Aplazada la elección de representantes para defender en Madrid la petición unánime de transferencia de la AP-9

Publicado 10/07/2018 15:25:20CET

Los grupos votan a favor de remitir por tercera vez esta petición al Congreso, aunque sin referencia al rescate

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos con representación en el Parlamento gallego han votado este lunes a favor del dictamen para la remisión al Congreso, por tercera vez, de una proposición de ley para reclamar la transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9, al tiempo que se ha acordado aplazar la decisión sobre los representantes políticos que acudirán a Madrid a defender esta petición unánime, uno de los puntos que generaba polémica.

A pesar de que en Comisión tanto En Marea como el BNG se abstuvieron en la votación del dictamen -por reclamar, además de la transferencia, el "rescate" de la infraestructura--, este lunes todos los grupos han votado a favor y han vuelto a escenificar, por tercera vez, la unanimidad existente en la cámara gallega para reclamar este traspaso de competencias.

Esta es la tercera vez que esta propuesta gallega es remitida de forma unánime al Congreso, algo que también ocurrió en 2016 y 2017, aunque en ambas ocasiones el Ejecutivo vetó el debate alegando que la decisión podría suponer un aumento de créditos presupuestarios. El Tribunal Constitucional, sin embargo, falló en abril de este año contra este argumento, apuntando que el Gobierno no puede vetar leyes por razones presupuestarias.

No obstante, el texto que finalmente se ha acordado presenta diferencias al de anteriores ocasiones, ya que evita fijar el plazo para el traspaso y especifica que el cambio de titularidad no supondrá incremento de gasto o reducción de ingreso para las arcas del Estado, lo que podría bloquear la opción de rescate. Así, y aunque han votado a favor, el PSOE reclama que se regrese al texto de 2017, mientras que BNG y En Marea se aferran al de 2016.

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES

Uno de los elementos que ha generado más discordia en los últimos días ha sido la elección de los representantes que acudirán al Congreso a defender esta iniciativa. Según la normativa, serán tres los elegidos, lo que podría dejar "excluido" de esta tarea al BNG, el grupo que propuso la iniciativa.

Durante su intervención en el debate de este lunes, el diputado nacionalista Luís Bará ha reclamado a los otros grupos un aplazamiento de esta decisión para poder articular una fórmula que no deje a los nacionalistas fuera, ya que "no hay urgencia de que se haga en este momento", dado que "los plazos de tramitación de la ley son muy dilatados".

En este sentido, Bará ha considerado que "por lógica y por justicia", lo normal sería que el "impulsor de esta ley" no quedase "apartado de su defensa" en el Congreso, por lo que ha reclamado tiempo a los grupos para tratar la cuestión.

"Creemos que hay fórmulas para que esto se pueda hacer con tiempo, sin que haya interferencias en los plazos", ha dicho Bará, que ha instado a explorar "distintas vías" para que esta decisión sea "más real y más justa".

Durante el debate, en el que el PSOE ha rechazado esta posibilidad y En Marea ha mostrado su apoyo al BNG, PP, que ha criticado que pretenda ir a Madrid a defender una ley alguien que "no la vota" y ha acusado al BNG de "expresarse en términos partidistas" con esta petición.

El diputado popular Martín Fernández Prado, el encargado de intervenir en las filas populares, ha recordado a los nacionalistas gallegos que "los ciudadanos no pusieron ningún representante del BNG en Madrid" y "no consideran" a este partido "su mejor representante en cuanto a representatividad" en el Parlamento.

Del mismo modo, ha argumentado que "lo que piden no es posible" -que se aumente un representante--, ya que "no solo va contra el reglamento, si no contra la Constitución" y ha precisado que, una vez aprobada, una ley "no es del grupo que la propone, ni de quien la aprueba, ni siquiera de la Cámara, es de todos los ciudadanos de Galicia".

Tomando esto como base, Fernández Prado ha considerado que es el PP, con "los votos y la representatividad que le dieron los gallegos", el más respaldado para mandar representantes al Congreso. "Podría asignar incluso más que uno. Bastante generosidad es dejar que nombren uno de los que le corresponderían los grupos de la oposición", ha sentenciado.

No obstante, y tras la decisión del BNG de apoyar el dictamen de la Comisión, los portavoces de los grupos de En Marea y PPdeG han tomado la palabra para aceptar la petición del BNG de posponer por el momento la decisión de elegir a los representantes, un punto que finalmente no se ha votado.

UN COMPLOT PARA GALICIA

Durante su intervención en el debate, en el que se ha mostrado partidario del rescate de la infraestructura y del texto de 2016, el BNG ha considerado la gestión de la AP-9 el "ejemplo perfecto de un complot contra Galicia", basado en una "alianza entre políticos" y "empresas depredadoras de los recursos" de la Comunidad.

En su intervención, Luís Bará ha acusado a los populares de ser "traidores a Galicia", por, entre otras cuestiones, votar "en el mismo día" a favor de la Ley en el Parlamento gallego y en contra en el Congreso de los Diputados. "En la historia de la A-P9, el PP escogió el papel de Judas, de traidor", ha sentenciado.

Aún sumándose a la unanimidad, el BNG ha considerado que la norma de debería remitirse al Congreso debe ser "la ley original" votada y aprobada en 2016 en Galicia, que incluía la posibilidad de "rescatar la concesión y terminar con los abusivos peajes". "Ya habrá tiempo de pasar la rebarbadora con las leyes, defendemos la ley original porque tenemos que aspirar al máximo", ha explicado Bará.

EL PSOE SE DECANTA POR LA DE 2017

El diputado del PSdeG Raúl Fernández, sin embargo, se ha aferrado al texto de la ley remitida en 2017, que fue apoyada de forma "unánime", está "blindada desde el punto de vista jurídico" y no tiene "resquicios" técnicos ni económicos.

"Apostamos por la transferencia de la AP-9 y por la gestión de las competencias porque es posible", ha destacado el diputado socialista, que, no obstante, ha argumentado que se trata de una "tarea difícil" que requiere la "unanimidad" de los grupos y que no debería "complicarse con otros elementos" como la posibilidad de un rescate de la concesión.

"ACABAR CON EL EXPOLIO"

"Volvemos a votar una vez más esta ley porque el PP vota una cosa aquí y otra en el Congreso", ha criticado, en su turno de intervención, el diputado de En Marea Antón Sánchez, para quien el Gobierno de Mariano Rajoy "bloqueó antidemocráticamente la tramitación de esta proposición de ley" de forma "rastrera".

En su turno, Sánchez ha cargado también contra el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de ser "un hombre que trabaja para el Partido Popular" en lugar de para los gallegos, dado que "no dijo ni mu cuando el PP bloqueó esta ley".

Las enmiendas que han mantenido tanto En Marea como BNG, y que han sido rechazadas, buscan "recuperar la posibilidad de revertir esa infraestructura a lo público, a la gestión directa, para acabar con el expolio", ha dicho Antón Sánchez.