas "absolutamente necesarias" que debe tomar el Gobierno central, pero también los autonómicos y locales, que creen y pongan en práctica "de forma inmediata" protocolos de actuación sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes, puesto que muchos de ellos "son desconocidos por la propia policía".

En este sentido, afirmó que los contenidos en materia de Derechos Humanos del material de estudio en la academia gallega de A Estrada (Pontevedra) "son mínimos" por lo que abogó por reforzar la formación policial en estos aspectos. Según incidió, el uso de la fuerza "debe utilizarse como último recurso y de manera proporcional".

El portavoz de AI también solicitó una reforma del sistema de investigación de los casos de malos tratos que "se adecuen a las normas internacionales" y garantice la independencia, imparcialidad y que no haya demoras en su realización. También abogó porque se incluyan mecanismos de grabación en audio y vídeo en todas las zonas de custodia de las distintas comisarías.

PREVENCIÓN Y CASTIGO.

Por su parte, la experta en tortura Yolanda Román destacó que las distintas administraciones tendrán que realizar, además de las labores de investigación, otras de "prevención" como "acabar con las ambigüedades y mandar un mensaje claro e inequívoco" en el que se condenen este tipo de actuaciones, al tiempo que propuso la realización de auditorías externas para ver cómo actúan las fuerzas de seguridad.

En cuanto a los castigos para los casos de torturas y malos tratos, solicitó "condenas acordes con la gravedad del delito" y que las propias fuerzas de seguridad incoen procedimientos y sanciones disciplinarias con carácter ejemplar. Según añadió, sus peticiones "responden a obligaciones que ya existen en España y que ya tendrían que cumplirse hace tiempo".

BOLIVIANA Y MAMADOU KANE.

Por otra parte, los responsables de AI explicaron que su departamento de investigación está "siguiendo el proceso" referente a la denuncia interpuesta por una mujer boliviana y vecina de Vigo, Lisveth Castro, por la supuesta agresión y trato racista por parte de un agente de la Policía Local el pasado octubre.

Asimismo, recordaron el caso de Mamadou Kane, por el que cuatro policías locales de Vigo fueron condenados por la retención ilegal de este hombre en 1997 y que fueron absueltos en noviembre de 2005 y actualmente se han reincorporado a sus puestos. A este respecto, el abogado del perjudicado explicó que "nadie ha pedido perdón" a Kane, ni desde el ayuntamiento ni los propios agentes.

Por su parte, el miembro del observatorio para el cumplimiento de los Derechos Humanos, Esculca, Guillermo Presas, explicó que actualmente permanecen abiertos tres procedimientos sobre este caso.

El primero de ellos pide la anulación de los indultos de los agentes, al considerar que al haber cumplido parte de la condena, en lo que se refiere a las inhabilitaciones en sus cargos, y porque, a la hora de concederlo, tampoco se pidió la opinión de la víctima.

Finalmente, afirmó que se formalizó un recurso contra el Ayuntamiento de Vigo por la incorporación de los agentes a la Policía Local, al considerar que éste "no fue adecuado" y producirse cuando está pendiente la impugnación del indulto. También se denunció al Ejecutivo local ante la Agencia de Protección de Datos ante la supuesta cesión de información del padrón municipal sobre Mamadou Kane.

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