El PSOE basa sus sospechas de prevaricación en la "coincidencia" entre las fechas de "la supuesta compra" de pisos y los cambios urbanísticos
OURENSE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Barbadás (Ourense), José Manuel Freire Couto, ha negado este lunes haber realizado favores urbanísticos a empresas de Ramón López Casal, gerente de Mahía Grupo Inmobiliario, mediante la modificación de los planes en su ayuntamiento, y ha asegurado que la compra de varios pisos en Matosinhos a la sociedad portuguesa López y Noya (de la que López Casal es accionista) la realizó mediante pago "en efectivo".
Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el alcalde ha negado en su declaración en el juzgado el delito de "prevaricación" del que le acusan los socialistas, que han ampliado la denuncia con nuevos datos que se refieren al plan especial de reforma interior del área de reparto número 1 de A Valenzá.
Los socialistas denuncian un "entramado empresarial" de Freire y la posibilidad de que éste "vulnerase la legalidad" para "beneficiar directamente" Mahía a cambio de "contraprestaciones", en alusión a ocho pisos "supuestamente comprados" por el regidor en Matosinhos cuyo valor catastral sitúan en torno "a los 800.000 euros".
En su declaración judicial, Freire Couto ha asegurado que compró pisos en 2004, aunque dice no recuerda cuanto abonó por los mismos. Ha añadido que los pisos se pagaron "en efectivo", pero que no recuerda si para concretar el pago recurrió a una transferencia y tampoco si tenía el dinero que precisó para pagar estas propiedades en alguna entidad.
El regidor ha explicado que en el año 2004 compró otro piso en Sanxenxo por el que pagó sobre 180.000 euros y ha subrayado que tenía parte del dinero y que para sufragar el resto solicitó un préstamo personal. Ha agregado que en 2006 Alba María --otra sociedad con la que opera en Portugal-- compró otros dos pisos en Matosinhos y que la dinámica de la compra fue la misma que en el caso anterior.
Sobre las fechas de las compras, ha defendido que, aunque coincidan con las actuaciones de desarrollo urbanístico de 2004 y 2006 --extremo que ha asegurado desconocer--, "no tiene nada que ver". De hecho, ha defendido que lo que le movió a impulsar dichas modificaciones fue "un beneficio general", pero que no trató de beneficiar a nadie.
"SOSPECHA DE PREVARICACIÓN CONTINUADA"
Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el portavoz del PSOE en Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, ha explicado que inicialmente la denuncia se presentó sobre el área de reparto 10 ya que tanto Freire como el teniente de alcalde, Manuel García González, tenían "unos terrenos allí y aún así los recalificaron votando ellos".
Al respecto, tanto el regidor como el teniente de alcalde han incidido en que el cambio fue autorizado por la secretaria municipal. De hecho, García González ha reconocido en su declaración que tiene 3 parcelas en el área de reparto 10 y que consultaron con la secretaria si podían votar y que ésta les dijo que "sí". Ha subrayado, asimismo, que no obtuvo "ningún beneficio privado" por este voto positivo.
Los socialistas han sumado ahora "una sospecha de prevaricación y cohecho continuado" en el área de reparto número 1. "En 2002 se aprobó una modificación puntual y en un plazo muy breve previo a esa modificación puntual el alcalde adquirió supuestamente dos pisos en Matosinhos, donde está ubicada la oficina de él, la de Mahía y la del alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), que está implicado en un asuntos similar a éste", ha relatado Valcárcel a Europa Press.
"En días inmediatamente posteriores se hace esa modificación del área de reparto que beneficia a Mahía y a su filial Habitarama, que son las que supuestamente le venden esos pisos", ha continuado para añadir que, cuando dos años después se hace la aprobación final de las áreas de reparto, el alcalde "adquiere, entre comillas, otros seis pisos en el mismo edificio".
Así las cosas, Válcarcel ha rechazado "coincidencias" y, mientras el alcalde sostiene que "no tiene nada que ver", ha incidido en que se produce "la suposición de un delito de prevaricación y cohecho continuado". En concreto, los socialistas sospechan que la modificación del área de reparto se hizo "a cambio de esos pisos" que adquirió la sociedad Alba María, que "nunca previamente había tenido actividad".
