Personal laboral vuelve a reprobar la "artimaña" de la Xunta con la funcionarización y sindicatos piden que la "recuperación" llegue también a los funcionarios
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Unas 200 personas se han dado cita este lunes ante el Parlamento para protestar por la ausencia de negociación del Gobierno gallego con los empleados públicos en lo que atañe a sus condiciones laborales.
Lo han hecho el mismo día en que se han aprobado definitivamente los presupuestos de la Xunta para 2017 y la ley de acompañamiento, a través de la cual se modifica la normativa relativa a la función pública entre otra veintena de normas.
El grupo más numeroso de los congregados ante el Pazo do Hórreo ha sido el del personal laboral de Política Social, crítico con el proceso de funcionarización previsto en la mencionada ley de acompañamiento.
"DESGRACIADO" CAMBIO
"No sabemos cómo se hará", ha señalado a Europa Press Mónica Fernández, trabajadora de un centro de la Xunta en Oleiros (A Coruña), toda vez que el Gobierno gallego "no ha dicho ni negociado nada" y los empleados temen que el cambio implique "perder base de cotización, pluses, trienios...".
Este "desgraciado", según sus palabras, cambio normativo afecta a más de 3.000 trabajadores temporales de la consellería que dirige José Manuel Rey. De hecho, ha insistido en que, en su opinión, detrás del artículo relativo al proceso hay "un ERE encubierto para privatizar " las residencias.
"Queremos seguir trabajando", ha advertido, antes de recordar el lema de la concentración: "funcionarización, así no". "No sin negociación", ha apostillado, entre cánticos de 'Feijóo escucha, estamos en lucha'.
Tras una pancarta 'en defensa de los puestos de trabajo', Mónica Fernández ha recordado que "la culpa" de que este personal siga siendo temporal es del Gobierno autonómico, pues hace "casi 11 años" que no se convoca un concurso-oposición.
Además, ha señalado que pierden "el amparo" del quinto convenio colectivo y ha expresado su sospecha de que la Xunta se quiera "saltar por la cara" la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que reconoce que el personal temporal que lleve más de tres años en una plaza vacante tiene derecho a ser indefinido.
De igual modo, Demelsa Piñeiro, empleada de un centro de Santiago, ha pedido que "se congele la aplicación" del citado artículo y que se lleve a cabo una negociación con el personal afectado.
RECUPERACIÓN DE DERECHOS
En paralelo, una representación de la CIG liderada por la coordinadora de Área Pública, Carme López Santamariña, se ha agrupado tras una pancarta 'en defensa dos salarios'.
"Dicen que estamos en un momento de recuperación económica, pero sobre la mesa sólo hay medidas lesivas para los trabajadores de la administración", ha censurado, crítica con que no se plantee recuperar "los derechos salarios perdidos" y otros que fueron "recortados" por la Xunta de Alberto Núñez Feijóo.
Desde el convencimiento de que modificar cuestiones que afectan a los funcionarios a través de la ley de acompañamiento y sin negociación previa supone "un desprecio" a sindicatos y funcionarios, ha reprobado este tipo de comportamiento en declaraciones a Europa Press.
Así, junto con las citadas reclamaciones, ha demandado superar a tasa de reposición y diseñar un plan de recuperación del empleo público. Según sus cálculos, se han perdido "más de 5.000 puestos de trabajo" y otros tantos son temporales. Por ello ha considerado "raquítica" la oferta de empleo público (OPE) anunciada.
RECURSO DE CC.OO. Y UGT
Precisamente por la ausencia de negociación por parte de la Xunta en el ámbito de la función pública, UGT y CC.OO. han presentado un recurso para pedir que se atiendan sus demandas. "Queremos negociar la recuperación de los derechos robados", ha enfatizado Irene Martínez, de UGT, tanto para referirse a las condiciones salariales como al "empleo perdido".
De hecho, a su juicio, la ley de acompañamiento es "una auténtica contrarreforma" que "vulnera" los procesos de consolidación de empleo pactados en la mesa sectorial.
También convencida de que la OPE no cubre todo el empleo perdido, ha requerido asimismo conocer a cuántas personas afecta el mencionado fallo del TJUE sobre el empleo público de carácter temporal.
Finalmente, Ramiro Otero (CC.OO.) ha abundado en que no hubo "consulta ni negociación" relativa a las condiciones laborales de los trabajadores públicos.
"Feijóo debería parar estos presupuestos", ha argumentado, puesto que "no están poniendo sobre la mesa la recuperación que necesitan los trabajadores públicos". Entre sus planteamientos está superar la actual tasa de reposición, la recuperación salarial de los funcionarios y la aplicación total de "todos los derechos" recogidos en el V convenio.
Por último, ha expresado sus "dudas" sobre la oferta pública de empleo anunciada. "A ver cómo termina", ha apostillado a modo de conclusión.
