Recurso de las empresas contra el plan de transporte de la Xunta

Estación de autobuses de Santiago, en la primera jornada de huelga
CIG
Actualizado 19/07/2017 12:03:22 CET

Buscan la anulación del pliego de condiciones del concurso, de los 41 proyectos de explotación y de las invitaciones remitidas a las empresas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las federaciones empresariales Anetra, Fegabús y Transgacar han interpuesto un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra la primera fase del plan de transporte de la Xunta y su procedimiento administrativo.

En concreto, estas patronales buscan la anulación del pliego de condiciones del concurso, de los 41 proyectos de explotación, de las invitaciones remitidas a las empresas para que presentaran ofertas y de las resoluciones de la Dirección Xeral de Mobilidade que dieron cobertura este mismo mes al que consideran "controvertido" plan y al procedimiento de adjudicación directa.

También pretenden que se suspenda el expediente de contratación hasta que el tribunal resuelva sobre el fondo del asunto, según explican a través de un comunicado.

"La inamovible posición mantenida por la Xunta de Galicia en relación a su plan de transporte público, un proyecto que transcurrido el periodo de alegaciones se confirma que condena al sector a una compleja situación de incertidumbre e inestabilidad, dejó finalmente una única puerta a las empresas y a tres de las federaciones que las representan: los tribunales", destacan.

Además, Anetra, Fegabús y Transgacar apuntan además que les constan que "distintas compañías de autobuses" también siguieron por su cuenta un camino "similar".

La base principal de su impugnación, según indican, es "precisamente el camino elegido por la Administración en este procedimiento", es decir, la adjudicación "directa" de los contratos en vez de utilizar un procedimiento abierto.

Esa vía tiene un carácter extraordinario y la Xunta, según estas federaciones, "prácticamente no justifica su uso, salvo con una puntual referencia en los pliegos al manido argumento de que en agosto supuestamente pueden quedar sin servicio decenas de líneas de autobús".

Las patronales insisten en que la conselleira "puede ampliar un año más el plazo que ella misma fijó para este agosto como fecha de caducidad del deber que impuso a las empresas para seguir atendiendo las rutas mientras tramitaba y redactaba su plan".

Pero, a mayores, en su escrito de impugnación le recuerdan que "ese camino excepcional de la adjudicación directa solo puedo seguirse si la Administración no es precisamente la responsable de esa urgencia", y resaltan que "fue ella quien lanzó en 2009 un plan de modernización finalmente anulado por el Tribunal Supremo y quien pudo iniciar ya hace más de un año un procedimiento de contratación abierto que diera completas garantías a la libre competencia".

Otro argumento contra el proceso elegido por la Xunta es, subrayan, el límite económico, "pues no podría recurrirse a ese procedimiento directo en contratos de más de 100.000 euros".

Pero la "consideración más llamativa" de las que presentan las federaciones, según ellas mismas llaman la atención, "va ligada al transporte escolar", dado que esa "supuesta urgencia" que aduce la Consellería de Infraestruturas "sería completamente incongruente con la decisión adoptada en relación a los muchos contratos que estaban garantizados hasta el año 2020 y que la Xunta, unilateralmente, optó por resolver para diluir el servicio escolar en el transporte de uso regular".

CONTRATOS DEFICITARIOS

El recurso incide también en" muchas" de las cuestiones ya reiteradas por los representantes empresariales en las pasadas semanas, como la que ven "evidente insuficiencia económica" de los contratos, que advierten que "complicará o casi imposibilitará el cumplimiento de los deberes que se están negociando con los sindicatos", o la "inexistente concreción de los trabajadores que supuestamente deberían beneficiarse de la subrogación laboral".

El objetivo de la interposición de este recurso, según exponen, "es el mismo por el que las tres federaciones abogan desde que comenzó el conflicto": "que la Administración gane tiempo para replantear su plan de transporte público y evite el periodo de inestabilidad en el que se situará el sector tras la adjudicación de los nuevos contratos".

De hecho, la revisión de los proyectos finales, realizada estos últimos días de cara a la presentación de las correspondientes ofertas, "confirmó los temores de las empresas", valoran, "condenadas a elegir entre quedar sin carga de trabajo u optar a unas concesiones ruinosas".

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